Por: Krissia Chacón.   9 abril

Hoy usted puede gestionar consultas de créditos, solicitar estudios financieros e incluso en cuestión de minutos le pueden poner en marcha un crédito para un vehículo a través de un smartphone, pero el proceso digital se estanca allí. Para formalizar su trámite tendrán que mediar los papeles.

Esta situación se da porque no existe una regulación ni un ambiente financiero controlado para que las gestiones dependan solamente de la tecnología. Seguimos amarrados a los requisitos de la banca tradicional.

México implementó el pasado 10 de marzo la Ley Fintech que ofrece un marco legislativo para regular las plataformas denominadas Instituciones de Tecnología Financiera.
México implementó el pasado 10 de marzo la Ley Fintech que ofrece un marco legislativo para regular las plataformas denominadas Instituciones de Tecnología Financiera.

México dio un gran paso en la región al apostar por la innovación y respaldar a las fintech con un marco regulatorio que incentiva la creación de productos y servicios financieros que estén impulsados por las nuevas tecnologías.

El país azteca vio la necesidad de ofrecer un respaldo legal a los nuevos emprendimientos financieros porque estaban ante un vacío que no permitía el desarrollo ni el crecimiento efectivo de estos negocios. Tampoco ofrecían seguridad jurídica a los inversionistas ni una adecuada protección a los consumidores.

La Ley Fintech mexicana destaca porque le brinda protección a cuatro figuras: el financiamiento colectivo o crowdfunding, los activos virtuales o criptomonedas, las API o intercambio de información entre instituciones, y la regulación sandbox o de prueba.

Con la aprobación de esta ley en México, Costa Rica puede tener esperanzas en replicar un modelo similar que estimule el avance de las entidades financieras y así ofrecer un ecosistema seguro para los pagos, inversiones, créditos, ahorros y transacciones.

Plena competencia

México se puso la bandera de vanguardia mundial en cuanto a la regulación del ecosistema fintech.

La palabra fintech es un término compuesto del inglés y que se forma al combinar finance y technology, es decir, tecnología financiera.

El 10 de marzo anterior entró a regir en esa nación la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech.

La legislación crea un marco para regular las plataformas denominadas Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), a las que define como aquellas que realizan operaciones y brindan servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico.

El gobierno mexicano comunicó que en la Ley Fintech se establecen las herramientas regulatorias necesarias para el sano desarrollo de este sector, lo cual traerá mejores condiciones de competencia en la prestación de servicios financieros y permitirá que estos sean accesibles a más personas.

La nueva legislación contempla dos tipos de entidades financieras: Instituciones de Financiamiento Colectivo, que son aquellas plataformas que ponen en contacto directo a los interesados en obtener un crédito y generalmente se trata de instituciones que brindan acceso a nuevas fuentes de financiamiento a segmentos de la población que usualmente son atendidos por la banca tradicional; y las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, las cuales realizan servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos para hacer pagos y transferencias.

Asimismo, se hace obligatorio para las entidades financieras el establecimiento de interfaces de programación de aplicaciones que permitirán que terceros autorizados puedan crear herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia de los usuarios de servicios financieros en un ambiente de plena competencia.

En Costa Rica las plataformas que operan como intermediarias entre el sistema financiero y el cliente final suelen brindar herramientas para comparar la oferta y facilitar que el usuario decida cuál es la entidad que se ajusta a sus necesidades. Ellas no tramitan los créditos directamente.

También hay otras plataformas fintech que en cuestión de minutos hacen análisis crediticios y le indican a la entidad financiera si el cliente es apto para un crédito. Sin embargo, después se requiere que el banco entre en el proceso normal para formalizar el trámite y es nuevamente donde entran los papeles y las sucursales físicas.

Este proceso tibio de digitalización imprime ineficiencias y costos, que con una ley como la de México, permitiría firmar digitalmente y validar la identificación de la persona sin que esta salga de su casa o lugar de trabajo.

"La regulación que se emita consistente con la nueva ley estará basada en principios orientados a la protección y defensa de los consumidores de estos servicios, a fomentar la inclusión e innovación financiera, y promover la competencia en el sector". Gobierno de México.

Ernesto Leal, CEO de Kuiki Credit y presidente de Asofintech, afirmó que esta ley confirma que a través de los avances tecnológicos y la innovación se puede atender la relación que existe hoy entre los consumidores financieros y la mayoría de las entidades que brindan estos servicios de manera segura y confiable dentro de un marco regulatorio inclusivo que propicia la competencia e innovación.

