EscucharDrogas, sicariato, femicidios y violencia creciente amenazan la convivencia y exigen soluciones, más allá del punitivismo creyente en que el encarcelamiento basta.
La cuestión es compleja, se debe fortalecer el Estado Social con políticas que redistribuyan el ingreso, reduzcan la pobreza y disminuyan la desigualdad.
La coordinación entre política penal y el abordaje de las causas de la delincuencia debe generar políticas de Estado más allá de los berrinches presidenciales por la no aprobación de proyectos de ley mal formulados.
La coordinación entre los Poderes del Estado es fundamental, no a la rabieta que impide el diálogo. La separación de Poderes implica también colaboración para superar problemas comunes. La delincuencia no se enfrenta únicamente desde el código penal.
Precisan políticas multidimensionales que combatan la impunidad, fortalezcan las familias y las comunidades y creen nuevas oportunidades en educación y empleo, generando cohesión social.
Es necesario ir más allá de documentos necesarios para fijar objetivos, pues su ejecución implica involucramiento de actores políticos y sociales. En una democracia la regla no es la imposición sino inclusión y participación.
La seguridad pública no se limita a la guerra contra las drogas, concepto que conduce a la militarización de la policía. La lucha contra las drogas no puede ser únicamente contra la oferta, tenemos que pedir a nuestros socios internacionales un esfuerzo más intenso por controlar la demanda en sus países.
Es preciso distinguir entre seguridad nacional y seguridad pública. La primera tiene que ver con amenazas a la existencia del Estado. La segunda tiene que ver con la protección de los ciudadanos frente a amenazas internas. La oscuridad conceptual lleva a errores prácticos.
El presidente Chaves debe aceptar que es minoritario en el Congreso, debe ceder y negociar sus proyectos de seguridad sin enojarse. En materia de legislación la última palabra la tiene el parlamento, aunque el ejecutivo conserva toda la responsabilidad en materia de prevención de la delincuencia.
La búsqueda de entendimientos, no la repartición de culpas y enojos, debe ser el instrumento de navegación para superar la parálisis política.
El presidente Chaves debe aceptar que es minoritario en el congreso, debe ceder y negociar sus proyectos de seguridad, sin enojarse. En materia de legislación la última palabra la tiene el parlamento, aunque el ejecutivo conserva toda la responsabilidad en materia de prevención de la delincuencia.
La búsqueda de entendimientos, no la repartición de culpas y enojos deben ser los instrumentos de navegación para superar la parálisis política.
Constantino Urcuyo Fournier es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.
