Cuando esa forma de pensar predomina en los creadores de política pública, no es de extrañar que los esfuerzos por disminuir el gasto se conviertan en un tema secundario.

No es común presenciar dos paquetes fiscales en una misma administración. Los actores económicos tardan mucho en recuperarse del impacto de una nueva carga impositiva; ya que se requiere tiempo para dejar de percibir los efectos negativos en los bolsillos y para que las personas olviden que se volvieron más pobres.

Otra razón por la que los paquetes fiscales no ocurren tan seguido, es porque los gobiernos siempre se comprometen a reducir el gasto, pero esta promesa rara vez se cumple, y esa traición a la patria tarda en superarse. Una vez que los nuevos impuestos son aprobados, ya no existen incentivos para amarrarse la faja, error histórico en el que hemos caído como población cuando negociamos aumentos fiscales. El sector público debe demostrar y evidenciar la reducción del gasto antes de percibir nuevos ingresos, y no a la inversa, como nos ha sucedido siempre, incluyendo la negociación de la reforma fiscal de meses atrás.

Analicemos cómo ha evolucionado el gasto en los últimos dos años, considerando que:

• El actual gobierno inició oficialmente su gestión el 8 de mayo del 2018; los gastos del primer semestre de ese año se dividen entre dos administraciones.
• La reforma fiscal entró a regir el 1°. de julio de 2019; el compromiso de reducción del gasto inició en el segundo semestre del 2019.
• Toda la estructura de ingresos y gastos se afectó en el primer semestre del 2020 con el inicio de la pandemia.
• Para aislar estos efectos, lo ideal es analizar el comportamiento del gasto a nivel semestral enfocado en los segundos semestres del año, y la evolución entre estos.

En el segundo semestre del 2017, administración Solís Rivera, se presentó un gasto total de ₡3,64 billones, con un crecimiento semestral interanual del 8,4%; paralelamente, el gasto corriente fue de ₡3,2 billones y el gasto en remuneraciones de ₡1,18 billones (datos del BCCR).

En el segundo semestre del 2018, primer semestre completo de la administración Alvarado Quesada y periodo en que ocurrieron las negociaciones de la reforma fiscal, el gasto total sólo aumentó un 0,4%, las remuneraciones aumentaron 4,8% y el gasto en bienes y servicios aumentó un 4,4%.

En el segundo semestre del 2019, con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada, el gasto total semestral interanual aumentó en un 15,7%, llegando a ₡4,2 billones, esto sin aún tener idea que el COVID-19 vendría en los meses siguientes. Para este mismo semestre el gasto corriente incrementó en 12,3%, las remuneraciones aumentaron en 4% y el gasto en bienes y servicios se elevó en un 6,4%. Mostrando un aumento en toda la estructura de gastos.

Paralelamente, la cantidad de empleados en el sector público ha aumentado en 4.963 personas entre julio 2018 y julio 2020; un promedio de 200 plazas nuevas por mes. Además, el salario promedio de un empleado público pasó de ₡1.056.670 a ₡1.237.302 en el mismo periodo (datos de CCSS en su apartado de Seguro de Salud).

Credibilidad

Entonces, ¿Con qué credibilidad el gobierno demanda más impuestos? La responsabilidad con la reducción del gasto adquirida hace 15 meses no se ha evidenciado en lo absoluto; inclusive el crecimiento del gasto en el periodo pre-pandemia fue mucho mayor a los dos años anteriores.

No existe ningún sistema contable que resista gastos superiores a sus ingresos. Contraer el gasto debe ser la prioridad nacional.

Más grave aún, la no priorización de la contracción del gasto se evidencia en la propuesta en discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder optar por el préstamo de servicio ampliado por $1.750 millones (₡1 billón).

Las medidas planteadas significarían un saneamiento a las finanzas pública cercano al 6% anual del Producto Interno Bruto (PIB) del país, para los próximo cuatro años. Pero en esta propuesta, sólo el 25% de la mejora financiera buscada se desprende de acciones relacionadas con la contracción del gasto; y varias de esas medidas corresponden a deberes negociados y adquiridos por el gobierno con la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas de julio de 2019 (como la regla fiscal). Es decir, ya son compromisos del Gobierno con el pueblo, que se acarrean desde la última reforma fiscal.

Consecuentemente, el 75% del saneamiento en las finanzas públicas corresponde a los ingresos que resultarían de los nuevos impuestos. Es más que evidente que no hay compromiso con el gasto; pedir más cuando la plata no alcanza es la opción más sencilla de solucionar el problema, sin importar todos los efectos negativos que esto implica en la economía, en especial a las personas (consumidores) y a las empresas (generadoras de empleo).

La propuesta al FMI implica 25% reducción del gasto y 75% nuevos impuestos.

Daños al consumidor: más impuestos no solo afectarán la capacidad de compra de las personas, también su confianza presente y futura. El índice de Confianza del Consumidor desarrollado por la Universidad de Costa Rica cayó a su punto mínimo histórico (28,5%) en agosto del 2019, justo después de la aprobación de la reforma fiscal. Actualmente, esta confianza se encuentra en un nivel similar (28,3%) debido a efectos acarreados del 2019 y los daños ocasionados por la pandemia. Nuevos impuestos sólo afectarían aún más la confianza de los costarricenses, contrayendo y frenando el ciclo de consumo necesario para la rehabilitación de la economía.

Daños empresariales: la caída en las ventas y el aumento de los costos de operación resultantes de los nuevos impuestos se transformarán en una caída de la inversión, pérdida de empleo y cierre de negocios. Paralelamente se crearán incentivos para la informalidad y el comercio ilícito, situaciones que implican pérdidas fiscales.

El Gobierno tiene que entender que los costarricenses perdimos la confianza, tanto en la gestión pública como en las promesas de estabilidad con base en sacrificios; el cuento de Juan y el lobo llegó a su culminación.

Hasta ver una contracción del gasto real y tangible, y recuperar la confianza de los costarricenses, el Gobierno carece de derecho a considerar alguna nueva carga impositiva ni aumentar las existentes.