El encendido de la televisión digital en Costa Rica quedó reprogramado para el 14 de agosto del 2019. Lograrlo dependerá de cumplir eficientemente el cronograma de tareas y, en especial, de involucrar a los concesionarios en un proceso que nos los anima del todo.

Es claro que se depende de agilizar la entrega de permisos de prueba y títulos habilitantes de las nuevas frecuencias, así como de la comunicación a la población, de distribuir convertidores y del traslado final de las torres en áreas con riesgos en el Volcán Irazú, entre otras tareas.

En 12 meses se deberá cumplir con lo que no se hizo en 10 años, desde que se inició el estudio de los estándares, se eligió la norma brasileña japonesa ISDB-Tb y se definió la primera fecha del encendido digital fuera el 5 de diciembre del 2017.

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No es suficiente.

Se deberá involucrar más a los concesionarios actuales, concientizándolos de la necesidad del cambio, de sus beneficios comerciales y de que no se trata solo de liberar y luego otorgar frecuencias a los operadores móviles.

“Permitir la presión de las empresas interesadas para que se dé un encendido digital precipitado, sin los debidos procesos de seguridad técnica y jurídica para los tele difusores, nos llevaría sin duda a judicializaciones que entrabarían el proceso y lo retrasarían”, advirtió Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión.

Para la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), que reúne a los operadores de telecomunicaciones, tampoco se puede dejar de lado ni lo técnico ni lo jurídico.

“Un error trascendental sería descuidar aspectos técnicos del proceso”, dijo Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de Infocom. “En igual sentido no se puede dejar el marco de seguridad jurídica, que debe ser eje transversal en todos los aspectos del proceso y para todos los involucrados, incluyendo los concesionarios”.

En Costa Rica sólo el 30% de los hogares, que actualmente no cuenta con servicios de cable o satelital, es el que tiene que prepararse para el cambio a la televisión digital, abierta y gratuita.

Los suscriptores de servicios de paga ya reciben distintas opciones para contratar canales digitales y de alta definición de parte de sus proveedores.

El paso a la televisión digital es considerado estratégico por dos razones.

Por un lado, se trata de un cambio similar al que se dio con la televisión a colores en los años 70. Ahora se daría un nuevo salto en la calidad de la imagen y el audio, así como para el desarrollo de servicios interactivos.

Por el otro, se liberarían 100 MHz en la banda de 700 MHz, cuyo destino oficial son los servicios móviles avanzados de quinta generación (5G), según las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

A su vez, los recursos de estas futuras concesiones móviles se dirigirán por ley a los programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), para reducir la brecha digital.

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Involucrar

La nueva fecha fue definida a finales de la Administración Solís, mediante un decreto ejecutivo emitido el 16 de diciembre de 2017.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el viceministerio tienen claro que el paso a la televisión digital requerirá sumar voluntades.

“Estamos articulando con los demás actores para que todos cumplamos en tiempo las responsabilidades de cada uno para cumplir con ese plazo”, sostuvo Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones.

El actual atraso no implica ningún costo adicional del proceso, aunque queda por estimar la entrega de dispositivos convertidores a población de escasos recursos.

Tampoco se espera realizar alguna indemnización a los concesionarios actuales por las inversiones realizadas en equipos, como sí ha ocurrido en otros países.

La suma de voluntades deberá hacerse para cumplir con el cronograma. También para involucrar a los concesionarios.

Los canales de televisión están anuentes a impulsar y desarrollar el nuevo formato, pero no están muy entusiasmados porque deben cargar con las inversiones en equipos y “sin apoyo gubernamental”, temen que una parte de la población quede excluida del encendido digital y que terminen perdiendo audiencias.

Tampoco entienden que se diga que hay atraso, pues sostienen que el único país que ha realizado el apagón analógico en la región es México y que el mismo Brasil lo hará hasta el 2023.

“Al radio y tele difusor no le interesa la interactividad”, dijo Amador.

Tanto los concesionarios como otros sectores consideran necesario un plan de cobertura nacional con claridad en los tiempos, así como el acceso de la población de menores recursos a la información y a la tecnología.

Asimismo, la coordinación con los importadores de televisores y convertidores y de las entidades públicas tanto como la divulgación de los beneficios del cambio a la televisión digital y la inclusión de los concesionarios actuales.

“En esta socialización sería un error no involucrar a todos los actores, sobre todo a los propios operadores de televisión abierta”, dijo Ramírez, de Infocom.

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¿Cambio de enfoque?

Probablemente eso implique un cambio de enfoque o al menos de énfasis, que implique que la rectoría de telecomunicaciones se concentre en cómo atender esas inquietudes.

No podrá descuidar la gestión de las múltiples tareas que tiene por delante dado que el avance de algunas de ellas depende de su propia eficiencia, al menos en unos caso.

Por ejemplo, actualmente hay 15 concesionarios con permiso para realizar pruebas de televisión digital. Son apenas cuatro más que los 11 permisos que había en el 2015.

Es decir, en cuatro años el Viceministerio y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) sólo otorgaron un permiso por año, en promedio.

El Viceministerio dice que los concesionarios no han presentado solicitudes en el 2018.

Ahora deberá dilucidar si es que los concesionarios no tienen claridad sobre la continuidad del proceso.

O si es que hay operadores de televisión que no tienen la capacidad financiera para realizar las inversiones en equipos y hacer las pruebas.

En otras tareas se depende de otras instituciones.

Es el caso de los tres concesionarios pendientes, de los 10 obligados inicialmente, de trasladar las torres de transmisión de la zona con riesgos de deslizamientos en el Irazú.

Ellos disponen de cuatro meses para cumplir, pues la Comisión Nacional de Emergencia les dio plazo hasta finales de este 2018.

Aquí se requieren los permisos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para los nuevos puntos donde reubicarán sus torres.

Para lograr esas aprobaciones se formó una Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura en Telecomunicaciones, que preside el Viceministerio.

Lo mismo ocurre con el programa de educación o “alfabetización”, cuyo presupuesto para el 2019 también depende de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.

En el 2016, con menos premura en el plano fiscal, el anterior congreso recortó ¢600 millones del presupuesto que solicitó el Micitt para el 2017.

El ajuste afectó el plan de “alfabetización” en televisión digital, precisamente.

Con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) también hay que renovar el convenio mediante el cual será esa entidad la encargada de definir a cuáles familias se le entregarán los convertidores gratuitos.

El Instituto se basará en los datos de la Ficha de Información Social y recibirá asesoría técnica del Viceministerio.

Se estima que deberán entregarse 140.000 convertidores.

En la actualidad se realiza el ajuste al cartel de licitación “con base en las observaciones recibidas durante la consulta pública del precartel”.