La Dirección General de Tributación (DGT) realizó un seguimiento a esos contribuyentes y como resultado de esta acción se obtuvo un incremento de ¢231,2 millones en la recaudación del IVA.
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La reforma se hizo porque desde que se implementó la factura electrónica, los tribunales consideraban que este comprobante no cumplía con los requisitos para iniciar un cobro judicial.
La nueva legislación beneficiará a los acreedores que emitan una factura electrónica de crédito por bienes o servicios contra el deudor en caso de incumplimiento de pago.