Y me pregunto qué pasaría si ese empresario decide, por el mal estado de las carreteras y servicios, por los que paga importantes impuestos, bloquear las rutas de acceso a la capital, puertos y aeropuertos, obligando a miles de ciudadanos y empresas inocentes a verse estancadas, perder oportunidades de trabajo y comercio, y perder productos. Además, afectar a miles de pasajeros nacionales y extranjeros en sus planes de viaje, ocasionando pérdidas de miles de millones de colones.

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¿Y qué pasaría si los empresarios “se van a la huelga” y deciden que hasta que no se ordene el servicio, se reduzca el gasto, y se haga más productivo el sector público en términos de tiempo y costo, dejarán de entregar los productos y servicios que tienen contratados con entidades públicas?

Y ni hablar de si un empresario en un programa de radio confesara violar la ley, a sabiendas de que lo está haciendo…

¿Por qué?

Entonces, ¿por qué se les permite a los sindicalistas de Costa Rica todo lo anterior a vista y paciencia de nuestras autoridades? ¿Por qué se les paga el salario para que salgan a hacernos incurrir en pérdidas económicas y de calidad de vida a todos los demás?

¿Por qué se les dan incentivos, pluses y anualidades, acceso a clubes privados, prestaciones más altas que las que garantizadas en la Constitución y muchos otros privilegios a cambio de baja productividad, chantaje, bloqueo y violaciones flagrantes de la ley?

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La nueva legislación sobre las huelgas en servicios esenciales y no pagarles los días que están en huelga son excelentes pasos, como lo es la valiente y correcta reacción de la Contraloría General de la República al adefesio de acuerdo logrado en la CCSS.

Ojalá que estos sean solo los primeros pasos de un gran cambio…