Sé que con este artículo voy a incomodar a algunos colegas, incluidos amigos a quienes aprecio. No puedo pensar en una mejor forma de iniciar mi colaboración con El Financiero. Mis comentarios sobre política pública y economía nunca son acerca de las personas tanto como de lo que hacen, dicen o proponen. Cuando una propuesta es mala, lo es independientemente de quién la haya planteado.
La semana pasada el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) emitió un Reglamento de Gestión de Activos que les permite a las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) incrementar el porcentaje de sus carteras invertido en títulos del gobierno del 50% del total, al 80%.
Como bien lo explicara el presidente de Conassif, don Luis Carlos Delgado, en entrevista concedida a La Nación (https://bit.ly/2yphaz6), “el establecimiento de límites prudenciales para la gestión de las inversiones de los fondos tiene como fin promover una adecuada diversificación de los portafolios”.
Lo inexplicable entonces es que el Conassif haya revertido la tendencia que traía de disminuir paulatinamente los límites a las inversiones de las OPC en el gobierno, cuyo objetivo era, precisamente, promover la diversificación. Permitirles ahora incrementar la concentración de sus carteras en títulos de un gobierno que está más cerca de que sus emisiones caigan en la categoría de bonos basura que de resolver el problema estructural de sus finanzas, es un sinsentido descomunal.
La forma de proceder de Conassif ha sido como “sin querer queriendo”, que es “como para ver quién cae de maje”. Hasta ahora, la regulación permitía invertir hasta un 55% en títulos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, más un 35% adicional en valores del resto del gobierno (municipalidades, autónomas, etc.). En total, las OPC podían invertir hasta un 90% en el sector público. Además, existía un transitorio que expresamente ordenaba reducir las inversiones en títulos del gobierno central a no más del 50% de la cartera para el próximo año.
¿Qué tiene de malo?
Con las nuevas reglas, las OPC podrán invertir máximo 80% en el sector público, pero desaparece el límite del 50% para el gobierno central. Bajaron el límite total para poder defender la decisión, pero eliminaron el límite más relevante de todos.
En la actualidad, las OPC tienen invertido un 53,8% de su cartera en bonos de Hacienda y Banco Central. Si quisieran llevar las inversiones en gobierno central al nuevo límite del 80%, el gobierno captaría alrededor de ¢1,4 billones (unos $2.350 millones), alrededor de un 4% del PIB.
Muchos se preguntarán qué tiene esto es malo, siendo que el gobierno anda tan urgido de recursos. La respuesta viene en partes. Primero, los fondos de pensiones ya corren un riesgo enorme teniendo una concentración de inversiones de alrededor del 50% en los títulos de un único emisor. En tiempos normales, eso sería suficientemente riesgoso, considerando que los fondos de pensiones deberían apuntar a nunca perder su principal, porque de él depende la calidad de vida de los cotizantes en su fase más vulnerable: la tercera edad. Pero estos no son tiempos normales, y el gobierno de Costa Rica podría caer pronto en “default” o interrupción de pagos.
La última vez que eso sucedió, con la crisis de 1980, los bonos del gobierno llegaron a valer 18% de su valor facial. Eso quiere decir que si usted tenía en sus manos un bono de Hacienda por $100, podía esperar recuperar no más de $18 en los mercados secundarios. Imagínese lo que eso le haría a un fondo de inversiones y, peor aún, a los pensionados actuales y futuros.
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Segundo, y aquí me van a tener que disculpar la sopa de letras, las OPC (recordemos, Operadoras de Pensiones Complementarias) lo que manejan son los fondos del ROP, que es el Régimen OBLIGATORIO de Pensiones Complementarias. Destaco el elemento de obligatoriedad: los trabajadores no tienen la opción de aportar o no al ROP; su única elección es cuál de las 6 operadoras manejará los fondos que obligatoriamente tienen que aportar.
Esto presenta un problema moral enorme. Extraer dinero a la fuerza de los trabajadores para lo que se supone es un ahorro que los obliga a planificar su jubilación, para luego poner en riesgo dicho ahorro por la vía regulatoria, es un grosero abuso de la potestad de imperio del Estado. Por esto es que los ciudadanos tenemos que velar por establecer límites claros a la acción gubernamental.
Aunque las autoridades lo van a negar como el marido infiel, esta parece haber sido una movida con un solo objetivo: ayudarle al gobierno a resolver su problema de liquidez, echándole mano a una gigantesca olla de dinero cautivo. Los trabajadores estarán arriesgando involuntariamente su fondo jubilatorio, para financiar al Estado al que además fondean por la vía de los impuestos.
El problema moral se convierte en un dilema de aún mayores dimensiones con la modificación del reglamento: se estima que si el gobierno no consigue al menos $2.000 millones de aquí a fin de año para pagar al Banco Central las letras del tesoro y cancelar otros vencimientos de deuda heredados de gobiernos anteriores, caería en el temido default que golpearía con fuerza a todos los fondos de pensiones, no solo las complementarias. Las pensiones básicas del IVM, Poder Judicial y Magisterio tienen dos terceras partes de sus recursos invertidos en el gobierno central.
Enorme tentación
Las OPC se verán en la encrucijada de aumentar su exposición a un emisor de alto riesgo para intentar rescatarlo (usando para ello recursos extraídos a la fuerza de los trabajadores), o proceder como la buena práctica de gestión de portafolios sugiere, desinvirtiendo en aquellos emisores que representan un riesgo superior al deseado, con lo cual podrían estar condenando al emisor (que es el gobierno) a la quiebra y castigando su propio fondo en el proceso.
La tentación de usar los fondos de pensiones para rescatar al Gobierno es enorme. Pero la única justificación para hacerlo sería recurrir a una versión de la falacia del costo hundido, que aplicada al caso que nos ocupa, nos llevaría a pensar que lo invertido en las OPC ya está perdido y lo mejor que podemos hacer como inversionistas es darle tiempo al emisor para que trate de recuperar su equilibrio financiero.
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En vernáculo, a eso se le llama echar dinero bueno sobre malo, con el riesgo de que el hoyo crezca en vez de cerrarse. Máxime en el entorno actual en el que las repúblicas autónomas e independientes que hemos ido creando en Costa Rica -el Poder Judicial, las universidades públicas, la CCSS, etc.- han asumido la posición de “que los demás sigan pagando y a nosotras no nos toquen nuestros privilegios”. Es decir, en tiempos en que la reforma fiscal está en la cola de un venado, el recorte del gasto vuela en alitas de cucaracha y la posibilidad de que el gobierno ordene sus finanzas se ve cada día más remota.
Este caso es ilustrativo del problema de fondo con la mayoría de las regulaciones estatales en nuestro país. En vez de promover el interés supremo del ciudadano (como usuario de los servicios públicos, como consumidor de los bienes protegidos, como ahorrante, cotizante, inversionista o contribuyente), las regulaciones se crean para proteger al prestatario del servicio, al productor, al operador y, en prácticamente todos los casos, para crear una renta al gobierno.
El cambio en el Reglamento de Gestión de Activos de las OPC se hizo pensando en las necesidades de caja de Hacienda y no en la seguridad del inversionista, que es el trabajador que aporta sus ahorros a dichos fondos obligado por ley. Como tal, es una grosera e inmoral manipulación de los fines de la regulación financiera prudencial.
El autor es economista, consultor y empresario.
