Opinión

Nuestra crisis en el segmento educativo requiere de una vigorosa y renovada política pública

La política educativa debe estar, por imposición y disposición ética, lejana de la política populista complaciente

Una interesante investigación publicada en 1997 por el profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, el doctor en Educación David D. Dill, nos resume que la política pública en educación debería estar despolitizada.

El estado de la educación de Costa Rica de los últimos años no ha sido siquiera visto como un tema crítico por algún o ningún equipo político de turno o aspirante en las contiendas electorales.

Agrega el Dr. Dill en el Higher Education Policy Journal que se ha vuelto una compleja tarea el generar un balance entre las demandas sociales, la regulación estatal y la autonomía institucional, omitiendo de forma riesgosa que la relación entre la política gubernamental en educación y el comportamiento y necesidades del mercado laboral en este caso es “íntima y necesaria”.

Nos enfrentamos en escasos meses a una elección presidencial y de miembros a la Asamblea Legislativa, con una campaña electoral que cada vez más está dando tintes y semejanza a lo que, muy asertivamente nos compartió en este espacio de opinión en agosto pasado, don Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación, quien nos decía que esta campaña electoral se parecería más a un “juego al azar” y no un momento de profunda reflexión y análisis de idoneidad ante una urgente necesidad de cambio en las riendas de la política pública, que reoriente a nuestro país en un tema de juiciosa necesidad como lo es el educativo y sus imperativas mejoras.

María Montessori sostenía que el objetivo de una educación temprana debe ser la de activar en los niños su natural deseo de aprender; sin embargo, los resultados vistos a través de estos últimos dos años, en medio de una caótica pandemia, ofrecen sobrada evidencia científica de la severa ausencia de una eficiente política pública en este tema, expuesta hace poco en el VIII Informe del Estado de la Educación 2021, el cual señaló una temeraria exclusión y rezago, que deja cualitativamente en una muy evidente desventaja a nuestra población estudiantil frente a las demandas del mercado laboral y pinta el futuro de estas generaciones como perdedores.

La política pública en educación, para una Costa Rica que siempre se caracterizó por sus históricos alcances en esta área, debe retomar la senda de una acción social coadyuvante al desarrollo y crecimiento económico y colectivo con altas dosis de inclusividad, asociado a componentes de justicia distributiva de las oportunidades. Debe estar por imposición y disposición ética, lejana de la política populista complaciente o punitiva.

La identificación de los problemas en la educación pública, congénitos a la creación de cualquier política pública seria y responsable, ha venido revelada de forma más que clara y recurrente en los informes del Estado de la Educación presentes y pasados, si a lo que una agenda temática se refiere y buscan las decenas de candidatos presidenciales y sus equipos.

Según el Índice de Competitividad Internacional 2021, Costa Rica posee una economía con uno de los volúmenes de población desempleada más altos entre las 40 más importantes del mundo. Un indicador más que destaca la vulnerabilidad a la que ha venido quedando expuesta la política pública país en el segmento educación, respecto a las necesarias mejoras y ajustes en el sistema de formación de sus ciudadanos frente a las crecientes demandas y evolución del mercado laboral.

El Fondo Monetario Internacional pronostica que América Latina será la región de menor crecimiento en el 2022, como lo confirma Andrés Velazco, decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

Nos produce una gran pena y preocupación lo que hemos escuchado en algunas ponencias de esta veintena de aspirantes presidenciales, bastantes de ellos sin presidencialidad alguna, ya que dentro de lo poco que nos han dicho a nosotros como electorado, son más necesidades las que ofrecen que una solución al problema educativo pre y pospandemia.

Las aulas cerradas no solo representan un atraso en los procesos de aprendizaje sino que arrastran efectos emocionales para niños, niños y jóvenes. Archivo/Albert Marín

Peter Knoepfel y otros, en el libro Análisis de la Política Pública, editado por la Universidad de Bristol, Inglaterra, en 2007, claramente define que el objeto de la política está muy lejos de ser poder por sí mismo, sino el uso de este instrumento para resolver problemas colectivos.

Concluye Knoepfel que los resultados de una asertiva política pública deben de medirse y manifestarse por cambios significativos en el comportamiento de los grupos objetivo, mediante valoraciones de carácter científico y evidencias que confirmen la eficacia, eficiencia y relevancia de la implementación de las acciones propuestas para resolver o mitigar esas contrariedades.

Nuestra contribución a la solución de esta crisis en el segmento educativo es simple y requiere de voluntad política: una coherente uniformidad pedagógica que se lograría mediante dos factores de gestión.

El primero se garantiza con el acceso al espectro de banda ancha (conectividad), tanto para el docente como para sus estudiantes, lo que les permitiría aprovechar todas las ventajas de un Campus Virtual, proyecto que hoy se encuentra en un limbo de desasosiego y apropiación. El segundo se alcanzaría con una asertiva homologación formadora por medio de expertos académicos en ejes comunes a los programas de aprendizaje descritos por el MEP.

Esta propuesta se complementa con la necesaria pertinencia y gestión de toda la planilla docente del MEP, garantizando propiedad en sus puestos y la justicia social del merecido rango de una digna profesión de maestro y mentor para el mejor recibo por parte de todos nuestros estudiantes.

El autor es director ejecutivo académico de la Universidad Politécnica Internacional en Costa Rica