Por: Carlos Cordero Pérez.   4 junio, 2018

Para instalar una torre de telefonía móvil o de comunicaciones en una zona protegida se necesita el permiso del Sistema Nacional de Área Protegidas (Sinac).

El reglamento existente era de 1997 y establecía que se requería el visto bueno de la oficina de radio, perteneciente a Gobernación y Policía. Pero desde hace 10 años, cuando se aprobaron las leyes de telecomunicaciones, no existe esa dependencia.

Durante años el Viceministerio de Telecomunicaciones envió notas al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) indicando que la oficina de radio ya no existía y que ahora era la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a la que le correspondía decirle al Sinac si un lugar era apto para instalar una torre.

Cuando ocurrieron los deslizamientos en el Volcán Irazú, que exigió el traslado de varias torres a otros puntos del Valle Central que eran zonas protegidas, se logró acelerar la modificación del reglamento.

Además de aquella simple corrección de oficio, se declaró de interés público para realizar la reubicación de las torres en forma prioritaria ante la eventualidad de que ocurra algo similar en otra zona protegida

“Teníamos ocho años de estar revisando ese reglamento”, dijo Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones.

El funcionario reconoció que la aceleración de procesos relacionados con telecomunicaciones en el país implica una cantidad de tareas que sobrepasan los recursos de la rectoría e insistió que se requiere una mayor articulación interinstitucional.

Confía que el cumplimiento de los ajustes realizados a varios reglamentos y directrices de entidades ayude a superar los obstáculos que se han tenido hasta el momento para el despliegue de redes y torres de telecomunicaciones.

Entre los reglamentos ajustados estarían, además del de Sinac, los de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Dirección de Aviación Civil y Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“Hemos tratado de hacer ver a todos los sectores que telecomunicaciones es transversal, un catalizador de toda la economía, y debe estar incluido en la emisión de política pública de los ministerios y de las entidades”

En el caso del MOPT la directriz establece que en el diseño de las vías se debe contemplar la infraestructura de telecomunicaciones.

Estrada anunció que actualmente la Rectoría y el MOPT trabajan en la elaboración de un reglamento que contemple las especificaciones técnicas que debe tener el diseño de las carreteras.

"El gran reto que hemos encontrado es el de articulación institucional", insistió el viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada. (Foto Marcela Bertozzi)

¿Qué se tiene que hacer para agilizar los procesos?

Si vemos todas las modificaciones que se han hecho, tenemos reglamentos de diferentes instituciones: tres del Minae, uno de Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), otro del INVU, de la Sutel, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

Con el Ministerio de Vivienda se trabajó en una política pública sobre planificación urbana el tema de telecomunicaciones.

Ninguno de esos son reglamentos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Uno de los grandes retos es fortalecer la articulación y el compromiso de las instituciones. Ya ha ido permeando la importancia de las telecomunicaciones para cada una de las instituciones.

Con las municipalidades, todas las instancias judiciales ratifican lo que dice la ley, que la infraestructura de telecomunicaciones es de interés público y trasciende a los cantones.

Hay municipalidades que ahora aplicarían el reglamento del INVU y no su propias normas. Estamos acercándonos a ellas para que estén capacitadas.

El Ministro Luis Adrián Salazar ha conversado a los otros ministros para que lo incorporen en sus políticas públicas la infraestructura para telecomunicaciones. Con el Consejo Económico y los otros también llevaremos la propuesta.

Ahora es muy importante permear y educar para la aplicación de los reglamentos. Las personas que les corresponde aplicarlos deben estar claros.

¿Internamente, en el Micitt, que se requiere para acelerar los procesos?

Esto es como un reloj suizo, donde el engranaje mueve todo lo demás: con la televisión digital en agosto del 2019 tendremos la libre la banda de 700 MHz.

Hay que evaluar el cronograma hecho en el 2012 de los concursos que se iban a sacar y evaluar con la Sutel las bandas que se van a usar a futuro, en concordancia con lo definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

¿Qué se requiere a lo interno? Tenemos poco personal y todos los grupos tienen que ver con todos los temas. Debemos tener una estrategia para hacer más eficiente y cumplir con todas las disposiciones.

¿Es por falta de recursos?

Sí, es un tema de recursos. La Contraloría en el 2012 lo había indicado. Pero es lo que tenemos. Entendemos la situación fiscal del país, la compartimos.

¿Está planteado aumentar recursos?

Hemos conversado con el señor Ministro y tenemos que ver cómo lo planteamos en el marco de la situación fiscal.

Las tareas nos sobrepasan (ver recuadro “Agenda recargada”).