"Ahora que este modelo deja claro que con la tecnología podemos servir mejor a los consumidores la visión competitiva y regulatoria claramente deberá mostrar más apertura hacia la innovación, haciendo hincapié en el desarrollo de nuevos productos y modelos de negocio", agregó Leal.

La regulación incorpora el reconocimiento de las Interfases de Programación de Aplicaciones (API’s por sus siglas en inglés), las cuales consisten en un conjunto de reglas que permiten que las aplicaciones se comuniquen entre ellas. La legislación mexicana propone que tanto las ITF como las entidades financieras cuenten con estas API para facilitar la interconectividad de los servicios financieros, siempre y cuando exista previo consentimiento de los usuarios.

Criptoactivos y ambiente de prueba

El nuevo marco legal azteca incluye una sección dedicada a los activos virtuales que son entendidos como representaciones de un valor digital que es verificable y que no tienen curso legal, pero que sí generan intercambio porque son aceptadas por las personas.

Randall Barquero, socio de Consortium Legal, explicó que la ley pretende que tanto las ITF como las entidades financieras existentes (bancos, financieras, etc.) puedan operar con estos activos virtuales, según las regulaciones allí establecidas. Así, las denominadas casas de cambio de estos activos virtuales, solo podrán ofrecer los que sean autorizados por el Banco de México, y también se permitiría el envío y recepción de remesas a través de estas tecnologías.

La posición oficial del Banco Cental de Costa Rica (BCCR) y que fue expresada a través de un comunicado de prensa el 9 de octubre del 2017 es que "el bitcoin y otras criptomonedas similares no cuentan con el respaldo del BCCR. De igual manera, al no ser emitidas por un banco central extranjero no pueden ser consideradas como moneda o divisa extranjera bajo el régimen cambiario, razón por la cual no están cubiertas por la seguridad que ofrece la intermediación cambiaria ni la libre convertibilidad de la moneda".

Toda persona que adquiera este tipo de activos digitales, ya sea como forma de ahorro o medio de pago, lo harán bajo su propia cuenta y riesgo. El BCCR advirtió que estas operaciones no están contempladas por las regulaciones bancarias ni por los mecanismos de pago autorizados por Costa Rica.

Uno de los aspectos más disruptivos de la Ley Fintech mexicana es que regula los “Modelos Novedosos” conocidos como Regulatory Sandbox (bancos de prueba regulatorios o ambientes regulatorios controlados), que permiten crear un espacio para innovar de forma flexible, pues se abren ventanas en cuanto a los temas regulatorios con el objetivo de que las empresas puedan probar y experimentar sus nuevos productos y servicios en un entorno seguro, con límites y restricciones predefinidos.

"Esto es un reconocimiento al dinamismo y la velocidad con la que ocurren los avances tecnológicos, y que en muchas ocasiones no permite adecuar oportunamente los supuestos de las normas jurídicas existentes para evitar bloquear o entorpecer el nacimiento y desarrollo de nuevos productos y servicios de carácter innovador y disruptivo", comentó Barquero.

Actualmente en Costa Rica este "ambiente de prueba" no existe y en la mayoría de las ocasiones son las incubadoras y aceleradoras las que toman el riesgo de invertir en proyectos fintech.

El manejo de datos personales, la seguridad de las herramientas tecnológicas y la innovación que está detrás de cada proyecto se convierten en trascendentales para apoyar un emprendimiento financiero.

Tampoco existe gran apoyo por parte de la banca en la inversión de nuevos proyectos, ya que el Sistema de Banca para el Desarrollo todavía está amarrado a los requisitos tradicionales que van desde una hipoteca hasta presentar dos años de estados financieros.

Leal señaló que la aprobación de esta Ley en México tendrá un impacto positivo en Costa Rica aunque seguramente no será inmediato.

"Sin duda le trae mayor credibilidad a las instituciones de tecnología financiera y contribuirá a generar un entorno fértil para el crecimiento de las empresas fintech que operan en nuestra región. En resumen, esta ley valida la importancia que tiene para nuestros países el desarrollar un ecosistema fintech para el beneficio de los consumidores finales y de una mayor personalización y transparencia en la entrega de estos productos de la mano con nuestros reguladores", concluyó Leal.

El futuro de la banca es reducir costos, ser ágil, digital brindar mayor seguridad, para lograrlo necesita robustecer su ecosistema y abrirle un espacio a las fintech.

La innovación tecnológica no es el competidor de la banca, sino que se convierte en un medio para llegarle a más personas e incrementar su portafolio de servicios.