EscucharQueremos pago electrónico en autobuses, servicios públicos digitalizados, operaciones en empresas automatizadas y wifi en espacios públicos. Para todo eso se requiere redes y la infraestructura que soporten tanto para servicios móviles como de fibra óptica.
Para que el país pueda tener la infraestructura que se necesita no hay que hacer reformas a las leyes de telecomunicaciones, aprobadas hace una década. Tal vez, sí se requieran ajustes en algún que otro inciso.
Uno podría ser que mientras el Ministerio de Hacienda cobra el canon de espectro, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) recauda los cánones de regulación y para el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Esta división crea deficiencias.
Más probablemente se necesite emitir algunas directrices, reglamentos, decretos, o actualizar el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones (PNDT). Y, claro está: más articulación institucional.
O que los reglamentos creados por la Sutel no tengan que ir a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), a la que está adscrita como órgano desconcentrado.
“La legislación sigue siendo novedosas e innovadora, sobre todo en el modelo: donde hay un ente de regulación y un ente de política pública”, dijo Hannia Vega, exviceministra de telecomunicaciones y desde hace un año directora de la Sutel.
Vega incluso dice que para cumplir los requerimientos de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los ajustes son pocos, en materia de competencia.
“La legislación es sólida”, insiste. “No es la ley la que hace que las cosas tardaran más, sino que es la aplicación de ella, la parte institucional Son dinamismos que la experiencia de 10 años nos da y que nos permitiría agilizar temas de mercado directamente.
¿Qué falla: las instituciones, los operadores, los consumidores?
Los consumidores han hecho lo que les tocaba hacer, que es exigir mejoras y activar el mercado. Somos consumidores activos y muy demandantes y eso está bien.
Los operadores trataron de mejorar ofertas cuando el mercado estuvo regulado hasta donde la legislación lo permitía. Hoy, en mercados no regulados, han generado dinámicas muy importantes.
Y han hecho lo propio, pese a los obstáculos municipales, los reglamentos en la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), en el Sistema Nacional de Área Protegidas (Sinac), en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), en Aviación Civil y en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT.
Hay que poner en práctica las modificaciones que se necesitaban ahí, gracias al esfuerzo del viceministerio de telecomunicaciones y la comisión tripartita de infraestructura (operadores, Sutel y rectoría).
Lo mismo en las municipalidades. Los contenciosos, la regulación, la política pública, la legislación y hasta la Sala Constitucional le han indicado a las municipalidades que no pueden seguir con la política dilatoria para impedir el establecimiento de las redes.
Igual con las compras públicas de los servicios de telecomunicaciones.
Ahí hay una variable que es que la ley compite con ley. La legislación permite hacer un trámite más rápido entre instituciones públicas y la gente recurre a operadores públicos tradicionales, porque le facilita los procesos internos de compra.
La obligación, que ya está en ley, y que les ha impuesto la Contraloría General de la República es tener un estudio de mercado donde diga que esa es la mejor opción.
A las instituciones les ha costado comprender que en el mercado hay muchos operadores ahora.
Es curioso, han pasado diez años. Cuando se estaba haciendo la legislación, la gente creía que solo había un operador. Pero era un operador móvil.
Se le olvidaba que existían las empresas municipales, las cooperativas rurales, Cabletica y Amnet (hoy Tigo), Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) y empresas de conexiones inalámbricas punto a punto.
Cada vez hay más acercamiento de los diferentes operadores y de la población porque se mueve más el mercado.
¿Estamos en deuda con la neutralidad de la red?
En el gobierno de Laura Chinchilla, siendo viceministro de telecomunicaciones Rowland Espinoza, ese tema se debatió mucho. Costa Rica estaba liderando la posición en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
El país en ese momento tomó una decisión: neutralidad. Que eso no significa que los operadores siguen con su posición.
Se tomó la decisión a nivel de política pública.
Sí, a nivel de política pública y Costa Rica adoptó un voto en un foro global en esa materia.
Entonces, estamos obligados desde el punto de vista de lo que se votó en esa plenaria. Tienen que ser ratificados, cosa que no ha sucedido. Hay una posición política. Después de eso no ha pasado nada.
¿Estamos en un limbo?
Estamos en un limbo, efectivamente. De lo que he revisado no hay legislación local específica que esté discutiendo eso. Establecerlo corresponde a una norma legal, no a una norma reglamentaria ni a una norma regulatoria.
Mientras los operadores avanzan en la vía que ellos quieren, brindando servicios de contenido y a través de acuerdos con los proveedores de streaming.
El mercado va a hacer todas las promociones y ofertas que considere que les va a atraer clientes. Eso es legítimo y está bien.
Al Estado costarricense le toca identificar si tiene que regular vía legislación. En este momento, hay una convivencia. Si luego se dirige al consumidor en forma obligatoria, eso sí es un tema diferente.
En algunos foros la industria planteó la separación de la Sutel de Aresep y de darle a la Rectoría categoría de ministerio. ¿Es necesario ese paso?
Hoy la Sutel cuenta con varios niveles de trabajo conjunto con la Aresep: aprobación de los planes y el presupuesto, posibilidad de los operadores para recurrir en alzada decisiones de la Superintendencia, y aprobación y publicación de los reglamentos emitidos por Sutel.
