EscucharLa Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa analiza actualmente cuatro proyectos de ley cuyo común denominador es permitir un retiro más acelerado del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
Este fondo, constituido por cuentas individuales y obligatorio para todos los trabajadores asalariados, fue creado con la Ley de Protección del Trabajador en el año 2000. Desde su origen, su objetivo ha sido acumular recursos para complementar la pensión otorgada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o su régimen sustitutivo, fortaleciendo así los ingresos en la vejez.
Los proyectos en discusión responden a presiones de grupos que buscan acceder anticipadamente a estos recursos, bajo la premisa equivocada de que el ROP fue concebido para entregarse en un solo monto al momento de la jubilación. Esta interpretación desconoce que el diseño del régimen es complementario: su razón de ser es reforzar una pensión básica que ha venido perdiendo suficiencia debido a los problemas de sostenibilidad del régimen de la CCSS.
Como suele ocurrir en el debate legislativo, no existen estudios técnicos rigurosos que evalúen las repercusiones económicas y sociales de un retiro acelerado del ROP. En su lugar, los proponentes se apoyan en un documento que, en el mejor de los casos, está plagado de imprecisiones, sofismas y una comprensión limitada de lo que significa la seguridad social como mecanismo de equidad y reducción de la pobreza en vejez.
Uno de esos sofismas sostiene que los trabajadores pueden administrar esos recursos mejor que gestores profesionales de inversión. Aunque ello podría ser cierto para una pequeña minoría con educación y conocimientos financieros, la inmensa mayoría de los costarricenses no tiene la capacidad ni el hábito de administrar eficientemente recursos destinados a la pensión. La evidencia empírica en economía del comportamiento es abrumadora en demostrar que el consumo presente suele imponerse sobre el ahorro futuro cuando existen facilidades de acceso anticipado.
En la práctica, el proyecto favorece principalmente a quienes tienen mayores niveles de ingreso y capacidad de influencia, aun cuando el impacto más severo recaería sobre los trabajadores de menores ingresos, que tienen nula capacidad de ahorro y que dependen más críticamente de una pensión complementaria para evitar la pobreza en la vejez.
La experiencia nacional e internacional es clara: cuando se permite el acceso anticipado a fondos previsionales, una parte significativa se destina a consumo inmediato. Así ocurrió con la entrega quinquenal del Fondo de Capitalización Laboral y con los retiros anticipados del ROP aprobados para quienes se pensionaron antes del 2020. También sucedió en países como Chile, Perú y el Reino Unido, donde el gobierno capitalizó fiscalmente esa conducta mediante mayores ingresos tributarios asociados a los retiros de fondos.
Otra afirmación temeraria es que un retiro masivo no tendría repercusiones macroeconómicas. Pretender que las leyes del mercado no aplican en Costa Rica resulta, como mínimo, ingenuo. Tanto el Ministerio de Hacienda, como el Banco Central de Costa Rica, la Superintendencia de Pensiones y la Oficina del Consumidor Financiero han advertido que un retiro anticipado del ROP masivo —que podría alcanzar a cerca del 14% de los afiliados de aquí al 2030— obligaría a una venta significativa de instrumentos de inversión para generar la liquidez requerida.
Ello tendría efectos previsibles: presiones de apreciación sobre el tipo de cambio, aumentos en tasas de interés debido a la caída en los precios de los títulos y un menor dinamismo económico futuro por la reducción del ahorro nacional. No obstante, frente a posturas demagógicas y populistas, incluso los argumentos técnicos más sólidos tienden a ser ignorados.
El argumento de que los recursos podrían utilizarse para pagar deudas tampoco resiste análisis. El endeudamiento no es consecuencia de la existencia del ROP. De no existir estos fondos, las personas estarían igualmente endeudadas, pues el origen del problema radica en factores estructurales del mercado laboral y en sesgos conductuales. La entrega acelerada del ROP no corrige ninguna de esas causas. Bajo esa lógica de los defensores del retiro, también debería adelantarse la pensión básica de la CCSS para cubrir deudas, lo cual resulta evidentemente absurdo.
Es, por tanto, peligroso e irresponsable aprovechar las necesidades inmediatas de un grupo específico de afiliados —aquellos con montos bajos y urgencias financieras— para abrir un portillo que compromete el futuro previsional del conjunto.
Todos resultaríamos afectados. Quienes aún no se pensionan tendrían que absorber las pérdidas en el valor de sus fondos producto de ventas masivas y desinversiones apresuradas. Los grupos que hoy promueven el retiro anticipado no tienen más ni menos derechos que los trabajadores jóvenes que apenas comienzan a cotizar y cuya pensión futura depende de la estabilidad del sistema.
El ROP no es un ahorro de libre disposición: es un pilar de la seguridad social. Debilitarlo hoy es sembrar mayor pobreza mañana.
