El reciente nombramiento del economista Tomás Soley como superintendente de valores representa una oportunidad para dinamizar un sector que en las últimas décadas ha venido a menos en cuanto a la profundidad del mercado bursátil y la cantidad de emisores que participan en él. En entrevistas realizadas por El Financiero, el superintendente Soley mencionó sus dos prioridades, encaminadas a que los participantes del mercado salgan de la zona de confort en la que se encuentran.
Su primera prioridad consiste en la creación de un mercado de mostrador u OTC (por sus siglas en inglés; “Over the Counter”). Ello permitiría realizar transacciones bursátiles sin necesidad de acudir a un puesto de bolsa y sin tener que contratar a un corredor bursátil. Esto es especialmente positivo en términos de costos para el emisor y el inversionista si se aplicara a los bonos de deuda del gobierno, cuyas transacciones tienen que realizarse a través de la bolsa de valores de acuerdo con la ley. El cambio también podría darle una mayor profundización al mercado, al permitirle a pequeños ahorrantes e inversionistas participar en el mercado de valores, quienes hoy se ven excluidos por los altos costos de transacción.
La segunda prioridad va encaminada hacia la desmutualización de la Bolsa Nacional de Valores, para que los puestos de bolsa no sean los accionistas exclusivos dueños de esta plataforma de transacciones. Esta última propuesta permitiría eliminar los conflictos de interés que pudieran manifestarse al ser los puestos de bolsa juez (propietarios) y parte (clientes) en el negocio bursátil.
Aunque estas dos propuestas se perciben como positivas, no resultan novedosas, pues han estado dando vueltas por más de 10 años y son parte del documento “Ruta Estratégica para el Desarrollo del Mercado de Valores de Costa Rica”, aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo del Mercado de Valores en octubre de 2012. El Banco Mundial también había mencionado en ese año que estos dos aspectos son parte de las razones que impiden el desarrollo del mercado costarricense.
Más allá de reformas legales. El superintendente Soley indicó a El Financiero que espera para el año 2023 concluir con un diagnóstico que le permita determinar cuáles son los cambios legales necesarios para avanzar en estas prioridades. Además, con el diagnóstico podría identificar las brechas que existen entre la normativa costarricense y lo indicado por las principales instituciones internacionales en cuanto a principios de supervisión se refiere.
A pesar de lo anterior, no es recomendable delegar todos los cambios requeridos en el mercado de valores a la aprobación de reformas legales. Es decir, depender exclusivamente de la Asamblea Legislativa para avanzar en la modernización del mercado. En este sentido, se debe plantear una hoja de ruta que no dependa del trabajo legislativo.
¿Qué podemos esperar si no hay una modernización de la ley del mercado de valores? En materia regulatoria existe un trabajo importante que se ha pospuesto que involucra a todos actores del mercado: puestos de bolsa, la Bolsa Nacional de Valores y la Superintendencia de Valores. Por ejemplo, problemas reputacionales como el ocurrido recientemente con el fondo inmobiliario de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica, trasciende lo que se puede lograr mediante una reforma de ley y recae más en el ámbito del comportamiento de los emisores del mercado, y lo que exige la regulación en materia de la protección de los derechos de los participantes minoritarios en dichos fondos.
Estas brechas de gobernanza se pueden ir cerrando mediante reformas reglamentarias, ya que pueden provocar un daño sistémico de confianza que retarde el crecimiento y la profundidad del mercado de valores, dando al traste con cualquier esfuerzo que se haga para modernizar la ley o cumplir con los principios internacionales en la materia.
Otro ejemplo en el que se puede ir avanzando de forma decidida, sin necesidad de reformas legales, es en la automatización de la plataforma transaccional para disminuir los costos de acceso al mercado de valores. Ello permitiría aumentar la cantidad de participantes en el mercado, especialmente de pequeños ahorrantes; y favorecería una mejor formación de precios y le daría más transparencia a la información disponible para emisores y ahorrantes.
Por último, sin necesidad de cambios legales, se debería avanzar también en la eliminación de trámites que disminuyan el costo de acceso para nuevos emisores, pues para la mayoría de las empresas le es menos costoso fondearse mediante un préstamo bancario que emitir acciones públicamente. Así se fomentaría el desarrollo del mercado accionario que es tan necesario para la diversificación del riesgo de las carteras de inversión.