El Viceministerio de Telecomunicaciones había impulsado una campaña de divulgación de televisión digital que se vio interrumpida con el recorte al presupuesto del 2017. Ahora espera retomarla, pues alega que es necesaria para que el 30% de la población que usa televisión abierta, la mayoría de zonas rurales, esté informada del cambio que se daría en agosto del 2019.
El Viceministerio de Telecomunicaciones había impulsado una campaña de divulgación de televisión digital que se vio interrumpida con el recorte al presupuesto del 2017. Ahora espera retomarla, pues alega que es necesaria para que el 30% de la población que usa televisión abierta, la mayoría de zonas rurales, esté informada del cambio que se daría en agosto del 2019.

La industria había planteado la separación del viceministerio del Micitt. Ahora tienen altas expectativas del nombramiento de Luis Adrián Salazar como Ministro.

Ese es un tema cuyo escenario de discusión es la Asamblea Legislativa. En este momento estamos concentrados en trabajar con lo que tenemos.

¿Costa Rica tiene una legislación para enfrentar los desafíos tecnológicos para la próxima década?

Sí. Parte de las virtudes de esta legislación es el principio de convergencia, que no regula servicios sino redes y esto permite que se vaya adaptando a toda nueva tecnología.

A los operadores se les otorga espectro y ellos pueden ir dando los servicios que tecnológicamente puedan crear.

Si hay servicios donde se requiera más espectro es otro tema, como es el caso de Internet de las cosas (IoT), que requiere soportar una alta carga de datos y se va a necesitar.

Eso facilita a los operadores introducir nuevas tecnologías y servicios y, sobre todo, beneficia al usuario y a las empresas pues no tienen que esperarse a que se den nuevas concesiones.

¿En ese marco legal nos está faltando la neutralidad de la red?

Costa Rica siempre ha defendido la neutralidad de la red.

En la Cumbre Mundial de Telecomunicaciones Internacionales en Dubái en 2012 se debatió un reglamento de comunicaciones que incluía artículos que se podrían interpretar como contrarios a la neutralidad de la red.

El país no lo suscribió pues siempre hemos defendido la neutralidad de la red porque incentiva la innovación en empresas pequeñas y personas para la creación de software, contenidos, aplicaciones, porque entran en las mismas condiciones que las grandes empresas.

Los operadores y el Viceministro confían que la directriz del MOPT y un reglamento para contemplar la infraestructura de telecomunicaciones en los diseños de carreteras ayude a acelerar la reubicación de las redes. En Lindora incluso se ha tenido que mover las redes varias veces. (Foto Adrián Soto)
Los operadores y el Viceministro confían que la directriz del MOPT y un reglamento para contemplar la infraestructura de telecomunicaciones en los diseños de carreteras ayude a acelerar la reubicación de las redes. En Lindora incluso se ha tenido que mover las redes varias veces. (Foto Adrián Soto)

¿Falta ratificar ese principio a nivel legal?

En la práctica no, porque ese es el status quo.

Pero los operadores van entrando con servicios de streaming y ofreciendo contenidos cada vez más.

Se le podría dar mayor rango mediante diferentes instrumentos legales como decretos, leyes incluso o el reconocimiento por la Sala Constitucional.

¿Está planteado a nivel de política pública?

No, nos falta eso. Si se quiere establecerlo a nivel de ley sería una cuestión de los diputados.

¿De parte de la Administración Alvarado hay alguna propuesta para plantearlo? Tenía entendido que fue parte del acuerdo entre Alvarado y Rodolfo Piza.

Eso tendría que revisarlo con el Ministro. Hemos conversado sobre su importancia.

¿Qué nos falta en la legislación frente a los retos de la próxima década?

Estamos muy tranquilos con el principio de convergencia. A no ser que salga un nuevo servicio que requiera ajustes legales.

Lo que debemos hacer ahora es aplicar los nuevos reglamentos.

Agenda recargada
Entre las tareas en implementación en el viceministerio de Telecomunicaciones se encuentran:
Televisión digital: El encendido sería en agosto del 2019. Se implementarán acciones en área de solidaridad (donación de descodificadores a hogares de escasos recursos a través del IMAS), información (se incluirá presupuesto), adecuaciones de títulos habilitantes (Sutel evalúa 20 solicitudes; ya remitió 3 casos a Micitt) y enlaces microondas (4.000 expedientes en proceso junto con Sutel).
Banda angosta: Se concesionará espectro a operadores de servicios de radiocomunicación privada o troncalizada para que brinden servicios en mercado local a instituciones y empresas. En proceso de elaboración de informes para hacer la recomendación al Poder Ejecutivo para que éste dé la instrucción a Sutel y se realice el concurso. 
Revisión de licencias: Se han presentado a Procuraduría General de la República un total 13 lesividades por concesiones con algún vicio de nulidad en el acto de otorgamiento en servicios de radiodifusión, entrocados y enlaces punto a punto. Hay otras 3 a punto de ser enviadas. 
Procedimientos administrativos: 20 casos en proceso de extinción de concesiones o licencias por uso ineficiente del espectro otorgado.
Fuente: Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones