EscucharCosta Rica está frente a una oportunidad histórica: convertirse en referente regional en la regulación laboral, ética y moderna de la inteligencia artificial (IA) aplicada al mundo del trabajo.
Nuestra estabilidad democrática, tradición en la protección de los derechos humanos y vocación por la innovación nos colocan en una posición privilegiada para construir un modelo que combine desarrollo tecnológico y bienestar social.
Si logramos una normativa clara, ágil y equilibrada, podremos demostrar que es posible adoptar IA para mejorar la calidad del empleo, aumentar la productividad y atraer inversión digital sin renunciar a los principios que nos definen como sociedad. Podemos ser pioneros en regular con inteligencia jurídica, innovar con responsabilidad y proyectar un liderazgo regional que coloque a la persona trabajadora en el centro.
Pero para avanzar con visión de futuro, debemos reconocer el punto de partida: hoy existe un vacío legal que limita el uso responsable de la IA en el ámbito laboral.
La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad cotidiana que permea todos los sectores. En el mundo del trabajo, su ingreso ya no es opcional: está transformando procesos, decisiones y relaciones laborales a una velocidad que supera con creces nuestra capacidad para regularla.
Y aquí surge la gran pregunta: ¿estamos preparados jurídica y éticamente para asumir este cambio?
Hoy la IA selecciona currículums en segundos, predice renuncias, sugiere planes de formación y evalúa desempeños con precisión milimétrica. Lo que antes era tarea exclusiva del criterio humano, ahora se apoya en algoritmos que aprenden de patrones históricos para “optimizar” la gestión de talento.
Según la última encuesta global de McKinsey (2025), el 78% de las organizaciones utiliza IA en al menos una función de negocios, frente al 55% registrado apenas un año antes. La adopción es imparable.
Sin embargo, mientras la tecnología avanza con paso firme, nuestra legislación laboral continúa atrapada en un rezago normativo. Y esto nos obliga a cuestionarnos: ¿quién vigila a los algoritmos que toman decisiones sobre personas trabajadoras?
La IA no es, en sí misma, un riesgo. Lo peligroso es su implementación sin criterios técnicos, éticos y legales. Un algoritmo mal diseñado puede reproducir y amplificar sesgos históricos, afectando principios esenciales como la igualdad de oportunidades o la no discriminación.
Así lo advirtió Cathy O’Neil, autora del libro Weapons of Math Destruction (2017), donde expone cómo los algoritmos opacos, entrenados con datos sesgados, pueden perpetuar o amplificar injusticias en lugar de corregirlas. Esto cobra especial relevancia en procesos laborales sensibles: selección de personal, promociones, despidos, asignación de tareas.
Imaginemos a Ana, una trabajadora con años de experiencia en su puesto, que un día descubre que no fue considerada para un ascenso porque un sistema automatizado determinó que “no tenía el perfil ideal”. Nadie puede explicarle por qué, ni qué datos alimentaron esa decisión.
¿Cómo enfrenta Ana la lógica fría de una máquina que decide su futuro laboral sin posibilidad de explicaciones claras? La transparencia algorítmica y la supervisión humana dejan de ser un ideal para convertirse en una exigencia urgente, “el humano siempre debe estar en la mira”.
Costa Rica de cara a la oportunidad y el desafío
La legislación laboral costarricense aún no ofrece una respuesta clara y suficiente frente a estos nuevos desafíos.
No existen normas específicas que obliguen a las empresas a garantizar la explicación de sus algoritmos, ni protocolos detallados para proteger los datos personales de los trabajadores que alimentan estas plataformas. Tampoco se ha regulado de manera integral el consentimiento informado para el uso de IA en los procesos internos.
Esto genera un terreno de incertidumbre, donde pilares fundamentales, como la dignidad humana, la intimidad y la igualdad ante la ley, podrían verse comprometidos si no se abordan a tiempo.
Desde 2023 se han presentado cuatro proyectos de ley sobre IA (expedientes 23.771, 23.919, 24.484 y 24.875), lo que refleja un interés creciente en actualizar el marco regulatorio. Sin embargo, estas iniciativas han recibido críticas por la necesidad de mayor rigor técnico, una mejor alineación con estándares internacionales y un enfoque menos burocrático. Paradójicamente, uno de ellos incluso fue redactado con ayuda de ChatGPT.
El dilema es claro: estamos en un proceso de aprendizaje colectivo. Aún comprendemos de forma parcial el alcance de la IA, y las primeras propuestas regulatorias buscan equilibrar la protección de las personas trabajadoras con la promoción de la innovación empresarial. Se trata, en definitiva, de una oportunidad para perfeccionar y modernizar el debate legal, no de frenar la evolución tecnológica.
Costa Rica necesita avanzar hacia una legislación inteligente para la inteligencia artificial. Un marco legal moderno debería contemplar principios de transparencia, equidad y responsabilidad algorítmica; el derecho a la explicabilidad de las decisiones automatizadas; mecanismos claros de reclamación y revisión humana de las decisiones tomadas por algoritmos; protección reforzada de los datos personales laborales y prohibición expresa de la discriminación algorítmica.
Además, esta regulación debería diferenciar entre las capacidades y recursos de las grandes empresas y las pymes, estableciendo incentivos para la adopción responsable de la tecnología sin sobrecargar a quienes tienen menos capacidad técnica.
En nuestro país podemos construir un modelo que combine innovación tecnológica con protección efectiva de los derechos laborales, convirtiéndonos en un referente para América Latina.
Si logramos una regulación clara, ágil y moderna, no solo atraeremos inversión y talento digital, sino que también demostraremos que es posible usar la IA para mejorar la calidad del empleo, aumentar la productividad y reducir desigualdades.
Se trata de construir una visión país que entienda que el desarrollo tecnológico no debe deshumanizar, sino potenciar nuestras capacidades como sociedad. Al final, la tecnología debe estar siempre al servicio de la persona, nunca a la inversa.
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El autor es abogado laboralista y socio director de BDS Asesores.
