Por ejemplo, las protestas de los taxistas, con las que no estoy de acuerdo pero que no por ello tienen su razón de ser, por el hecho de que los ponen a competir en desventaja con Uber y los porteadores, a los cuales no se les exigen las mismas condiciones.

Además, no se toman las medidas adecuadas para resolver la crisis de los inmigrantes que se ha agravado con la situación política de Nicaragua. Costa Rica se ve también impactada, por esta situación, en el campo comercial con la región.

En tercer lugar, un juez ordenó el cierre de la cárcel de San Sebastián, por ser una “jaula humana”.

Asimismo, el sector agrícola sigue abandonado. De ser un productor importante de arroz, actualmente tenemos que importan la mayor parte de este grano y una parte de los frijoles que consumimos. Esta actividad económica ha recibido poca ayuda de los últimos gobiernos; se deben tomar las medidas pertinentes para que mejore su eficiencia y siga aportando divisas, generando empleo y propicie un desarrollo más integral.

Como si fuera poco, tenemos un déficit fiscal que se estima en un 7,2% para finales del 2018, y es preocupante saber que una parte importante de los recursos adicionales que generará la reforma tributaria se van a destinar al pago de la deuda interna y externa; es decir, no van a contribuir con el desarrollo económico y por ende disminuir la desigualdad social.

Con la implementación del impuesto al valor agregado (IVA) van subir de precio muchos servicios y, por ende, el costo de la vida.

Por ejemplo, un pequeño agricultor y ganadero que requiera productos agropecuarios va tener que pagar un IVA del 1 %, pero si requiere los servicios de un veterinario va a tener que pagar un 13% más, igual que si contrata a un ingeniero agrónomo.

Por los servicios de salud privada se pagaría un 4 % de IVA. Desafortunadamente, la Caja Costarricense del Seguro Social no ha podido solucionar la vieja problemática de las listas de espera.

¿Qué hacer?

¿Qué podemos hacer para que Costa Rica tome el rumbo correcto?

Resulta muy importante fortalecer el diálogo con la Asamblea Legislativa con el propósito de que se aprueben proyectos de ley que permitan corregir el rumbo de Costa Rica.

Es necesario reestructurar el sector público, que cuenta con 321 entidades que operan de manera poco ágil, lo que afecta la productividad y la competividad.

Además, se debería establecer un solo régimen de pensiones que sea administrado por la CCSS.

Es vital reducir la pobreza, que actualmente afecta a más de un 1.100.000 personas (20,5 % de la población), una situación que nos preocupa a muchos.

En fin, necesitamos acciones concretas para evitar años aún más difíciles para los costarricenses.