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Después de cinco años de pruebas y errores para hacer obligatorio el uso de la factura electrónica en Costa Rica, el proyecto empezará nuevamente de cero.
Así lo confirmó Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos de la Dirección General de Tributación (DGT).
La nueva propuesta incluye la creación de un sistema que permita capturar, procesar y controlar la información.
“Hacer obligatorio el uso de la factura sin aprobar un sistema con esas características, no tendría ningún sentido”, aseguró Rodríguez.
Con esta decisión queda sin validez el plan piloto que implementó la DGT durante el 2013, y sin utilidad alguna el software que desarrolló y anunció la entidad a principios del año pasado.
Nuevo proyecto
La principal característica que mencionó Rodríguez sobre el nuevo sistema es que asegurará el procesamiento de la información para hacer efectiva la captura de datos.
Para ello han tenido acercamientos con Radiográfica Costarricense (Racsa), con el objetivo de que esa institución se haga cargo de la parte técnica del sistema.
“Hemos tenido contacto con ellos para ver si nos ayudan a montarlo. Creemos que es mejor la contratación con una empresa del Estado”, dice Rodríguez.
Aunque aún no tienen una fecha específica para el lanzamiento, el viceministro espera que esté listo para finales de 2014.
Otra de las diferencias es que en la propuesta se incluirán todos los profesionales que facturen, más allá de los profesionales liberales que mencionaba el proyecto anterior.
“Queremos extenderlo a todos. Podría ser por etapas, pero la idea es que todos los profesionales que facturen lo utilicen , ese es el horizonte”, apuntó Rodríguez.
Nueva pausa
El nuevo retraso en la implementación de la factura electrónica no detiene a aquellas empresas que ya la usan por su cuenta.
Empero, el beneficio de utilizarla es únicamente para las compañías, y no incide necesariamente en la labor de la Dirección General de Tributación, dice Rodríguez.
“Beneficiaría a Tributación solo si la empresa cae en un sistema de fiscalización, pues le facilita la entrega de la información de forma electrónica al auditor. Eso sería solo si la compañía pasa por ese proceso, si es seleccionada”, explicó Rodríguez.
Propuesta sin final feliz
El uso de la factura electrónica en Costa Rica se aprobó en el 2007 y su uso regulado y de forma voluntaria se inició en el 2009.
El gobierno Laura Chinchilla Miranda anunció en varios ocasiones que su obligatoriedad se llevaría a cabo en el segundo semestre del 2013.
Posteriormente, la DGT extendió, sin éxito, la fecha para principios de 2014.
¿Qué pasó en el camino? La Dirección General de Tributación creó su propio software y anunció su plan piloto a principios del 2013.
Empero, el plan piloto requería de la participación voluntaria de los usuarios, y no se llevó a cabo en su totalidad. Y quedaron aspectos por mejorar.
German Morales, socio de Impuestos en Deloitte, mencionó que una de las principales debilidades de la propuesta actual es que establece un único sistema de cómputo. “Lo que Hacienda debió hacer fue establecer algunos requisitos de sistemas de cómputo, y permitir que se use el que más le conviene al contribuyente”, afirmó.
Morales recomendó además empezar con los grandes contribuyentes y empresas territoriales, así como encadenar a proveedores y clientes, para que el sistema funcione y sea más eficiente.
Alicia Avendaño, directora de Gobierno Digital, consideró que el principal error consistió en no impulsar la iniciativa como un proyecto con la relevancia que tiene para la Administración Tributaria, pero con los beneficios puntuales para los contribuyentes.
En este sentido, su recomendación es que el Ministerio de Hacienda lo vea como un proyecto estratégico y defina un modelo, tomando en cuenta aciertos y errores de otros países de la región, como Chile, Brasil, México, Ecuador y Perú.
“Es necesario que definan una estrategia para la masificación del uso de la factura electrónica, que se base en una obligatoriedad paulatina, que elimine modalidades de facturación intermedias o que incluya incentivos tributarios para quienes facturen electrónicamente”, recomendó Avendaño.
Opciones en el mercado
Proveedores como Facel, Almamater de Guadalupe S. A., Ateb Servicios S. A., Contact Center, Ineldat, Lógica Digital, Signature South Consulting y Sisnet Consulting ofrecen actualmente soluciones para la facturación electrónica.
Raúl Araya, presidente de Lógica Digital, lo define como un proceso muy sencillo que se pone a funcionar de un día para otro.
Con él coincide Alejandro Montalvo, presidente de la empresa GTI.
Montalvo aseguró que las ventajas se relacionan con un ahorro en el costo de la facturación, que estima en un 90%.
“Una factura que hoy cuesta emitirla, enviarla y almacenarla, podría rondar unos ¢3.500. El valor de la factura electrónica podría ser de ¢ 100, con cinco años de almacenamiento como lo exige la ley”, explica Moltavo.
La facilidad de acceso una vez almacenada la factura, que incluya un proceso amigable con el ambiente y el control interno que facilita, son parte de los beneficios que identifican.
El nuevo proyecto que propone la DGT se alinearía con las propuestas anunciadas para reducir las cifras de evasión fiscal.
Una de ellas es el proyecto de Ley Antievasión, que agilizará los cruces de información en el sector público y permitirá una mejor fiscalización tributaria, según informó a principios de junio Helio Fallas, vicepresidente de la República.
El proyecto sería presentado ante la Asamblea Legislativa y establecería que todos los gastos de servicios profesionales sean deducibles solo si este profesional está inscrito ante la DGT.
La meta del Gobierno es reducir en 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) la evasión, y el uso de la factura electrónica sería parte de ese aporte.
Aunque la DGT no ha definido una meta de recaudación mediante la implementación de la factura electrónica, Rodríguez dijo que en Brasil un sistema similar logró crecimientos superiores al 25%, en la recaudación del IVA en un año.
Para mejorar
Aspectos por mejorar en el proceso actual de la DGT.
Solicitud de la firma digital para formalizar la veracidad de la facturación electrónica. La única certificadora oficial en Costa Rica es el Banco Central, y solo se certifican personas físicas. Una persona jurídica debe acudir a un proveedor extranjero.
El detalle que puede llevar la factura tiene una extensión limitada de caracteres, lo que restringe y limita la descripción de los bienes y servicios vendidos.
Ausencia de normas que regulan el procedimiento bajo el cual la Administración Tributaria accede a la información.
El actual sistema impide llevar de forma paralela el proceso de facturación electrónica y el ordinario.
No hay seguridad ni certeza del uso limitado y restringido que se haga de la información.
Fuente Diego Salto, abogado.
