Hace unas tres semanas un consultor empezó a brindar servicios en el campo de tecnología y telecomunicaciones, para obtener unos ingresos extras al salario que percibe en una firma local.
Tanto por vocación propia como debido al calendario de la Dirección General de Tributación hizo todo lo que tenía que hacer para cumplir con la obligación de estar registrado y usar la factura electrónica.
Escogió un proveedor entre la lista de desarrolladoras que ofrecen el servicio de comprobantes electrónicos.
Pero cuando fue a emitir su primera factura electrónica, no pudo.
Recibió un mensaje que le indicaba no estar registrado como contribuyente.
Inmediatamente se comunicó con el Ministerio de Hacienda. Le respondieron que sí aparecía registrado.
“Seguro es por el sistema que está usando”, le contestaron.
Se comunicó con la compañía proveedora del servicio de facturación.
“Me confirmaron que todo se encontraba bien”, contó.
Aún así, siguió las recomendaciones que le dieron en Hacienda. Decidió usar el sistema para generar facturas electrónica que ofrece ese Ministerio en forma gratuita.
Volvió a chocar con pared: “Usted no está inscrito como contribuyente”.
No es al único que le ha ocurrido. A una ejecutiva de una desarrolladora, que brinda servicios de factura electrónica, le ocurrió igual.
A otra profesional, que factura muy de vez en cuando, le llegó una de las notificaciones que envió Hacienda en estos días.
La notificación decía que ella había emitido facturas recientemente y que se exponía a una multa de ¢5 millones a ¢40 millones si no se ponía en regla con la factura electrónica.
Hacienda y Tributación asumieron un proyecto para un país que, pese a los avances en tecnología y al uso intenso de dispositivos, es ambicioso.
Ambicioso por la misma mentalidad y percepción de Hacienda y Tributación sobre los contribuyentes, la cual suele causar chispas, irritación y enojo en estos últimos, pues en Tributación le cargan toda la responsabilidad a las empresas y profesionales.
Ambicioso porque la prueba definitiva de los sistemas empezó el 15 de enero pasado, con los contribuyentes del sector de salud, y los sistemas no están dando la talla tanto en diseño como en funcionamiento.
Ambicioso porque la demanda de consultas sobrepasa los recursos, la capacidad y la preparación de Hacienda.
Ambicioso porque incluso el mensaje no había llegado a todos, pues todavía hay empresarios y contribuyentes que desconocían todo lo referente a la factura electrónica.
Y esto es historia real.
“Si ni siquiera los contadores están al tanto”, me dijo el consultor cuando conversamos.
De hecho sólo el 14% de los contadores está usando la factura electrónica, según el informe de la Contraloría General de la República publicado este lunes 6 de agosto.
“Hay contadores que no atienden a sus clientes sobre este tema, porque lo desconocen”, me contó un empresario de la Península de Osa que conocí en el evento de Deloitte sobre factura electrónica, hace una semana precisamente.
Sí, el proyecto es ambicioso y necesario, pues había que hacerlo alguna vez entre el año 2000 y el 2100, para ayudar a digitalizar procesos, ahorrar papel y tinta, mejorar el control tributario.
Bien por los funcionarios y las autoridades que asumieron la tarea. No tan bien porque, a la mitad del proceso de incorporación de la factura electrónica por los contribuyentes, hay muchos cabos sueltos.
La Contraloría, siempre en su lenguaje técnico típico de la administración pública, acusó que a Tributación y a Hacienda les falta de estrategia y planificación.
Las consecuencias de esto, sin embargo, las carga el usuario final, en este caso los contribuyentes que quieren cumplir con la obligación.
La profesional a quien le llegó la notificación ni siquiera había facturado en los últimos meses.
Tampoco tenía claro si por las pocas facturas que tiene que emitir debía usar la factura electrónica, pues Hacienda asume que los contribuyentes deben averiguarlo y que todo el mundo consulta su perfil corporativo en Facebook o su horrible sitio web.
Por el susto, ella se fue a Tributación a ver cuál era su situación.
No era nada.
Simplemente tenía que empezar a usar la factura electrónica si seguía inscrita como contribuyente para sus servicios y hasta le confesaron que la notificación iba con un error (de hecho la multa mínima no es de ¢5 millones, sino de ¢1,2 millones).
La ejecutiva de la desarrolladora también se fue a Tributación y tuvo que esperar cuatro horas a que la atendieran.
Al consultor de telecomunicaciones sí le urgía resolver su problema, pues tenía que enviar una factura a un cliente y ni con el servicio contratado ni con el software de Hacienda lo lograba.
El 31 de julio, hace unas semana, decidió ir a la oficina de Tributación que le quedaba más cerca.
Cuando llegó, la sala estaba repleta de gente.
Le tocó el número 170 de la fila. Cuando estaba ahí me envió una foto de la ficha por WhatsApp.
Esperó dos horas, tiempo en el cual vio como una señora se descompuso.
“No quiero pensar en estas filas cuando se acerque el cierre fiscal, ahora a finales de setiembre”, me dijo.
Pero tuvo que regresar a la empresa donde trabaja y aún sigue sin resolver el problema.
