El concurso de frecuencias de radio y televisión sigue generando reacciones de distintos sectores y, en especial, de la industria.
La Sala Constitucional analiza 13 expedientes mediante un trámite independiente contra la subasta y no en un único proceso, como manifestó la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, en una entrevista en Noticias Repretel.
El organismo aclaró que los recursos presentados se encuentran asignados al estudio de seis magistrados distintos y rechazó que exista “acumulación ni resolución conjunta automática”.
Todos los expedientes se encuentran en la etapa de recepción y análisis de los informes solicitados. Durante esta fase procesal, los magistrados instructores están facultados para requerir información adicional o solicitar pruebas a otras instituciones, lo que eventualmente puede ocurrir luego de que se hayan analizado todos los informes recibidos.
En el reporte se indica que se rechazó de plano un recurso donde el recurrente solicitó anular las condiciones establecidas por la Presidencia de la República con base en la recomendación técnica de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) por inconsistencias y errores de criterio.
En estudio de admisibilidad se encuentra otro recurso que solicita se declare desierto el proceso de licitación “dado que los precios son inconstitucionales”.
La Sala Constitucional dio curso a recursos —y los asignó a los seis magistrados— que solicitan la continuidad de los servicios de radiodifusión, la nulidad de los carteles y de la subasta de frecuencias y para que se rediseñe el proceso por los precios elevados pues, consideran, carecen de mecanismos para escalonar tarifas y no tienen un trato diferenciado para las emisoras pequeñas. Mientras que tradicionalmente los concesionarios pagaban un canon anual de reserva del espectro simbólico (cercano a los ₡3.000), los precios base de la actual subasta exigen inversiones de capital millonarias. Según el cartel de la Sutel, una sola frecuencia de radio FM para la Gran Área Metropolitana (GAM) tiene un precio base de referencia que supera los $118.000 por el periodo de 15 años, mientras que para televisión abierta los montos ascienden a cifras aún mayores, estableciendo una barrera de entrada que muchos operadores actuales no pueden superar.
Otros cinco recursos, a los que la Sala Constitucional también dio curso, piden la nulidad del concurso alegando el posible apagón informativo en zonas donde las radios y las televisoras son la única fuente de información. Dos recursos más, que también están en análisis, solicitan de igual forma la suspensión inmediata del concurso.
La ministra Bogantes insistió en que la Contraloría ya había rechazado los recursos de objeción contra los pliegos por falta de sustento y reconoció que los precios de la subasta implican una carga financiera complicada de cumplir para los posibles concesionarios.
“Lo que estamos esperando es que Sutel nos diga cuál es el remanente de espectro que queda para sentarnos con el Presidente (Chaves) para ver qué se hace”, declaró Bogantes.
Para la industria, sin embargo, la promesa de definir qué hacer con las frecuencias que no sean concesionadas y el trato diferenciado a emisoras religiosas es una respuesta improvisada del Poder Ejecutivo ante la reacción provocada por los anuncios de cierres de emisoras, producidos tras la fecha límite para presentar ofertas.
“La comunicación pública es patrimonio de toda la ciudadanía”, afirmó, por su parte, la Conferencia Episcopal de Costa Rica. “Un sistema desigual expone al país a un manejo injusto del espectro radioeléctrico”.
En la actualidad hay 98 concesionarios de radiodifusión, pero solamente se presentaron 25 ofertas para las frecuencias de radio AM y FM y de televisión.
