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La actual coyuntura nacional, con nuevas autoridades en los gobiernos locales y en plena formulación del presupuesto municipal, permite reflexionar sobre los principales retos de las municipalidades en procura de atender a la ciudadanía ansiosa de tener mejores servicios públicos.
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Contar con más recursos y ejecutarlos de forma eficiente es uno de las principales oportunidades de mejora. El área de fiscalización del Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, ha señalado en numerosos informes estos retos y recientemente emitió un informe sobre las principales debilidades en la gestión presupuestaria de todas las municipalidades, los resultados de la ejecución de sus presupuestos y un detalle de las principales razones por las cuales la Contraloría se ve obligada en múltiples ocasiones a improbarlos total o parcialmente (ver en www.cgr.go.cr) .
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El presupuesto reviste de una alta relevancia para el cumplimiento de los fines encomendados a las municipalidades. Es un instrumento para la sana administración de los fondos públicos, constituye una herramienta fundamental para soportar los procesos de toma de decisiones, evaluación y rendición de cuentas.
Fortalecer el proceso presupuestario de los municipios es fundamental para que funcionarios y autoridades aprendan a gastar más y mejor los recursos asignados y dar servicios continuos y de calidad en cada cantón.
Por lo anterior es es importante señalar los hallazgos del informe citado, como existencia de debilidades en la ejecución de los dineros, cuantiosos y recurrentes superávits o déficits presupuestarios, sumas millonarias sin ejecutarse para la construcción de proyectos y servicios destinados al desarrollo local, que al 31 de diciembre de 2015 alcanzaron los ¢31.682,3 millones. A esto se suman fondos sin utilizarse por concepto de depósitos de los contribuyentes ( ¢3.700 millones).
Hay también resultados deficitarios en los servicios debido a que no se captan los ingresos necesarios para atender los costos de su prestación, y al cúmulo de recursos específicos que se deben transferir por disposición legal a diferentes organizaciones sin que esto se cumpla.
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Aunado esto a la presencia de una suma millonaria pendiente de cobrar por concepto de impuestos y tasas por servicios municipales, cercana a los ¢137.652,0 millones al 31 diciembre de 2015. Finalmente, conviene reflexionar sobre la necesidad de fortalecer el proceso de formulación presupuestaria en algunas municipalidades, tanto a nivel del personal técnico como las autoridades políticas de los municipios, para que constituya un proceso sistemático orientado por la normativa, por instrumentos de planificación institucional, estimación de ingresos y egresos fundamentados en métodos técnicos, financieros y estadísticos, todo lo cual permite que el presupuesto municipal juegue un rol estratégico como instrumento de control de las finanzas municipales.
