Por: Adriana Sánchez Castro.   15 abril

Desde febrero del 2019 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha liderado la discusión sobre una serie de propuestas que intentan enfrentar los retos derivados de la digitalización de la economía y los restantes temas de la iniciativa BEPS (erosión de la base imponible y traslado de beneficios) que no fueron abordados plenamente en la primera fase del proyecto.

A pesar de que se pusieron a consulta tres propuestas bajo el pilar uno y dos más bajo el segundo pilar, solamente una pareciera estar recibiendo el apoyo necesario para avanzar, se trata de la propuesta denominada GloBE cuyo objetivo principal es establecer un impuesto mínimo global a las corporaciones.

La idea, a grandes rasgos, es la aplicación de una norma que incluye el ingreso o renta neta obtenida por subsidiarias extranjeras en la base imponible del país de origen de sus respectivas casa matrices, es decir en el país de residencia, si el ingreso no fue sujeto a una imposición razonable en el país en que se ubica la subsidiaria, o lo que se conoce como el país de la fuente.

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¿Quiénes deben apoyar esta propuesta para que sea una realidad? Aún cuando se trata de una propuesta originada en el marco inclusivo del BEPS, la verdad es que con el respaldo de Estados Unidos, Europa y Japón la propuesta es viable. Eso es así porque allí es donde se localizan las casas matrices de la mayoría de grandes empresas multinacionales que son en última instancia el foco de atención de esta reforma tributaria “global”.

La Administración Trump no había aceptado las propuesta OCDE más que como “zonas seguras” —safe harbors, en inglés— lo cual, para efectos prácticos significaba que las empresas multinacionales que así lo quisieran podían acogerse a las reglas propuestas por la OCDE, si se aprobaban, pero de manera voluntaria y no obligatoria.

Sin embargo, la secretaria del Tesoro Janet Yellen, ha dado un giro en este sentido y apoya fervientemente el logro de una acuerdo en torno a un impuesto mínimo global cuya fecha ha sido impuesta por la OCDE para mediados de este año.

El cambio se debe al magno proyecto de inversión en infraestructura que plantea la administración Biden para reactivar la economía estadounidense y generar millones de empleos. La lucha en el ámbito fiscal es acabar de una vez por todas con los paraísos fiscales y hacer que los países compitan por atraer inversión extranjera directa a través de otras estrategias y no con tasas de impuestos a la baja.

Sin embargo, ¿Acaso no son las zonas francas también un paraíso fiscal? En realidad las “free trade zones” o “tax holidays” son vistas en Estados Unidos como paraísos fiscales también.

Un oficial de la OCDE consultado durante un evento académico del programa en impuestos de la Universidad de la Florida sobre el impacto que el avance del pilar dos puede tener en las zonas francas en países en vías de desarrollo indicó que aún no está claro si las zonas francas se incluirán o no en la propuesta.

Si las zonas francas se incluyen en la propuesta, es decir, si los ingresos de las multinacionales que gozan de beneficios tributarios en nuestro país se consideran como ingresos que no fueron debidamente sujetos al impuesto de renta en Costa Rica, deberán integrarse en la declaración de renta de su casa matriz —Estados Unidos en su mayoría— y tributar entonces en su jurisdicción de residencia.

En términos simples, si Costa Rica no cobra impuestos a las grandes multinacionales , según se defina en la OCDE, porque esa es su estrategia para generar empleos lo que hace es ceder a otras jurisdicciones su derecho a cobrar el impuesto y, en última instancia, siendo que las empresas deben pagar sin importar donde se localice su producción sea aquí o allá, la nula o baja tasa impositiva no será un incentivo para sus decisiones de inversión.

Es momento de que Costa Rica reflexione y desarrolle nuevas estrategias para atraer inversión extranjera pues, de lo contrario, el sector que ha dinamizado la economía después de un desastroso año 2020 podría ver sus días contados.

Si las zonas francas entran en la propuesta OCDE debemos redefinir el régimen de zonas francas para cobrar al menos la tasa mínima definida por el acuerdo global al que se llegue pues no hacerlo solamente significa ceder esos recursos a otros países.

¿No creen que sería esa una buena oportunidad para además disminuir la tasa a las empresas del régimen definitivo y dinamizar la economía apoyando a las empresas nacionales y no apostar únicamente a la inversión extranjera como motor de nuestro crecimiento y desarrollo?