Lo bueno

El beneficio más evidente es el acceso a los $1.750 millones. El monto del préstamo equivale a 14% del gasto total del gobierno del 2020, al 45% del gasto en salarios, al 85% del déficit primario y al 35% del déficit financiero del mismo año. Es decir, el préstamo por sí mismo está lejos de solucionar el problema financiero. Pero, el dinero se utilizaría para una refundición de deuda y no para gasto corriente. Lo que implicaría una reducción del gasto por intereses de entre cuatro y cinco puntos anuales.

Un segundo beneficio es el bajo costo del préstamo. En principio, la tasa de interés que se pagaría por este préstamo está sujeta a una tasa base formulada por el FMI denominada “Derechos Especiales de Giro o DEG” más 1, 2 o 3 puntos adicionales, sujeto a variables. La DEG se estima semanalmente y considera un promedio ponderado de las tasas de interés de los instrumentos de deuda financiera a corto plazo en el mercado monetario de las cinco monedas más fuertes del mundo; con un piso de 0,05% o cinco puntos base y sin un techo.

Para tener una idea más clara, la DEG se estimó en 0,12% para la primera semana de febrero 2021. Esto implica que la tasa de interés final que se pagaría por el préstamo con el FMI rondaría entre 2,12% y 3,12%. (https://www.imf.org/external/np/fin/data/sdr_ir.aspx). A pesar de que puede aumentar por otros factores de la negociación, es una tarifa bastante atractiva en el mercado.

También existen beneficios de “algunas” políticas públicas ligadas a este préstamo. Por ejemplo, la unificación del régimen de empleo público, estampado en el proyecto de Ley de Marco de Empleo Público; que, a pesar de requerir algunos ajustes, controlará el gasto estatal por remuneraciones. También se encuentra en este grupo la política progresiva correspondiente a la eliminación de la exoneración del pago de renta al salario escolar, que recordemos solo afectará a los funcionarios con grandes salarios, y dejará intactos los salarios escolares inferiores a los ¢840.000.

El estricto control que tendrá el ejecutivo con su deber en la reducción del gasto es otro de los beneficios. Recordemos que la Regla Fiscal fue un compromiso ligado a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada a finales del 2018; que desde entonces ha experimentado gran cantidad de problemas en su aplicación. La necesidad de mantener este acuerdo con el FMI implica un incentivo para que el Ejecutivo cumpla con este deber.

Finalmente, tenemos otro beneficio que no es tan tangible como los anteriores, pero probablemente sea el más importante, el voto de confianza que se generaría en los mercados, tanto internos como externos.

La sociedad costarricense está sedienta de confianza. La incertidumbre que se enfrentó en el 2020 y aún se acarrea, ha provocado una reducción del consumo, que a su vez provocó el cierre de gran cantidad de empresas y la pérdida de miles trabajos. Lanzar señales de estabilidad que le devuelvan esa confianza al ciudadano es el primer paso para una recuperación.

A nivel externo funciona igual, la inversión extranjera se incentivará cuando los planes estructurados de reactivación se consoliden. Aunque esto depende de la correcta política pública, acuerdos con entidades internacionales, como el FMI, reflejan un voto de confianza adicional que es más que bienvenido.

Lo malo

El primer punto negativo por resaltar son las políticas impositivas. Nuevos impuestos o subir los existentes siempre significará una reducción del ingreso disponible de la población, seguido de una reducción del consumo y una contracción económica.

Dentro de los impuestos que se plantean están: el impuesto a los premios de la lotería, que antes de concretarse debe establecerse un plan contra informalidad en este mercado. El aumento al impuesto de remesas al exterior en cinco puntos porcentuales, que involucra transacciones por inversiones, en muchos casos como pago de inversionistas internos, lo que implica un desincentivo para esta actividad. Además el llamado impuesto a las casas de lujo y el aumento temporal de 1,5 puntos porcentuales a las rentas de capital; que implicarán una reducción en el consumo y en la inversión respectivamente.

Las políticas contraproducentes son otro problema. La negociación con el FMI parte de acuerdos previos alcanzados multisectorialmente, con la menor oposición y sujetos a condiciones. A un par de semanas de alcanzado el acuerdo técnico con el Fondo, ya hemos visto diversos intentos de “goles” escondidos dentro de proyectos escudados bajo este consenso previo. El mejor ejemplo de esto es el proyecto de Ley de Renta Global, que inicialmente incluyó aspectos como la Renta Mundial, el cobro a difuntos, afectaciones a zonas francas. Aspectos que provocaron la publicación de un segundo proyecto “corregido” tras el descontento generalizado.

El criticado “control externo”. Costa Rica ha concretado negociaciones con el FMI en al menos siete ocasiones, pero las más recordada son las de los ochenta, que según historiadores repercutió negativamente en la economía. Si bien es cierto que el Fondo negoció estrictas y fuertes políticas macroeconómicas, su modelo ha sido ajustado y flexibilizado en tres ocasiones (2002, 2009 y 2012). El FMI actual no es el mismo de los ochenta, y esto se ha evidenciado en la negociación actual, donde no se han percibido demandas innegociables, pero no deja de ser un punto para prestarle atención.

¿Es el acuerdo con el FMI la única forma de llevar el país adelante?

No, el acuerdo no es imprescindible, pero si ayudará considerablemente.

Las señales de confianza se proyectarán al mejorar las finanzas públicas y esto se puede lograr sin el FMI, realizando esfuerzos contundentes y continuos en la contracción del gasto y fortaleciendo los ingresos públicos sin aumentar los impuestos. Una reingeniería financiera y renegociación de deuda, mejorar la recaudación y combatir el comercio ilícito e informalidad, la eliminación de cargas parafiscales y la inversión solidaria en activos públicos son algunas de las salidas.

No obstante, el acuerdo con el FMI es una herramienta sumamente importante, que podría considerarse como la menos conflictiva en términos de intereses multisectoriales, y la más cercana en tiempo de aplicación. El país necesita soluciones inmediatas, entre más tiempo pase, más costarricenses seguirán sufriendo las consecuencias.