Desde hace varios años algunos economistas, como el pastorcillo del cuento Pedro y el lobo, han pronosticado una gran catástrofe económica como consecuencia del alto déficit fiscal y de la acumulación de deuda por parte del Gobierno Central. ¿Le hacemos caso a esta predicción o es mentira que viene el lobo?
Examinemos la situación fiscal del 2017: los ingresos totales del Gobierno Central fueron de ¢4,07 billones (en el sentido castellano del término, millones de millones), los gastos totales fueron de ¢6,7 billones y el faltante, lo que llamamos déficit fiscal, fue de ¢2 billones de colones, un dos seguido con 12 ceros a su derecha.
Estos ¢2 billones de déficit fiscal se financiaron casi en su totalidad con ahorro local. Es decir, recursos que no llegaron a financiar a los hogares y empresas del país.
Pero la situación es todavía más compleja. Los ingresos del Gobierno Central no alcanzaron en el 2017 ni siquiera para pagar los gastos corrientes (salarios, intereses, pensiones, etcétera).
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El Gobierno Central se endeudó en ¢1,4 billones para pagar el gasto corriente. De hecho, una quinta parte del gasto corriente fue financiado con deuda.
El deterioro de las finanzas del Gobierno Central se inició en el 2009, se mantuvo en los años siguientes y ha recrudecido recientemente.
El déficit fiscal fue de 6,2 % del PIB el año pasado y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que sin reforma fiscal, el faltante será de 7,2 % este año y de 7,9 % en el 2019. Estos niveles son los más altos que el país ha visto desde la crisis de económica ocurrida durante la administración Carazo Odio (1978-1982).
Una gran crisis
Costa Rica ha tenido habilidad para “estacionar” el déficit del Gobierno Central en diferentes lugares. En el pasado ha usado al Banco Central (emisión monetaria para financiar el déficit), a los bancos comerciales, a otras entidades públicas y a la deuda externa.
Desde la crisis financiera internacional del 2008 la política monetaria de la Reserva Federal expandió la liquidez para sacar a la economía de Estados Unidos de la recesión. Esto implicó internacionalmente abundancia de dólares y bajas tasas de interés.
Este ambiente de financiamiento externo fácil y barato permitió que Costa Rica “estacionara” fácilmente su déficit en el exterior, por varios años. Localmente no se sintieron las consecuencias del faltante fiscal y en el país los ciudadanos tuvieron la sensación de que se podía mantener déficits continuos y crecientes sin costo alguno.
Prueba de ello es que el presidente Solís manifestó, al inicio de su Gobierno, que la reducción del déficit no era una prioridad.
Lamentablemente, los costos sí existen. Algunos economistas han pronosticado una gran crisis si no se reduce el déficit fiscal. Algo similar a decir que ya viene el lobo. Esto puede ocurrir si no hay una solución al problema fiscal.
Esta macro crisis se podría manifestar en la incapacidad por parte del Gobierno Central de hacer frente al servicio de la deuda y en aumentos abruptos en el tipo de cambio y en las tasas de interés.
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Al panorama anterior se llegaría en caso extremo y sería posible si el BCCR impide los ajustes de tipo de cambio y de tasas de interés de forma tal que el ajuste posteriormente tenga que ser violento.
En EF asumimos que el BCCR será responsable y desde ya realizará los ajustes necesarios en el tipo de cambio y en las tasas de interés para lograr sus objetivos de estabilidad macroeconómica.
Pero decir que el escenario más probable no sea una crisis de tipo explosivo, no quiere decir que no exista del todo la probabilidad de su ocurrencia. Lamentablemente, el riesgo existe.
Aullidos fiscales
Desde el exterior nos ven como una economía de mayor riesgo. Las empresas calificadoras han señalado claramente este mayor riesgo originado en la situación fiscal. Esto reduce y encarece las posibilidades de financiamiento del país en el exterior.
Pero aún y cuando no ocurra una macro crisis, los costos de la situación fiscal ya los estamos viviendo. La deuda del Gobierno Central ha sido creciente y ha llegado a representar prácticamente el 50 % del PIB. El pago de intereses de esta deuda ha aumentado y compite en el Presupuesto Nacional con otros gastos como educación, salud y seguridad, lo cual tiene implicaciones en los servicios que el Gobierno puede ofrecer a sus ciudadanos.
En los últimos dos años el financiamiento del déficit fiscal, ante la ausencia de recursos externos, se ha realizado con ahorro local, lo cual ha llevado al estrujamiento del crédito del sector privado (personas y empresas). Esto a su vez, reduce la inversión, el crecimiento económico y las posibilidades de generar empleo, tal como ocurrió en el 2017.
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Lamentablemente, la posibilidad de que el país realice una reforma fiscal no es clara. Por el contrario, si miramos hacia atrás vemos que los dos últimos intentos de reforma, uno en el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) y otro en el de Laura Chinchilla (2010-2014), terminaron en fracaso.
En conclusión, la perspectiva en EF no es realizar pronósticos catastrofistas, pero reconocemos la existencia de un riesgo de que el país tenga una macrocrisis.
Por ahora, el lobo ha llegado en forma silenciosa: menor inversión privada, menor crecimiento y mayor riesgo. Estos costos ya están instalados en nuestra economía. No nos expongamos a mayores aullidos fiscales.