El COVID-19 definitivamente ha transformado el mundo, generando a su vez disrupciones en diferentes aspectos de la economía global.

Ante esta realidad, el Gobierno ha adquirido un papel sumamente relevante, sin embargo, la recuperación de la economía no depende únicamente de ellos, ya que el Gobierno no está solo y quienes integramos el sector privado debemos asumir un papel protagónico.

Se debe poner en perspectiva que generamos el 86% del empleo total. La pandemia nos ha permitido ver la importancia de las alianzas público-privadas en diferentes ámbitos, muestra de ello es la unión que se ha generado para brindar ayudas sociales y también en la generación de suministros de protección al personal de la salud para la atención de la emergencia.

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Los integrantes del sector privado también somos responsables de la diversificación de la economía y de la mejora en la competitividad. Somos parte de una gran máquina que es más que la suma de todas sus partes. También, tenemos el compromiso de promover la inclusión financiera, innovación y digitalización, así como otros hitos necesarios para una mejor economía.

Bajo la coyuntura actual, el Gobierno adquiere un papel relevante, al tener bajo su responsabilidad la atención de dos pacientes que responden diferente al tratamiento del distanciamiento social, los cuales son: el sistema de salud y la economía. Siendo este último paciente con condiciones vulnerables pre-existentes (economía estancada, déficit fiscal alto, deuda gubernamental creciente, sistema presupuestario poco flexible)

Durante y después de la emergencia del COVID-19, el Gobierno tiene el reto de tomar las medidas necesarias para mantener la relación entre personas y empresas, la cual se encuentra bajo presión. Salvaguardar el empleo es la prioridad, ya que la pérdida masiva de empleos llevaría al cierre de empresas, mayor pobreza, aumentos de la mora y el impago de impuestos, afectando a su vez a la sociedad como un todo.

Las medidas fiscales son necesarias para lograr mantener el contrato social. El recorte de impuestos como medida de apoyo a empresas y consumidores, se suma al aumento del gasto en transferencias para las personas más afectadas, esto con el objetivo de mantener el nivel de ingreso. Según el Fondo Monetario Internacional, este tipo de acciones ya suman más de $9 trillones de dólares a nivel global.

A lo anterior, se suma la flexibilización de la política monetaria. Las menores tasas de interés y una fuerte inyección de liquidez en la economía, los principales bancos buscan incentivar el crédito y el gasto de los agentes.

La política monetaria y fiscal que han tomado lugar hasta el momento son el comienzo de un proceso de ajuste, estas medidas se generaron con el objetivo de evitar una recesión más profunda que la que se presenta.

La etapa de recuperación deberá contar con programas dirigidos para incentivar la demanda, ya que no todos los sectores de la economía se han visto afectados de la misma forma, generando la necesidad de enfoques por actividad económica, de forma que el mayor gasto se haga con eficiencia.

Las políticas tomadas a partir de este momento deberán tener un carácter más estructural, de forma que la recuperación sea sostenible en el tiempo y se logre cerrar brechas históricas. Sin embargo, no se debe dejar de lado que los sectores más afectados podrían requerir del apoyo del Gobierno por un tiempo prolongado.

Inversión y empleo

En la nueva normalidad será necesaria la revisión de políticas nacionales y sectoriales, que en su momento resultaron valiosas previo al COVID-19.

Una mayor flexibilización de los horarios e incentivos para la formalización y creación del empleo, a través de regulaciones innovadoras, son necesidades claras en el ámbito laboral.

La creación de medidas que apoyen el ingreso de inversión extranjera y que aporten a la competitividad del país son claves para el desempeño del sector externo.

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Otro gasto que debe contemplar el Gobierno es el asociado a la inversión, siendo la construcción un importante generador de empleo y dinamizador de la economía.

El Gobierno no debe perder de vista la sostenibilidad fiscal; no podemos negar que nuestras finanzas públicas se vean impactadas, en medio de un proceso de estabilización que se había iniciado hace 12 meses.

El país cuenta con un marco más robusto para hacer frente a la situación, desde la perspectiva fiscal con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Sin embargo, por sí sola no es suficiente, inclusive si a este se le sumara la aprobación de la Ley Marco del Empleo Público.; se hace necesario plantear medidas estructurales que impulsen la senda no sólo de corto, sino de mediano y largo plazo.

Una vez pasada la emergencia inmediata, parte de los esfuerzos se deben de dirigir a un mayor ajuste fiscal, particularmente enfocado en una mayor eficiencia del gasto, el cual daría un dinamismo sostenible a la economía, sin dejar de lado una mejor gestión del gasto de intereses y a nivel de endeudamiento.

Frente a la reactivación, la comunicación y apertura entre el sector privado y público debe ser continúa y abierta, con el fin de promover una recuperación que genere bienestar y que sea parte de un proceso donde se cierren las brechas históricas.

La ruta hacia la recuperación no será fácil, es claro que se requiere un balance entre la contención del virus y la reapertura de la economía, lo cual depende del esfuerzo conjunto y la disciplina por parte de todos.

Costa Rica enfrenta una amenaza en un entorno global, pero gestionado de una manera estratégica tiene la oportunidad de lograr cambios estructurales que le permitan evolucionar hacia un país que brindará bienestar a sus habitantes en el mediano y largo plazo.

Es clave que, ante la nueva normalidad, el sector público y privado extendamos las fuerzas para que nuestro país pueda salir victorioso de esta situación que nos ha tocado vivir.