Por: José Roberto Padilla Rivera.  Hace 5 días
Gravar la educación superior privada, en lugar de declararla de interés nacional, convierte el Estado y los legisladores en detractores de la formación y movilidad nacional.
Gravar la educación superior privada, en lugar de declararla de interés nacional, convierte el Estado y los legisladores en detractores de la formación y movilidad nacional.

El Estado Costarricense ha sido siempre, desde la fundación de la Segunda República, promotor y garante de la educación, como instrumento facilitador de la generación de riqueza y la movilidad social.

Tan es así que algunos de los más preclaros pensadores y reformistas del último siglo consagraron en la Carta Magna la inversión de un 8% del Producto Interno Bruto en educación. Llevamos nuestro ejército a las aulas.

Cada año, el Estado facilita la educación primaria y secundaria gratuita, y obligatoria por mandato constitucional. También dedica casi el 1,5 % de esta porción del PIB a la educación superior universitaria. Producto de este esfuerzo, el 98 % de nuestra población sabe leer y escribir. La inmensa mayoría de ciudadanos costarricenses tiene un nivel de alfabetización muy superior a la media latinoamericana y contamos con una mano de obra altamente calificada. Costa Rica es el único país de la región que tiene un satélite orbitando el planeta con fines de investigación, y además somos referentes en el mundo en materia de educativa.

Gracias a esta visión tan acertada, de invertir una importante cantidad de recursos en cultura, educación y capacitación de la fuerza laboral, en los últimos años la economía ha migrado del modelo agroexportador hacia la venta de servicios, propiciando la indexación del país al sector externo, los mercados internacionales y las transnacionales. Este conjunto de factores favorece la demanda de profesionales altamente calificados que, pese a todo el esfuerzo e inversión, la Educación Superior Pública es incapaz de satisfacer por sí sola.

Debido a ello el modelo académico de educación superior privada acompaña los esfuerzos estatales en la profesionalización de la fuerza laboral nacional. De otra manera, la carencia de formación académica se hubiese tornado en un lastre para nosotros, quienes requerimos contribuir con sustento de nuestros hogares y que además tenemos el deseo de educarnos.

Esta oportunidad nos permite satisfacer las necesidades básicas, poder contribuir con la economía y más importante aún, mejorar nuestro Índice de Desarrollo Humano a través de la educación.

En virtud de esto, el impuesto a la educación no sólo es contrario al mandato constitucional y la tradición costarricense de favorecer la educación por encima de todo, sino que genera —como todos los tributos— un desincentivo a las clases sociales con menor capacidad adquisitiva. Gravar la educación superior privada en lugar de declararla de interés Nacional, convierte el Estado y los legisladores en detractores de la educación nacional.

No se trata de las universidades privadas, se trata de que hoy la oferta pública de educación no responde a la realidad económica de la mayoría de los usuarios del servicio educativo y la demanda del mercado laboral, en las dimensiones y en los plazos que este requiere.

Hablemos con cifras: el 70% de los docentes provienen de universidades privadas. La educación superior privada duplica en cantidad de títulos (28.000) a las universidades estatales (14.000).

Una limitación

Como persona joven, con deseos de superación y altas aspiraciones profesionales, como alguien que tiene el objetivo de convertirse en una persona culta y educada, pero que además tiene el honor de contribuir con los gastos dela familia, me es imposible acceder a la educación superior mediante la oferta pública ya que ésta es menos amigable en horario y jornadas que la oferta privada.

Datos del Consejo Nacional de Rectores revelan que las universidades públicas contribuyen al mercado laboral con al menos 11.000 profesionales por año, de los cuales el 58 % estudian solo para obtener un título pues se encuentran en los estratos de mayor ingreso familiar de la sociedad costarricense. El 42 % restante, menos privilegiado, también tiene que contribuir con los gastos del hogar y estudiar.

Entonces, poner impuestos sobre la educación privada va en detrimento de la clase trabajadora.

En lugar de gravar la educación y desfavorecer a una enorme población joven y trabajadora, invito a las autoridades a realizar esfuerzos y legislar en función de la autonomía del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), con el propósito de mejorar la eficiencia y la competitividad de la oferta privada y que ésta no se vea restringida por la incapacidad de la administración en la fiscalización de los entes privados. Exhorto al Gobierno a mejorar los mecanismos de recaudación, disminuir el gasto público y hacer más eficiente el uso de los recursos antes de gravar uno de los más preciados pilares de la movilidad social.

Insto a los diputados a convertir parte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) o los recursos no ejecutados por parte de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), en bonos de educación canjeables por los estudiantes, quienes de acuerdo con sus necesidades e intereses, puedan matricular en la universidad que a su gusto contribuya mejor en su formación académica. Para que de esta manera los estudiantes seamos capaces de elegir donde cursar nuestros estudios superiores.

Gravar con el impuesto al valor agregado a la educación superior sólo viene a minar el camino de quienes buscamos crecer profesionalmente, desincentiva el estudio a la principal veta de estudiantes universitarios como lo revela el Estado de la Educación en Costa Rica. Como si fuera poco, resta capacidad adquisitiva a las clases con menores ingresos y que acuden a la educación privada como la respuesta a su necesidad de educación.

El IVA se constituye en un deterioro del bienestar de los costarricenses que hoy estudian en universidades privadas, implica también una limitante para la competitividad del país y restringe el crecimiento económico del mismo, distorsiona el precio y lesiona el derecho fundamental a la educación, consagrado en nuestra Constitución Política.