La oferta universitaria pública y el futuro de Costa Rica

Equidad es también adaptar la oferta académica para propiciar la efectiva inserción laboral y el progreso socioeconómico de la población con menos oportunidades, que representa poco más de la mitad del estudiantado de la universidades públicas. Además, se espera que los graduados contribuyan al bienestar colectivo, al crecimiento económico y a la competitividad del país; es decir, que agreguen valor social y económico. Es entonces inevitable que la oferta académica superior esté sometida continuamente al vaivén de los dictados del mercado laboral, a su vez determinados por el modelo de desarrollo del país y por las tendencias mundiales; todo ello en un contexto de alta competencia por cupos escasos y recursos públicos limitados.

Actualmente, por ejemplo, es conocida la demanda insatisfecha de personas graduadas en carreras científicas, tecnológicas e ingenierías (STEM). Según la OCDE, la insuficiencia de ese tipo de profesionales pone en peligro el motor económico más fuerte del país, que es la inversión extranjera.

De acuerdo con un reportaje publicado por El Financiero la semana pasada, en el TEC y la UNA han aumentado los cupos para carreras de esas áreas, pero en la sede central de la UCR se han duplicado los cupos en ciencias sociales con difícil inserción laboral. Otra discusión de larga data es la asignación de recursos entre las distintas universidades públicas; el TEC tiene una oferta mucho más robusta, diversa y especializada de carreras STEM, pero recibe solo cerca del 12% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), lo cual limita su capacidad de admisión. De hecho, según otro reportaje de EF, Ingeniería en Biotecnología y en Mecatrónica, Ingeniería Física, Ingeniería en Computación y en Diseño Industrial son las cinco carreras del TEC con los cortes más altos. En la UCR, tres de las cuatro carreras con cortes más altos son del área de medicina y salud.

El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública presentado por MIDEPLAN para el próximo cuatrienio aspira a incrementar la cantidad de graduados en carreras de mayor demanda laboral. Se trata de una propuesta aspiracional, pues no es una decisión que compete al Poder Ejecutivo. Pero aún si hubiera voluntad y capacidad de las universidades públicas de ampliar la oferta formativa en carreras STEM —sabiendo que el proceso de adaptación y cambio de currículos y de adquisición y preparación de recursos es lento—, hay que considerar también el lado de la demanda. Es ahí donde el Poder Ejecutivo a través del MEP sí puede y debe tener incidencia.

Debemos preguntarnos por qué hay una altísima demanda estudiantil de cupos para carreras de ciencias sociales con pocas oportunidades de empleabilidad, en vez de solo culpar a la UCR por doblar los cupos para Ciencias Políticas y Psicología. La educación terciaria pública no tiene capacidad para enmendar todas las falencias de los ciclos de educación pre terciaria. La educación pública en su conjunto, a lo largo de todos sus ciclos, debe responder a una visión de Estado construida a través del diálogo nacional abierto y plural, y a un modelo de desarrollo que permita el mayor bienestar y acceso a oportunidades para la mayor cantidad de personas. Debe haber congruencia intencional transversal a todo el sistema educativo desde preescolar hasta la etapa superior. Solamente una política de fortalecimiento integral de la educación pública —desde preescolar hasta el ciclo diversificado— que eleve la calidad de la enseñanza en general y en particular (ciencias, matemática, física y química) y que exponga tempranamente a los estudiantes a la tecnología propiciará el aumento de la demanda estudiantil por carreras STEM. No puede caminar el MEP para un lado y el CONARE para otro. El diálogo y la colaboración entre jerarcas del ministerio y de las universidades deben ser permanentes.

Una deseable congruencia transversal a todos los ciclos educativos no implica, en absoluto, anulación de la autodeterminación del estudiante con el fin de que responda a determinada ideología o visión de gobierno, ni limitaciones a la libertad de enseñanza y a la independencia universitaria. Se trata del balance entre la autonomía de las universidades públicas y su función social. La conocida frase de don Pepe “¿Para qué tractores sin violines?” podría aggiornarse preguntándonos: ¿para qué chatbots sin conciencia? El humanismo y la ciencia, la reflexión y la acción son necesarios para la convivencia social.