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El Gobierno pretende agilizar la ejecución del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) incluyendo en los títulos habilitantes obligaciones específicas a los operadores para brindar acceso y servicio universal.
Esta asignación de proyectos de Fonatel se hará por decreto ejecutivo y con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El título habilitante es el permiso que otorga el Poder Ejecutivo a una empresa con el objetivo de usar el espectro radioeléctrico para brindar cualquier tipo de servicios de telecomunicaciones.
Con ello, la empresa estatal deberá dar acceso a tecnologías digitales y conectividad de banda ancha al al 100% de los centros educativos, mediante el proyecto Cerrando Brechas del Ministerio de Educación (MEP).
Para ello, el Ejecutivo ordenó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) emitir un informe técnico sobre el cambio en los títulos habilitantes.
“El objetivo es dar solidez al procedimiento. La ley dice que la Sutel hace los estudios técnicos para ejecutar los procedimientos”, explicó Rowland Espinoza, viceministro de Telecomunicaciones.
El ente regulador tendrá hasta un mes para hacer el trabajo, a partir de la publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta.
Y tendrá un mes adicional (dos meses en total) para incorporar la iniciativa del MEP al plan anual de proyectos y programadas de Fonatel.
EF consultó a los miembros del Consejo de la Sutel sobre el tema. Empero, Eduardo Castellón, vocero de prensa de la institución, dijo que no se referirán al tema porque no conocen el fondo del decreto.
Única salida
La Presidenta Chinchilla confirmó que el título habilitante será la herramienta que usarán para agilizar la ejecución de Fonatel e integrar a las comunidades a la era digital.
“Yo sé, pero no estoy autorizada a dar los nombres, que hay otra operadora telefónica que está muy interesada en seguir el mismo modelo del ICE”, dijo la mandataria.
La medida anunciada por el Gobierno pone fin a un conflicto que se hizo evidente a mediados del año pasado, cuando los jerarcas del Gobierno empezaron a presionar al ente regulador para agilizar la ejecución de Fonatel e implementar proyectos con mayor cobertura.
Para el Gobierno ha pasado mucho tiempo. Claro y Movistar depositaron $170 millones en las arcas del Estado por la concesión para dar telefonía móvil en el país a mediados del 2011.
“Dimos tiempo”, comentó la presidenta a los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Monseñor Sanabria donde se llevó a cabo la actividad.
Por ello, la mandataria dijo que el decreto es “un paso adicional” porque no se ha podido avanzar en la vía que se esperaba para reducir la brecha digital.
“Hasta ahora solo hay un pequeñitico, diminutico proyecto allá, para una comunidad que además no logró avanzar. Nosotros les dijimos (a la Sutel) que aquí hay una oportunidad de dar un salto rápido”, añadió la mandantaria.
Se trata del primer proyecto que lanzó el ente regulador que daría telefonía e Internet a un poco más de 4.000 personas en una comunidad de Limón.
