El nuevo coronavirus ha venido a deteriorar el nivel de vida de miles de millones de personas en el mundo, y, por supuesto, no sólo hay que pensar en los contagiados, que ya se cuentan en millones o en los cientos de miles de muertos, sino también en los millones de familias que están viendo reducido su ingreso, ya sea por la disminución de sus actividades económicas, o por el desempleo y la imposibilidad de conseguir una nueva oportunidad laboral. 

Y es que el panorama económico no es muy alentador, el Banco Mundial volvió a estimar los impactos económicos de la pandemia; y los resultados, especialmente para nuestra región no son optimistas, pues la caída del Producto Interno Bruto (PIB) se espera que sea de -7,2% en América Latina, con una disminución del 8,1% en el PIB per cápita.

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América Latina será la región más afectada por el impacto económico de la pandemia. Si se compara con las últimas recesiones, en la gran recesión del 2009, el PIB de la región cayó en -1,8%, y en la crisis de los años 80, en 1982 se tuvo una caída de -0,5%, mientras que, en 1983, la economía se contrajo -2,52%. En palabras de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), estamos ante la peor crisis económica de la historia moderna de América Latina, una caída que no se veía desde el periodo de 1914 a 1930.

Este deterioro de la actividad económica incide directamente en las condiciones de empleo de las personas, disminuyendo la jornada laboral, afectando las condiciones laborales, incentivando el empleo informal, o incrementando el desempleo. Respecto a este último, la CEPAL espera que la tasa de desempleo de la región suba a 11,5%, con 37,7 millones de personas sin trabajo; un aumento de 11,6 millones respecto al año anterior.

Aunque por supuesto, el impacto es diferente entre actividades económicas, pues algunas han sido más afectadas por la pandemia que otras, por ejemplo, el turismo prácticamente está detenido a nivel mundial, no así la producción de alimentos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha clasificado las actividades económicas de acuerdo con los niveles de afectación que tienen por la pandemia. En ese sentido, la OIT estima que las actividades de alojamiento, preparación de alimentos, manufactura, comercio al por mayor y menor y bienes raíces, están teniendo altas afectaciones en su producción, aumentando considerablemente el desempleo, pues son sectores intensivos en mano de obra, que emplean a millones de personas con bajos salarios, y en general con bajo nivel de calificación, particularmente en servicios de alojamiento, alimentación y comercio al por menor.

Las actividades económicas con alta afectación representan el 37,4% del empleo mundial; pero en América Latina esa participación sube al 42,4%. Y si se consideran los empleados en actividades de riesgo medio-alto el porcentaje es de 16,5%; es decir, más de la mitad de la fuerza laboral de la región está en actividades con afectaciones severas producto de la pandemia. Entre países hay diferencias también, pues en El Salvador la proporción de ocupados en sectores de alta afectación es del 46,6%, en Honduras es del 36,9%, en Guatemala del 34,4%, en Costa Rica el 32,7% y en Panamá el 31%.

En números abosolutos, para el total de estos 5 países de la región, estamos hablando de 6.514.567 personas con riesgo de disminuir o perder su ingreso.

Proyectos y estrategias

Y así como el COVID-19 está poniendo a prueba los sistemas de salud de los países, la crisis económica producto de la pandemia pondrá a prueba la capacidad de las economías para generar empleos. En ese sentido, si analizamos el desempeño de los países de América Central durante el siglo XXI, los resultados son muy contrastantes, pues mientras que Guatemala ha mantenido tasas bajas de desempleo cercanas al 3%, Costa Rica ha visto un deterioro constante en este indicador, pasando de tener un promedio de 6,06% en el periodo del 2000-2004, a una tasa de 9,44% en los últimos 5 años. Y su última cifra de desempleo, recientemente públicada, muestra una tasa de 15,7% la más alta de los últimos 30 años.

Para que nuestros países puedan disminuir los costos económicos y sociales de la crisis pandémica, tendrán que implementarse proyectos y estrategias que construyan un entramado institucional más sólido, transparente y eficiente. Aprovechar la repentina digitalización a la que nos obligó la pandemia y reducir tiempos de apertura de negocios, trámites de servicios públicos, crear ventanillas únicas para facilitar la construcción e interacción entre los ciudadanos y los gobiernos locales.

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Se tienen que impulsar intervenciones con base en alianzas público-privadas, pues es claro que son las empresas las que crean la prosperidad y los empleos, pero que es el gobierno el que facilita el ambiente de negocios.

Además, hay que implementar una rehabilitación que fomente la competitividad de los países en el corto y mediano plazo, que permita llevar prosperidad a las zonas rurales, y que genere empleo para las mujeres y los jóvenes, disminuyendo las brechas digitales y aumentando el acceso a los mercados financieros.

Es decir, se necesita llevar a la acción una agenda de competitividad y progreso social para una recuperación rápida e incluyente. De no implementar este tipo de cambios y estrategias, los modestos avances que la región ha logrado durante los últimos años corren el riesgo no sólo de detenerse, sino de revertirse.

Ya el Banco Mundial ha advertido sobre un aumento en la pobreza a nivel global producto de la pandemia, afectando la tendencia mundial de reducción de pobreza extrema.

Y hoy, en medio de la “nueva normalidad”, aún tratando de aprender a convivir con el virus,  tenemos que empezar a aplanar la curva del desempleo y retomar el  camino al crecimiento económico, esta vez enfocados en la construcción de una economía y sociedad más resiliente.

Pero sólo los países y sociedades más disciplinadas que logren atender de forma integral las necesidades de salud, y las necesidades sociales y económicas, desde un nivel macro pero también desde el comportamiento de cada una de las personas, podrán minimizar los impactos de la crisis actual.

* El autor del artículo es investigador de CLACDS/INCAE y Director de Proyectos del Índice de Progreso Social.