El ejercicio de aprobación de los reglamentos es lo que más tarda desde el punto de vista del mercado. Esto es lo que podríamos eliminar por no ser la Aresep un órgano especializado y porque desde el punto de vista de fondo la Aresep no tiene potestad, excepto de mero trámite.
Se han presentado diferencias de Aresep y Sutel por problemas de entendimiento técnico.
Así es. Ahí es cuando se debe tener claro que es de procedimientos y qué es técnico. En los diez años el criterio técnico de Sutel es el que ha prevalecido.
El cuarto nivel de trabajo conjunto es en el nombramiento de los miembros del Consejo de la Sutel y aquí los plazos no han sido exactos: sustituir a un director puede tardar hasta cuatro meses. Ahora tenemos dos procesos en marcha y podría darse alguna limitación institucional por falta de quórum.
En algún momento se planteó si tres miembros del Consejo Directivo o un solo regulador.
Tres es óptimo, pues hay diferentes visiones y, con un mismo objetivo, se complementan muy bien.
¿Se requieren ajustes o reformas de la legislación para acelerar estos procesos?
Se requieren reformas puntuales en materia de reglamentos o en para el cobro de cánones.
En materia de espectro la ley es muy novedosa y en diez años Sutel adquirió los equipos técnicos y protocolos para medir la calidad. Tenemos todo el asidero legal incluso para sancionar si ocurre algo.
La pregunta es si los tiempos que tardamos son los que los demás esperan. Lo que se debe valorar es si las dos instituciones, creciendo de cero y diez años después, era natural que se tardarán.
Sí hay un caso donde no se cumplieron los plazos establecidos: el de televisión digital.
La transición a la televisión digital dependía de muchos factores. No se falló en lo que tenía que ver con Sutel y la Rectoría, y con la Comisión de Televisión Digital.
Todos los estudios se generaron, los operadores fueron pidiendo los nuevos puntos (que en eso sí se tardó más) para las pruebas experimentales.
Hubo una variable externa que nos golpeó, y no fueron las elecciones, sino la situación del volcán Irazú.
También hubo atrasos en permisos para pruebas experimentales. Por eso preguntaba si es necesaria alguna herramienta legal para acelerar todos procesos: infraestructura, TV Digital, espectro,…
Los tiempos y los procedimientos son temas de decreto. Podríamos pensar en que haya regulación para determinar plazos máximos en las administraciones: es un tema meramente reglamentario.
Los ajustes en normas de Aviación Civil, Setena, Sinac, MOPT, INVU y MOPT sirven de guía. Se ha venido resolviendo de esa manera porque el modelo establecido en la leyes lo permitía.
¿Cuáles son los retos que nos quedan, pensando en la próxima década?
Nos queda mucho. Tenemos 10 años y se ha hecho mucho cuando se ven los indicadores de telecomunicaciones: en relación al Producto Interno Bruto (PIB), de empleo de la industria, penetración, ofertas, calidad de servicios y Fonatel (que pasó de 2 a 36 proyectos entre 2014 y 2017). Este país cambió y mucho, bastante.
Tenemos un Ministro que quiere ser Rector y eso es estupendo porque el modelo lo pedía.
El viceministro ha trabajado en forma extraordinaria. Hoy tenemos un Ministro que tiene el conocimiento para ser Rector y vamos a tener un ejercicio muy interesante de modificación del PNDT para incluir infraestructura, metas y plazos, y amarrar a las instituciones.
¿Para cuándo estaría?
Esperamos que sea en un plazo muy corto. Sutel ha trabajado en la agenda regulatoria y ya tenemos cuatro áreas para incluir en el PNDT.
Ahí infraestructura y coordinación interinstitucional es prioritaria. Ya con esa ganamos mucho de lo que viene.
Vamos a requerir más espectro, más infraestructura para instalar. Tenemos un trabajo enorme para el despliegue de televisión digital y disponer las frecuencias de 700 MHz.
El despliegue es el que nos tiene que preocupar. Por eso el tema de infraestructura es prioritario. Si se resuelve la relación y la coordinación interinstitucional en materia de infraestructura, esto vuela.
Si no, tenemos que seguir apagando incendios. Es un tema muy operativo, muy puntual, pero urgente.
Si no lo visualizamos, todo lo que venga –5G, emprendimientos digitales, aprendizaje digital, agenda país digital, etc.– no se van a lograr porque no se tiene la infraestructura.
Hablar de transporte con monedero electrónico, tener las estaciones del tren con wifi o, como habla el Banco Central, eliminar las monedas y sustituirlas con transacciones digitales. Todo eso requiere infraestructura.
Si no se tiene conectado a todo el mundo, con conexiones extraordinarias, no se va a poder hacer. Hemos avanzado, pero si no pensamos en infraestructura digital y de telecomunicaciones no se va a poder hacer.
Si como Estado no le damos la prioridad, todo lo demás no nos va a dar el chance de hacer en los tiempos en que el país requiere. Si tenemos limitaciones y obstáculos institucionales, no se va a poder.
