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La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), mostraron este lunes su disconformidad con el proyecto de ley presentado por el Gobierno y que pretende frenar el crecimiento de la deuda estatal.
El Gobierno procura que ¢226.145 millones del superávit de instituciones autónomas, fondos y dependencias sean destinados al Ministerio de Hacienda.
Entre ellas se encuentran el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), que debería aportar ¢40.000 millones, el mayor monto entre todas las instituciones, y Sutel.
La preocupación de Infocom radica en que “en la Ley General de Telecomunicaciones y en el Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR que dio paso a la apertura del sector, establecen que los recursos de Fonatel no se pueden emplear para fines distintos a los previstos, y en ningún caso, para atención de fines fiscales. En este sentido, el proyecto de Ley propuesto contraviene la normativa nacional y supranacional".
“La naturaleza del Fondo no es la misma que la de los superávits de instituciones públicas: esto no son recursos derivados de una operación superavitaria producto de la generación de ingresos propios, sino de una contribución parafiscal establecido en una ley especial. Además, reiteramos, no se trata de un superávit sino de un fondo cuyos recursos están resguardados en un fideicomiso que está pensado en atender necesidades para cubrir la brecha digital en el país”, señaló Vanessa Castro, presidenta de Infocom.
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La iniciativa fue presentada la mañana de este 10 de febrero a la Asamblea Legislativa por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, previa a la comparecencia ante el plenario del Congreso. El ministro fue convocado por los diputados para explicar el incremento registrado en el déficit fiscal y las medidas extraordinarias del gobierno para enfrentarlo.
De acuerdo con datos oficiales el déficit fiscal representó el 6,96% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2019.
El proyecto establece que el Ministerio de Hacienda está obligado a utilizar los recursos generados “para el pago del servicio de la deuda del Estado, entendiéndose esta última como el pago tanto de intereses, como de amortización”.
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La idea propuesta por el Gobierno va en contra de la mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de independencia financiera que debe tener Sutel como órgano regulador de las telecomunicaciones y Autoridad Sectorial de Competencia. Además, afecta de manera directa los proyectos ejecutados con recursos de Fonatel destinados a las poblaciones vulnerables, explicó el ente regulador ante preguntas de EF.
Mediante el proyecto de ley, se haría una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones para que se pueda utilizar el superávit de Fonatel y destinarlo para mitigar el déficit fiscal.
El artículo 38 de esta ley establece que: “los recursos de Fonatel no podrán ser utilizados para otro fin que no sea para lo establecido en el plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, en el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad, definidos en el artículo 32 de esta Ley, y deberán asignarse íntegramente cada año. No obstante, los costos de administración de Fonatel serán cubiertos con los recursos del Fondo, para lo cual no se podrá destinar una suma mayor a un uno por ciento (1%) del total de los recursos”.
Daño colateral
Los recursos de Fondo tienen como objetivo mitigar la brecha digital y facilitar la inclusión de las personas que están en condición de vulnerabilidad, pero Fonatel arrastra año con año un superávit que crece debido a la falta de ejecución.
Al final quienes saldrían más perjudicados con este movimiento de dinero, serán las personas que tienen limitaciones para acceder a las tecnologías, fue la conclusión de los abogados consultados por EF.
“La promulgación de una legislación que traslade fondos de Fonatel para el pago de deuda pública, tendría un choque constitucional por cuanto afectaría disposiciones de CAFTA y sentencias de la Sala Constitucional”, afirmó Juan Manuel Campos, director general de Ciber- Regulación.
Estos movimientos de capitales tendrían roces inconstitucionales debido a que se está limitando el derecho de las personas más vulnerables de inclusión digital, acotó el abogado.
“El problema central es que los destinos de Fonatel están relacionados con la brecha digital y proyectos de acceso universal (...) El hecho que Fonatel no haya logrado ejecutar recursos, no puede ser excusa para pagar una deuda que no tiene nada que ver con las razones por las que fue creado el Fondo”, señaló Marco Ureña, abogado y socio director de la práctica de competencia en telecomunicaciones de Batalla.
Con estas acciones se “desnaturaliza” el Fondo, según apreciaciones de los expertos.
La Contraloría General de la República ha señalado en diversas ocasiones mediante auditorías que Fonatel tiene un lento y en otros casos nulo, avance de proyectos.
Para el periodo 2015 - 2018, la Contraloría detectó atrasos y determinó que existían metas inalcanzables, así como proyectos pendientes de ejecutar pese al giro de recursos.
La respuesta de la Sutel fue que Fonatel cumplió en más del 100% de las metas establecidas por el Poder Ejecutivo en tres de los cuatro proyectos en ejecución para el 2019.
