La Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, Colombia, decidió incorporar un servicio en la nube para agilizar los procesos de recolección de impuestos.
Este proyecto nació con el objetivo de estandarizar los procesos logísticos, controlar el dinero recaudado y mejorar la atención al contribuyente.
Antes, los bogotanos se daban por enterados acerca del pago de sus obligaciones a través de cartas que se enviaban manualmente y de forma física; además, no existía la certeza de la recepción.
Con el sistema de la nube que contrató la institución, es posible tener certeza de que los usuarios reciben las comunicaciones.
Como valor agregado, cuentan con servicios de foros virtuales, chats tributarios y capacitaciones online.
Sin embargo, la realidad colombiana todavía dista de la costarricense.
Al sector público costarricense le falta jugar en las grandes ligas de tecnologías avanzadas como la nube, big data o la instalación de centros de datos de última generación.
Regulaciones jurídicas, presupuesto y falta de información son parte de los retos a los que se enfrenta el Estado.
Empero, ¿quién dijo que estos avances son solo para el sector privado? Al final de cuentas es la ciudadanía la que se verá beneficiada con la modernización de los servicios públicos.
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En miras de la adopción
En enero del 2015, la Contraloría General de la República se pronunció acerca de las buenas prácticas que deben existir en el sector público con respecto a las tecnologías de la información (TIC).
La resolución indicó que es obligatorio “incorporar dentro de las prácticas cotidianas de gestión institucional, un conjunto de acciones que permitan preservar las características de confiabilidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y privacidad de la información institucional”.
También definió una serie de lineamientos para controlar el uso de los correos electrónicos, contraseñas, accesos, publicación de la información institucional, cifrado y firma digital.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) también levantó la mano para fomentar la adopción de mejores sistemas que faciliten la gestión gubernamental.
La directriz Nº46-H-Micitt, del 16 de mayo de 2013, fue creada para incentivar el uso de la nube en las municipalidades del país.
El documento establece que las instituciones públicas y órganos desconcentrados deberán incluir dentro de los procesos de compra la evaluación de servicios en la nube.
Esta evaluación debe incluir la incorporación de los criterios técnicos, legales y financieros.
Con las órdenes jurídicas, Costa Rica se posiciona como uno de los países latinoamericanos a la vanguardia en cuanto al interés por la adopción de las TIC.
Así se reflejó en el Informe Global sobre Tecnologías de la Información 2015: TIC para Crecimiento Inclusivo, divulgado por el Foro Económico Mundial y que posicionó a Chile, Puerto Rico, Uruguay, Costa Rica y Panamá como los líderes de la región.
Sin embargo, lo que se estipula en el papel, no necesariamente es lo que corresponde a la realidad, como por ejemplo, lo que sucede con las municipalidades.
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Edwin Leitón, gerente de la empresa Componentes el Orbe, señaló que el impacto ha sido leve con los pronunciamientos de la Contraloría, por temas de presupuesto, desinformación y lentitud en la adopción.
Así lo reforzó Maribel Sequeira, directora de desarrollo institucional del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), quien señaló que se presentan nuevas normas de acatamiento obligatorio sin tomar en cuenta si los gobiernos locales tienen el equipo y la conectividad para cumplir con la directriz.
A la práctica
Para comenzar a remar en las aguas de las plataformas de datos, no es necesario de grandes apuestas, sino saber en elegir al proveedor que mejor cumpla con las necesidades y que brinde la mayor confianza y seguridad.
Empresas como Oracle, Microsoft y Componentes el Orbe están redoblando sus esfuerzos para posicionarse dentro del mercado público.
Mejorar la atención ciudadana, brindar mayor seguridad y ser más eficientes con los recursos públicos son los objetivos que persigue la nube y el big data .
Roy Guzmán, director de Ventas de Public Sector para Oracle Centroamérica, aseguró que el ciudadano se ha vuelto cada vez más exigente ya que no solo quiere un servicio excepcional, sino que desea poder recibirlo desde cualquier lugar, en cualquier momento y poder acceder a este desde cualquier dispositivo.
El costo promedio de instalación de una plataforma puede rondar en los $5.000, pero esta cifra es variable debido a que cada entidad tiene sus necesidades diferentes así como la cantidad de personas con las que trabaja.
Robert Ivanschitz, director de Asuntos Legales para Latinoamérica Microsoft, afirmó que, al tener identificados los beneficios que ofrecen estas tecnologías, luego se debe apostar por un proveedor que le brinde el respaldo y la confianza de que va a cumplir con todo el régimen jurídico que asegure la integridad de la información independientemente del lugar adonde se trasladen los datos.
Leitón, de Componentes del Orbe, trabaja en capacitaciones para dotar a las municipalidades de información acerca de los data centers modulares, a través de una alianza público-privada.
Esta es otra opción de tecnologías que se pueden adoptar.
“Actualmente, el concepto de data center modular no ha tenido difusión en el mercado local. Es de impacto fuerte en el primer mundo y como suele suceder acá tardan en llegar, pero es una excelente opción para administrar la información”, agregó Leitón.
Aleida Fonseca, directiva de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, afirmó que, a través de los servicios de Oracle, con la adopción de la nube, lograron una reducción del 40% en el volumen de correos electrónicos.
Además, el 90% de los bogotanos ha pagado a tiempo sus impuestos.
Reconozca quién resguardará los datos públicos
Seguridad: Le debe brindar todos los parámetros y la confiabilidad de que será el mejor servicio de protección y almacenamiento de datos.
Privacidad: El proveedor del servicio le debe asegurar que cuidará toda la información del ciudadano.
Use la información solo para brindar el servicio: Las instituciones deben asegurarse de que su proveedor no usará la información pública para otros fines que no sean mejorar la eficiencia estatal.
Transparencia: El proveedor debe brindar contratos claros que especifiquen las obligaciones, costos y capacidades.
Fuente Robert Ivanschitz.
