Sutel aferrada a la tercerización para realizar sus tareas

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) adjudicó, en mayo pasado, un contrato de ¢75,9 millones por servicios profesionales para evaluar la percepción de los usuarios de la calidad de los servicios de los operadores.

Dos meses más tarde, otorgó otra licitación por ¢45,6 millones de servicios estadísticos de diseño, ejecución y análisis de una encuesta a hogares para evaluar “el acceso, uso y percepción” de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones.

Se trata de dos contrataciones que se unen a otras 164 adjudicaciones de servicios, las cuales suman más de ¢3.202 millones desde el 2010 a noviembre del 2015, casi un cuarto de las compras de la Sutel en estos cinco años, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República.

Ese es el segundo rubro más importante de gastos de la Superintendencia, superada en monto por la compra de equipos para monitoreo de los servicios de telecomunicaciones (¢8.350 millones) y por los contratos de publicaciones y tiquetes de viajes.

Las autoridades de la Sutel explican que la entidad empezó a funcionar en 2009 con 10 funcionarios y que su planilla creció lentamente hasta completar los 107 actuales, mientras el mercado creció aceleradamente. “Esto hizo que fuera indispensable contratar servicios para cumplir las obligaciones que representaba la apertura del sector”, dijo Gilbert Camacho, presidente de Sutel.

Agregó que algunas funciones se iban asumiendo conforme aumentaba el personal. Sin embargo, dijo que hay labores que requieren apoyos externos.

En el periodo, la Sutel realizó 750 contratos por ¢101.569 millones, sin incluir la concesión de frecuencias por ¢87.439 millones.

La preocupación del uso de los recursos en Sutel ya es pública.

A finales de noviembre pasado, la Contraloría publicó un informe sobre el uso del canon de regulación de telecomunicaciones en el que advirtió que la Sutel no cuenta con un sistema de costeo para determinar su monto, que el cálculo del costo inicial de sus proyectos tenía una subestimación de 45,9% y que no se ha cumplido con la “debida rendición de cuentas” del uso de los recursos.

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La junta directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) –a la que la Sutel está adscrita– le pidió explicaciones pero alega estar legalmente limitada en su supervisión.

“Legalmente, mientras se justifique, se pueden contratar servicios profesionales de terceros y es una práctica común, por las limitaciones propias de la Administración”, justificó el regulador general, Dennis Meléndez.

Completos

El principal monto de contrataciones es por los equipos para el monitoreo de frecuencias y servicios dado sus altos costos.

Camacho afirmó que ya se cuenta con lo necesario y que solo requerirán nuevos sistemas según el avance tecnológico.

La Sutel también ha realizado contrataciones para realizar estudios del mercado que suman ¢308 millones. Ahí se incluye un contrato de ¢46,9 millones para revisar el documento de metodología para el análisis de la existencia de condiciones de competencia efectiva y ¢49 millones de un bechmarking internacional.

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La Sutel justificó que esos estudios son complementarios a los propios para determinar el nivel de competencia, con el fin de tomar una decisión en este 2016.

Los operadores cuestionan que se tenga que esperar a los estudios, pues la ley de telecomunicaciones y el tratado de libre comercio con Estados Unidos obligan a declarar la competencia efectiva en el mercado.

Juan Manuel Campos, director general de medios y telecomunicaciones del bufete Fayca-Ciber Regulación, afirmó que ya la Sutel tiene la experiencia para contar con personal preparado y abogó por definir estándares de calidad de esta entidad.

“Esperamos que el apoyo de los proveedores contratados por Sutel genere las políticas que refuercen y dinamicen la competencia”, dijo Elías Soley, del bufete Soley, Saborío & Asociados.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) aseguró que están de acuerdo con lo planteado en los informes emitidos por la Contraloría, en el sentido de hacer un uso más eficiente de los fondos.