EscucharLos operadores de telecomunicaciones enfrentan, desde hace más de una década, una heterogénea y compleja maraña de normas locales dictadas por las municipalidades para el despliegue de infraestructura de Internet fijo, televisión por cable y telefonía móvil.
En ese tiempo, la rectoría del sector —en la actualidad a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt)— realizó diferentes esfuerzos para estandarizar los trámites municipales, agilizar el despliegue de redes y facilitar el acceso a los servicios.
La disparidad de normas es uno de los factores que generan desigualdades entre los actuales 84 cantones de Costa Rica. Según Micitt, el 33% tenía pendiente la armonización de sus reglamentaciones locales con los estándares nacionales. Los gobiernos locales que sí lo hicieron lograron un promedio de 98,55 puntos sobre 100 en la gestión de infraestructura, asegurando un entorno regulatorio propicio para la inversión. Los que no, apenas obtuvieron 40 puntos, limitando las oportunidades de desarrollo para sus comunidades.
El 8 de julio anterior, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó el dictamen vinculante PGR-C-107-2026, según el cual las municipalidades están obligadas a subordinar y ajustar sus reglamentos conforme al marco normativo nacional dictado por el Poder Ejecutivo, al tratarse de una actividad de interés público nacional. Así, cualquier norma cantonal que contradiga los lineamientos nacionales resulta nula e inaplicable.
“Lo valioso de esta resolución es que aporta seguridad jurídica y reglas claras, tanto para los gobiernos locales como para los operadores, para que cuenten con un criterio claro para resolver este tipo de trámites sin quedar expuestos a interpretaciones contradictorias. Esta claridad es necesaria porque, en la práctica, todavía hay retos pendientes”, respondió la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) a una consulta de El Financiero.
El dictamen surgió ante una solicitud del Micitt para conocer el criterio jurídico de la PGR sobre la aplicación de la Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica (Nº 10216) y su reglamento.
El Ministerio alegó la incompatibilidad de diversas normas cantonales con esa ley y agregó un informe en el que sostenía el carácter de interés público nacional de la infraestructura de telecomunicaciones, la obligación de los gobiernos locales de armonizar sus regulaciones, así como la invalidez y desaplicación de las normas de menor rango.
Agregó que los planes reguladores y las competencias de planificación urbana municipal no pueden utilizarse como instrumentos para obstruir el despliegue técnico dictado por el marco nacional.
La PGR concluyó y respondió que las normativas municipales, previas o posteriores, que resulten incompatibles o introduzcan requisitos contradictorios con la Ley Nº 10216 y su reglamento se consideran nulas e inaplicables.
Asimismo, señaló que cualquier emisión regulatoria local en materia de telecomunicaciones queda estrictamente limitada y subordinada a las directrices técnicas fijadas por el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
“La normativa técnica nacional es el eje articulador que permite promover y garantizar el derecho fundamental al acceso a las telecomunicaciones y las TIC”, dijo Alonso Zeledón, viceministro de Telecomunicaciones.
Lo pendiente
Todavía 16 años después de la apertura del mercado de telecomunicaciones, el despliegue de infraestructura continúa enfrentando distintos niveles de complejidad, tiempos, procedimientos y requisitos para la tramitación de proyectos en diversas zonas de Costa Rica.
Aunque se reconocen los avances de numerosos gobiernos locales para armonizar la normativa con los lineamientos nacionales, persisten 28 municipalidades con diversidad de criterios y requisitos desactualizados o incompatibles con la Ley Nº 10216.
Esas situaciones se presentan en materia de trámites de uso de suelo, licencias de construcción y permisos para torres, postes y mobiliario urbano, generando incertidumbre y ralentizando los procesos de despliegue.
“La conectividad no debería depender del cantón donde viva una persona. Debe responder a una visión nacional que permita llevar más infraestructura, más competencia y más oportunidades a todos los costarricenses”, respondió la firma Claro Costa Rica.
Para los operadores, el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) aporta claridad, consistencia, previsibilidad y seguridad jurídica sobre la importancia pública, el marco legal y las condiciones de inversión para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de las redes, la ampliación de la conectividad y para la respuesta a las demandas de la población, las empresas y las instituciones.
“Más allá del alcance jurídico del dictamen, creemos que Costa Rica se beneficia cuando existe certeza regulatoria y una visión compartida que permita continuar fortaleciendo la infraestructura digital, siempre dentro del marco legal vigente”, dijo Rodolfo Apéstegui, director general de Telecable.
Los operadores indican que ahora será fundamental fortalecer la coordinación entre las instituciones nacionales, los gobiernos locales y los operadores de telecomunicaciones, acompañar técnicamente y capacitar a los funcionarios de las municipalidades encargados de tramitar estos permisos, uniformar y clarificar la aplicación de criterios técnicos y regulatorios, así como de los procedimientos, plazos y mecanismos para lograr una tramitación eficiente y previsible.
El reto principal será asegurar una aplicación consistente y la coordinación por parte de todas las instituciones que participan en los procesos de autorización y construcción de infraestructura, incluyendo al Gobierno Central, las municipalidades y las autoridades técnicas.
Así se podrá traducir el criterio de la PGR en un despliegue más ágil y eficiente de redes de telecomunicaciones, impulsando la inclusión digital, generando mayores oportunidades mediante una infraestructura moderna y robusta, facilitando el acceso a las comunidades y fortaleciendo la competitividad cantonal, regional y nacional.
“Hacia adelante, el principal reto será asegurar una implementación homogénea y ágil en todos los gobiernos locales”, indicó José Gutiérrez, director de Legal y Regulación de Liberty. “Una ventanilla única digital para la gestión de permisos contribuiría significativamente a reducir tiempos, brindar mayor certeza a los procesos y acelerar el despliegue de infraestructura en beneficio del país”.
La ventanilla única digital, coincidió Infocom, sería una herramienta que agilizaría los trámites y daría mayor certeza a los procesos de despliegue de infraestructura.
“Es importante seguir promoviendo condiciones que impulsen la inversión en infraestructura y permitan cerrar brechas de acceso”, reiteró Apéstegui, de Telecable.
