En una entrevista publicada en El Financiero, el nuevo jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, critica el derecho al secreto bancario que existe en Costa Rica y lo culpa por ser uno de los principales causantes de la rigidez institucional de la entidad que preside. Ramos afirma que la ausencia de controles sobre flujos bancarios favorece una alta tolerancia a la informalidad laboral y que, aparte de la evasión tributaria, favorece el lavado de dinero y la legitimación de capitales.
De partida, estas afirmaciones carecen de sustento empírico, pues según las encuestas de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), existe una elevada correlación entre informalidad y bajos niveles de ingreso (monetario y no monetario) de las personas. O sea, la informalidad está asociada a una baja capacidad de generar ingresos que les permitan a las familias costarricenses cubrir sus necesidades básicas. Al mismo tiempo, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), persiste en el país un 20% de la población mayor de 15 años que no está bancarizada. Este grupo de la población también está integrado mayoritariamente por personas de bajos ingresos, que manejan montos relativamente bajos de efectivo, dado sus bajos ingresos diarios.
Así, la informalidad de este grupo de personas no tiene ninguna relación con el secreto bancario. Más bien, la ausencia de afiliación a la CCSS, que es lo que le debería importar a su jerarca, se explica por las debilidades de un mercado laboral cada vez más precario, con altos niveles de desempleo y subempleo, y con problemas de generación de empleos bien remunerados para un grupo de trabajadores que simplemente no posee ingresos para hacerle frente a cargas laborales que se ubican dentro de las más altas del mundo, incluso bajo los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por tanto, la posibilidad de la CCSS de disminuir la creciente informalidad depende de la capacidad de la institución para lograr acuerdos nacionales que logren reducir esas cargas laborales en lugar de pretender convertirse en policías que persigan a masas empobrecidas de trabajadores, quienes buscarían como refugio una mayor desbancarización.
La existencia del secreto bancario no responde, como afirma el señor Ramos en la entrevista, a una “manía” de los costarricenses por ocultar sus ingresos y que no “nos agarren” en el banco o en la casa. Más bien, el secreto bancario es parte de los derechos individuales consagrados en la Constitución Política, ampliamente documentados en sendos pronunciamientos de la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, que indican que pertenece al derecho a la intimidad y a la vida privada.
Sin embargo, el ordenamiento jurídico tiene un alcance limitado pues está referido exclusivamente a las cuentas corrientes y tiene excepciones cuando existen sospechas fundamentadas de que las actividades bancarias están relacionadas con hechos ilícitos. En este último caso, el secreto bancario puede ser levantado cuando un juez determina que existen suficientes indicios de un acto delictivo, lo cual le garantiza al ciudadano sufrir de actos arbitrarios de burócratas de instituciones como la CSSS.
Esto quiere decir que nada le impide a la CCSS cruzar las bases de datos del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) con las del Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Seguros o los gastos en tarjetas de crédito. O sea, nuestra legislación ya permite superar esta autodenominada incapacidad que expresa el señor Ramos para controlar la evasión de las cargas sociales y la inflexibilidad institucional que profesa, pues sus causas son más internas que externas.
Todo ello se puede hacer sin pretender atropellar el derecho a la intimidad. Sin embargo, de previo, la CCSS debe asegurar que sus sistemas de información siguen las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad informática. No hace mucho tiempo, la misma institución tuvo que interponer denuncias penales contra empresas financieras por el hackeo de la base de datos del SICERE, la cual circulaba en el mercado nacional al mejor postor y se utilizaba para perfilar clientes, lo cual a su vez también puede generar problemas de seguridad ciudadana.
Este tema revierte aún mayor importancia en el presente cuando, en menos de un mes de haber asumido la presidencia de la institución, la CCSS está sumergida en un caos informático en donde no se tiene certeza sobre qué tipo de información se han robado o manipulado de los cotizantes, cuánto tiempo le tomará a la CCSS habilitar elementos tan básicos como el correo electrónico, y cuál será el efecto que el presunto hackeo tendrá sobre las finanzas de la institución, las extensas listas de espera, la morosidad patronal y la misma informalidad laboral que profesa evitar.
