El serio problema de seguridad que vivimos necesita de conceptos precisos para una estrategia que lo enfrente con políticas inteligentes. La confusión conceptual llevará a malas soluciones.
La seguridad nacional persigue la protección del estado como entidad soberana frente a enemigos que pongan en riesgo su existencia, integridad territorial o capacidad de gobierno.
La seguridad pública protege al ciudadano frente a la delincuencia común, cuida a las personas, los bienes y el orden ante amenazas internas.
La frontera entre estos dos conceptos es susceptible de diluirse frente a diversas amenazas, una de ellas el crimen organizado de carácter transnacional y conlleva entonces el peligro de una expansión sin fin.
Las consecuencias son negativas, pues cuando todo es seguridad nacional, nada es seguridad nacional y la noción se diluye, volviéndose vacía.
La escogencia de una idea vacía como rectora lleva a militarizar los problemas, pues en vez de ocuparse de amenazas externas (guerras, terrorismo de gran escala, golpes de estado e invasiones) se centra en lo interno.
Por el contrario, las amenazas a la seguridad pública son de carácter endógeno (robo, homicidios, narcotráfico local, violencia doméstica), la respuesta a estas debe provenir de las policías, el Ministerio Público y la justicia penal.
El predominio de un concepto diluído lleva a lo que algunos expertos llaman “securitización”, proceso por el que un tema de seguridad pública común cambia de naturaleza y se abandona la protección de la soberanía y supervivencia del Estado.
El narcomenudeo y protestas se tratan con lógica militar y se desarrolla un autoritarismo que suspende derechos, limita garantías y decreta estados de excepción parciales que luego se vuelven permanentes.
La erosión del Estado de Derecho es fruto de la aceptación y aplicación de un concepto que no conoce límites, funciona en secreto, sin rendir cuentas y conduce en a la dictadura.
Ejemplos de esta deriva autoritaria sobran en América Latina (dictaduras de seguridad nacional en los años 70 y Bukele). La promoción de precisión conceptual es una garantía democrática.
La seguridad nacional debe ser la excepción que proteja la normalidad democrática, no la regla que la reemplace.
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Constantino Urcuyo Fournier es abogado y doctor en Sociología Política de la Universidad de París. Catedrático de la Universidad de Costa Rica, exdiputado y director académico del Ciapa. Profesor visitante en las universidades de Tulane y Salamanca. También es consultor internacional y nacional para diversas empresas.
