La reforma fiscal empieza a encontrar obstáculos en el camino, los intereses legítimos de los diversos grupos empiezan a expresarse.
Los sindicatos tienen su propuesta, los grupos empresariales han explicitado las propias, el PLN y PUSC manifestaron sus desacuerdos con la propuesta gubernamental y Restauración Nacional también lo hizo.
Ha hecho bien el presidente Alvarado en reunirse con todos para escuchar y tratar de construir una mayoría en torno al proyecto en discusión.
Ante el fenómeno surgen voces que condenan los particularismos en nombre de un interés general que no es sino el de quien que escribe o habla.
LEA MÁS: Hacienda envía presupuesto extraordinario de ¢600.045 millones para pago de deuda interna
El bien común siempre es interpretado desde la subjetividad de quien lo pronuncia y de ahí que sea sospechoso el discurso que se adjudica la autoridad de la interpretación desde los terrenos de la técnica o la ciencia.
La retórica del consenso también genera suspicacias cuando se hace equivaler con unanimidad, se pueden lograr acuerdos sobre puntos determinados sin llegar al acuerdo total.
El Poder Ejecutivo deberá combinar las distintas observaciones y como fino orfebre elaborar una propuesta que responda a las objeciones e inquietudes.
LEA MÁS: La vía, no tan rápida, del plan fiscal marca setiembre como fecha de votación
Los partidos y agentes sociales deberán hacer concesiones y aceptar que su abanico de demandas no podrá ser aceptado en su totalidad. Los maximalismos son tan malos como las agendas minimalistas. La solución estará en la moderación, en encontrar el justo medio en cada uno de los complicados temas en torno al gasto y los ingresos.
La situación era difícil y se ha complicado más con la revelación del hueco presupuestario de ¢600.000 millones que le dejó el expresidente Luis Guillermo Solís al nuevo Mandatario. La cuesta se pone más empinada y llegar a la necesaria meta de mitigar el déficit no será nada fácil.
Escuchar