Costa Rica está lejos de resolver los problemas de infraestructura de telecomunicaciones, la cual debería facilitar el acceso a Internet de banda ancha.
La situación afecta la calidad de los servicios, impide la ampliación de ofertas en algunas zonas y causa costos que, si bien las firmas dicen asumir, se terminan por reflejar en sus precios.
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Para la industria, la solución pasa por definir una política que exija la planificación y coordinación adecuada del Estado y las constructoras de vías públicas con los dueños de postes y operadores.
“Debe existir un instrumento o norma vinculante de alto rango para las instituciones, sin que descartemos la posibilidad de promulgar una ley específica para este fin”, dijo Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
Los operadores consideran vital contar con un plan estratégico de reemplazo de infraestructura y de desarrollo de ductos, así como aprovechar la regulación existente.
“Persisten algunos problemas con la no aplicación del reglamento sobre el uso compartido de infraestructura para redes públicas de telecomunicaciones vigentes desde 2017”, acusó Daniel Mizrachi, director de tecnología de Tigo.
En el horizonte, sin embargo, no se ve una solución integral que contemple redes neutrales de transporte para todos los operadores, que eviten el caos de cables y aprovechen ductos en rutas, acueductos y vías de ferrocarril.
Juan Manuel Campos, director de CiberRegulación, recordó que la regulación sobre el uso compartido de infraestructura para redes establece, como principios, el uso eficiente de los recursos y la sostenibilidad ambiental.
| Redes de líos |
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| Problemas señalados por operadores: |
| Falta de acceso para el despliegue de redes, costos desproporcionados y heterogeneidad de requisitos. |
| Colapso de postería e infraestructura obsoleta: postes de madera, rieles de tren, apoyos y postes en malas condiciones. |
| Escasa planificación, cambio de diseño y falta de coordinación para reubicación de redes y postes en proyectos de ampliación o mejora de vías públicas. |
| Falta de acceso a ductos no se considera en los proyectos de obra pública. |
| Carencia de agilidad en trámites (en muchos casos, el análisis de factibilidad para uso de infraestructura tarda hasta 90 días). |
| Desaplicación del reglamento de uso compartido de infraestructura para telecomunicaciones. |
| Falta de resoluciones, por parte de Sutel, de las disputas por acceso a infraestructura y ausencia de una metodología para costos. |
| Fuente: Infocom y operadores |
A medias
Hasta ahora ha faltado conciencia de la necesidad de coordinar con los operadores y de diseñar proyectos de obra pública, incluyendo ductos o reinstalación de redes con tiempo.
“Una adecuada y robusta infraestructura de telecomunicaciones es indispensable para que Costa Rica alcance la cuarta revolución industrial”, dijo José Gutiérrez, gerente de regulación, comunicación y relaciones públicas de Cabletica.
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En mayo del 2018 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Ministerio de Obras Pública y Transportes (MOPT) aprobaron una directriz para que la construcción, ampliación y reparación de vías públicas, nacional y municipal, contemple las redes de telecomunicaciones.
Un año después, está pendiente que el MOPT defina si la directriz se tramita como manual, lineamiento o reglamento. Posteriormente, debe ir a consulta pública.
Los operadores consideran que, si bien la coordinación y la comunicación con el MOPT y el Consejo Nacional de Viabilidad mejoraron, todavía están en deuda.
Infocom, la Unión de Cámaras, el Micitt, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y hasta la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos han realizado esfuerzos para avanzar en los casos de las rutas 27 y 32.
Actualmente se espera que la negociación para el uso de los ductos en la ruta 27 a Caldera progrese y así fortalecer las conexiones con los cables submarinos en el Pacífico.
Según Elidier Mora, gerente de redes del Micitt, lo “último que consta en el expediente” es una reunión de Infocom y Global Vía en octubre del 2016 en la que se acordó que “seguirían en contacto”. El Micitt “confía” en que se aplique la directriz.
También se presentó la propuesta de instalar ductos en la ampliación de la ruta 32 en el Caribe, donde se ubica la postería por la que pasa el 70% del tráfico de Internet al exterior.
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Sin embargo, estos no son los únicos proyectos en los que se debe avanzar. Solo Cabletica atendió 41 proyectos de relocalización de redes en el 2018, con un costo de unos ¢250 millones. Para el 2019 la firma ya está ejecutando ocho proyectos y deberá seguir con otros 14 más.
El problema es que cada obra tiene su propia unidad ejecutora y su contratista, por lo que cada operador debe lidiar con diferentes formas de planificar y ejecutar los proyectos.
Los desarrolladores de obras públicas, además, piden plazos “imposibles” de reubicación de redes, pues desconocen la gestión de inventarios y el proceso para instalar un cableado nuevo, migrar a los clientes y quitar la red inicial.
La falta de comunicación entre las autoridades del MOPT y Conavi y los operadores termina afectando el avance de los proyectos de obra pública, mientras las compañías reúnen los recursos y reubican las redes.
A nivel cantonal, el Micitt reconoce que se mantienen muchas “imprecisiones” en los reglamentos de infraestructura, tras 42 audiencias con concejos municipales y 45 propuestas elaboradas y entregadas.
Solo cinco municipalidades derogaron el reglamento que tenían y adoptaron el de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), que incluye disposiciones técnicas para redes.
Lentitud
Otra de las situaciones que se enfrentan es la falta de respuestas expeditas de los dueños de la postería para la instalación de redes, lo que incluye al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresas municipales y cooperativas de electrificación rural.
A inicios de la actual década, las principales diferencias se presentaron con la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por los costos para el despliegue de redes en sus postes.
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Francia Picado, jefa de la Unidad de Estrategia de Telecomunicaciones del ICE, explicó que las diferencias se resolvieron luego de varias resoluciones de Sutel.
Desde 2013 la Superintendencia emitió más de 30 resoluciones sobre negativas de acceso y costos para uso compartido de infraestructura.
Los dueños de postería usualmente se niegan a dar acceso, alegando limitaciones de factibilidad técnica, sobrecarga de los postes e incumplimiento de las alturas establecidas.
Los operadores se quejan de la falta de compromiso de otras firmas y de los distribuidores eléctricos con la optimización del espacio en los postes y del estado de la postería, aparte de los tiempos excesivos para resolver solicitudes de uso compartido.
“Esta situación se ha convertido, en los últimos años, en una barrera de entrada, limitando al usuario final las opciones de contar con más operadores y opciones de servicio”, dijo Juan Carlos Rodríguez, director de tecnología de Telecable.
Los operadores y las empresas eléctricas intentan resolver las disputas sin tener que recurrir a la Sutel, aplicando el reglamento.
En 2018 no se presentaron conflictos, pero de marzo a mayo de 2019 la Sutel recibió cinco solicitudes de intervención contra el ICE.
Luis Alberto Chaves, director de nuevos negocios del ICE, respondió que estos conflictos se deben a discrepancias en la ejecución de los contratos de uso compartido con los otros operadores.
