Los operadores de telefonía, televisión por cable e Internet cuestionaron el canon definido por el Ministerio de Hacienda que las municipalidades cobrarán por la instalación de redes de telecomunicaciones en sus cantones.
La Dirección General de Tributación (DGT), estableció que las municipalidades podrán cobrar a los operadores arrendamientos de hasta $4.800 anuales.
Si un poste se encuentra en una zona donde el valor del metro cuadrado es de ¢47.000, el operador deberá pagar $2.400 por año, explicó Tributación. Eso equivale a ¢1,3 millones al cambio oficial actual.
Si el valor del terreno donde se ubica el poste es de ¢1,1 millones por metro cuadrado, el operador deberá cancelar un canon anual de $4.800, lo que sería unos ¢2,6 millones.
Tributación sostiene que la resolución sólo establece los parámetros técnicos para que fijen el monto de arrendamiento.
Cada municipalidad será la que determine cuáles instalaciones se autorizarán en las áreas públicas bajo su administración y puede aplicar las tarifas con una disminución de hasta un 30% “previa justificación del monto ajustado”.
| Tarifario municipal |
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| Canon anual a cancelar según valor del bien público en uso para redes de telecomunicaciones: |
| $2.400 para bienes de hasta ₡50.000 por metro cuadrado. Aplica para zonas rurales, áreas de conservación y protección ambiental, y barrios cerca de ciudades de menor desarrollo. |
| $3.600 para bienes de ₡50.001 a ₡100.000 por metro cuadrado. Aplica para barrios en ciudades con menor desarrollo y residenciales de menor categoría. |
| $4.800 para bienes mayores de ₡100.001 por metro cuadrado. Aplica para urbanizaciones y cuadrantes ubicados en ciudades de mayor desarrollo. |
| Fuente: La Gaceta, resolución DGT-R-013-2018y Dirección General de Tributación Directa |
Tras 10 años de haberse aprobado las leyes que dieron forma a la apertura del mercado, y unos ocho años desde que se concretó el ingreso de operadores de telefonía móvil, los desaguisados de las instituciones continúan replicándose, especialmente en materia de infraestructura.
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Telefónica, Claro, Cabletica y Telecable califican la resolución como ilegal y desproporcionada.
También la rectoría del sector está en desacuerdo. “Las tarifas que se establecen deben ser razonables y proporcionales”, recalcó Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales no ha fijado una posición respecto a la resolución. Sin embargo, su asesor legal Luis Araya indicó que apoyan toda gestión del Poder Ejecutivo “que tienda a respetar la autonomía y descentralización del régimen municipal”.
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Cómo se fabricó el canon
Las tarifas que pueden cobrar los 82 municipios del país fueron publicadas el 28 de febrero en el diario oficial La Gaceta. Las nuevas tarifas regirán para los nuevos contratos.
Tributación se apoya en su facultad para establecer normas tributarias y la obligación de los operadores de cubrir los costos de la instalación de redes de telecomunicaciones, según ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
La resolución también se basó en la potestad de las municipalidades para la administración de los servicios de sus respectivas localidades.
El cobro del canon se realizará a partir del avalúo del bien público en uso.
Tributación dice que además se basó en un informe de la Dirección de Valoraciones Administrativas de Hacienda, tomando en cuenta los cánones para infraestructura ya instalada y el valor del terreno donde se instalan los postes.
Para esto se utilizó una guía del 2012 que permite identificar y comparar las ofertas, verificar los montos y usar precios recientes como referencias de valor, así como apoyarse en evaluaciones cualitativas.
También se usaron las plataformas elaboradas por el Órgano de Normalización Técnica de Hacienda que indica los valores según la ubicación del terreno en zonas rurales o urbanas.
Objeciones
La consulta de la resolución se inició en noviembre pasado y de inmediato Infocom envió 20 observaciones “puntuales y argumentadas de manera técnica”.
También solicitaron una reunión con Tributación.
El último día de enero la cámara fue notificada de que no se le concedería ninguna audiencia, “por estar el tema en etapa de estudio”.
Un mes más tarde, Hacienda publicó la resolución ya aprobada en La Gaceta.
Incofom acusó que ni Hacienda ni Casa Presidencial tienen claro el impacto de la decisión en la industria, en el avance a banda ancha, para el futuro despliegue de redes de quinta generación (5G) y para los proyectos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
Juan Manuel Campos, director de Ciber Regulación Consultores, dijo que la resolución es ilegal porque se interpretó incorrectamente la norma que autoriza a Tributación para las valoraciones de bienes de uso público que conforman el patrimonio natural del Estado.
“Las calles y aceras no corresponden a esa acepción”, argumentó Campos.
El Viceministerio de Telecomunicaciones sostiene que la resolución es necesaria, pero le falta establecer “con absoluta claridad” los parámetros de cobro.
Estrada aseguró que se reunieron hasta con el viceministro de Ingresos para explicar cómo funciona una red y el beneficio en el crecimiento de 1% a 1,4% del Producto Interno Bruto cuando, según el Banco Mundial, hay un 10% más de penetración de banda ancha.
Actualmente la rectoría analiza los parámetros de la resolución. “A partir de ello se estará valorando futuros pasos”, dijo Estrada.
Reacción unánime
Los operadores de telecomunicaciones alertaron sobre el impacto de los cánones aprobados por Hacienda para la industria.
Sostienen que se pasaría de pagar un “impuesto razonable a miles de millones de colones”.
El ICE presentó un recurso administrativo de reconsideración, pendiente de resolverse, y argumenta que la resolución no tiene fundamentación técnica ni jurídica.
Además, incluye “una serie de indeterminaciones” para su aplicación.
“Realmente esta resolución sorprende”, acusó José Gutiérrez, gerente de nuevos negocios y regulación de Cabletica. “Las autoridades, lejos de generar las condiciones para mejorar la banda ancha, atentan contra el desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica”.
Los nuevos cánones significarían un aumento de los costos que pagan los operadores difícil de asimilar para la industria.
Asimismo impactaría en la calidad del servicio al usuario final al frenar la instalación de las redes.
“Haría insostenible la operación de los proveedores de servicio de telecomunicación”, recalcó Jorge Monge Benavides, director financiero de Telecable.
Telefónica y Claro también alertaron sobre el impacto negativo para el despliegue de las redes móviles y fijas, incluyendo de 5G, para atender la demanda de contenidos y avanzar a aplicaciones de Internet de las cosas y ciudades inteligentes.
“El acceso a sitios como carreteras, derechos de vías, aceras, parques, entre otros, no puede ser a precios ruinosos que impidan el avance tecnológico del país”, dijo Edgar del Valle, gerente legal de Claro Costa Rica.
