A nivel mundial la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus no solo ha afectado la salud de miles de personas, sino que ha impactado la economía de la mayoría de los países.

Costa Rica no escapa a esta realidad, y si bien en materia sanitaria nos hemos convertido en un referente global por el manejo que le han dado las autoridades a la crisis, no podemos decir lo mismo en materia económica.

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Recientemente, el Gobierno presentó las medidas que se utilizarán para intentar reactivar la tan golpeada economía costarricense.

Llama la atención que en materia fiscal no se haya anunciado ninguna acción tendiente a estimular la producción nacional.

Sinergia

Sobre este punto, el Gobierno debe considerar que los tributos, además de sus fines de generación de recursos estatales, también tienen otras finalidades como el incentivo a determinadas actividades económicas y por supuesto estimular el consumo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, resulta fundamental que se dé una sinergia entre el sector público y el privado de nuestro país en aras de reactivar la actividad económica. Así lo han mencionado tanto el presidente de la República, Carlos Alvarado, como el de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), Álvaro Sáenz.

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Por parte del sector privado, hemos visto materializado su aporte en la gran cantidad de donaciones a instituciones gubernamentales u otras organizaciones en aras de apoyar la lucha contra el COVID-19.

Sin embargo, por parte del Gobierno, aún no se han implementado -ni siquiera propuesto- medidas fiscales concretas que vengan a palear el impacto negativo de la crisis sobre la economía.

Por ejemplo...

Un ejemplo de cómo podría dársele un incentivo fiscal a las empresas es mediante una modificación al tratamiento tributario de las donaciones que realizan las compañías por motivo de la crisis sanitaria.

En este sentido, es importante considerar que varios programas a los que las empresas están donando no cuentan con la autorización respectiva del Ministerio de Hacienda, o el monto de lo donado podría exceder el 10% de la renta neta del contribuyente.

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Esta situación podría generar un desestimulo importante para los contribuyentes ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 inciso q) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, solo son deducibles las donaciones siempre y cuando las mismas hayan sido debidamente entregadas al Estado, a sus instituciones autónomas y semiautónomas, a las corporaciones municipales, a las universidades estatales y demás instituciones autorizadas; y que el gasto a deducir por concepto de donación no exceda del 10% de la renta neta del donante.

Asimismo, para efectos de esta deducción, las donaciones en especie se deben valorar por su valor de mercado.

Desestímulo

En caso de que estos criterios no se cumplan, la donación realizada no podrá ser considerada como gasto deducible del Impuesto sobre la Renta de la compañía, generando así un impacto fiscal negativo para los contribuyentes de este impuesto y un desestimulo para seguir apoyando económicamente a los sectores más vulnerables del país.

Por otra parte, en caso de que las empresas no registren correctamente, tanto a nivel contable como fiscal, las donaciones realizadas podrían ser rechazadas y resultar en un ajuste al Impuesto sobre las Utilidades de la compañía, el cual incluye sanciones e intereses.

Hoy más que nunca se hace necesario promover proyectos de ley que generen incentivos fiscales a los contribuyentes para reactivar la economía.

Específicamente, en el caso de las donaciones que con tanto esfuerzo y solidaridad está haciendo el sector empresarial, se debería garantizar su deducibilidad fiscal del impuesto sobre la renta aún y cuando excedan el 10% de la renta neta del contribuyente, y que cubra a todas las donaciones debidamente documentadas si se logra demostrar que la misma fue efectivamente realizada para atender la crisis generada por el COVID-19.

Sin duda alguna esta es una de las primeras medidas que ayudará a fomentar la tan necesaria sinergia entre el sector público y el sector privado de nuestro país generando un estímulo fiscal al sector privado.