Por: José Joaquín Fernández.   19 enero
José Joaquín Fernández, autor del blog La Riqueza de las Naciones.
José Joaquín Fernández, autor del blog La Riqueza de las Naciones.

El proyecto de ley 21.336 con el nombre Ley marco de empleo público propone crear un solo régimen de empleo y ocho familias salariales bajo la administración del ministerio de Planificación (Mideplan). Se excluyen a entes públicos no estatales (Banco Popular, Bahnvi, Conacoop, Conarroz) y empresas públicas en régimen de competencia (Banco Nacional, BCR, ICE e INS)

Las empresas públicas no requieren de un régimen de salario único. No hay nada en la Economía que justifique la existencia de empresas públicas. Lo que procede es privatizarlas a todas o, al menos, someterlas a la libre competencia y que operen sin subsidio ni proteccionismo por parte del gobierno de tal manera que el mercado se encargue de equiparar los salarios a su productividad.

La idea de crear un solo régimen de empleo público es sana. Sin embargo, la forma como el Gobierno pretende que se haga esta reforma no es buena. En Costa Rica ya tenemos una institución pública encargada de administrar el empleo público: la Dirección General de Servicio Civil. El problema es que muchas entidades públicas se han independizado del Servicio Civil. La solución correcta sería que Servicio Civil retomara la administración de todos los regímenes salariales en el sector público.

El proyecto de ley crea duplicación de funciones al asignarle a Mideplan, y no al Servicio Civil, la administración del nuevo régimen de empleo público y de las nuevas categorías. Toda duplicación de funciones significa más burocracia, más regulación, menos transparencia y más subdesarrollo. La administración de un solo régimen de empleo debe quedar en manos de Servicio Civil.

Además, el traslado de la administración del empleo público del Servicio Civil a Mideplan implicaría una politización donde el criterio de selección del personal se volvería más un asunto del capricho del gobernante de turno y no tanto por criterios técnicos.

No hay tal ahorro, sino incremento del gasto

Según la ministra de Planificación, el proyecto de empleo público respetará todos los derechos laborales adquiridos. Es decir, a nadie se le rebajará el salario. Por tanto, ¿dónde está el alivio a las finanzas públicas?

La ministra también afirma que el proyecto de empleo público equiparará los salarios en el sector público siguiendo el mandato constitucional de igual trabajo, igual salario. Sin embargo, si no se piensa reducir salarios para respetar los derechos adquiridos, entonces la única manera de equiparar salarios es subiéndole el mismo a quienes lo tienen bajo. Según la misma ministra de Mideplan esto significaría un gasto anual de ₡32.240 millones anuales. Por tanto, ¿dónde está la mejora de las finanzas públicas? Si no se aprueba este proyecto de ley, esta equiparación se vuelve innecesaria.

Por otra parte, no hay nada en el proyecto de ley que congele el crecimiento de la planilla en el sector público. Si esta sigue creciendo como lo ha venido haciendo, tampoco habrá alivio en las finanzas públicas.

El proyecto de ley contempla incentivos no salariales a las personas con mejor desempeño. Dado que todo incentivo no salarial tiene un costo económico, ¿dónde está el ahorro? Por el contrario, estos incentivos no salariales implican un aumento en el gasto de planilla. El proyecto de ley no especifica un límite al costo de estos beneficios salariales.

Uno de los problemas del exceso de gasto público en planilla se debe al aumento automático debido a las anualidades y otros privilegios. ¿No es más fácil eliminar dichas anualidades y privilegios? Así no se tendría la obligación de subir los salarios bajos y equipararlos con los altos.

Según el abogado y exdiputado Otto Guevara, si existiera voluntad política para acabar con los abusos en los salarios del sector público, bastaría que el Poder Ejecutivo instruyera a la Procuraduría General de la República para que interponga las acciones de inconstitucionalidad pertinentes. Con la aprobación de este proyecto de ley, se estarían legitimando dichos abusos y ya no sería posible eliminar los privilegios y abusos de las convenciones colectivas.

No hay justicia social

Según el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el salario promedio del sector público casi duplica el salario promedio del sector privado. Con la aprobación del proyecto de ley que pretende equiparar al alza los salarios del sector público, la brecha entre salarios del sector público y privado se ensanchará aún más.

El salario en el sector privado es el parámetro correcto para determinar el salario en el sector público. Es decir, el salario en el sector público no debe ser superior al del sector privado. No hay nada en el proyecto de ley que contemple el congelamiento del salario del empleado público hasta que su semejante del sector privado se equipare.

Esta brecha salarial entre el sector público y privado es la que explica por qué, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto en salarios en Costa Rica consume el 50% de los ingresos corrientes del gobierno. Esto representa más del doble del promedio de la OCDE, que es de un 25%. No hay nada en dicho proyecto de ley que venga a mejorar dicha situación.

No contempla disminución de la planilla

La cantidad de empleados públicos es excesiva y es necesario reducirla. Tenemos más de 330 entidades públicas y muchas hay que cerrarlas. Lamentablemente el proyecto de ley no contempla disminución de la cantidad de empleados públicos, ni siquiera contempla un límite a su crecimiento.

El sano desarrollo económico con equidad requiere una disminución de la planilla del sector público. Para ello hay que congelar plazas y no reemplazar aquellas que queden vacantes. Según me contaba un exministro de Hacienda, todos los años entre un 5% y 8% de los empleados del sector público abandonan dicho sector de manera voluntaria, sea porque se pensionan, se trasladan al sector privado o por otras razones personales. Si no se reemplazan dichas plazas, esto significaría una reducción entre 23% y 34% de la planilla en 5 años sin causar problemas de desempleo. Habría que hacer el estudio pertinente para confirmar y actualizar el dato.

Conforme va disminuyendo la planilla, habría que trasladar a los empleados de las instituciones que deseamos cerrar y moverlos a las que deseamos conservar.

El gobierno tiene un papel importante en el fomento de la seguridad civil (policía), tribunales de justicia e infraestructura. Sin embargo, no hay nada que justifique instituciones como el Ministerio de Planificación (Mideplan), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la Defensoría de los Habitantes, el Consejo Nacional de la Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Ministerio de Cultura y Juventud, Mivah, IFAM, Infocoop, Japdeva, BCCR, Conavi, Inamu, Incop, INDER, Sinart, etc. En esta era digital, bien se podrían cerrar casi todas las embajadas y consulados.

Conclusión

Es necesario crear un solo régimen de empleo público que abarque a todo el sector público sin exclusiones. También es necesario equiparar los salarios dentro del sector público. Dado que el salario promedio del sector público es casi el doble del sector privado, dicha equiparación debe hacerse a la baja, no al alza.

El proyecto de ley no viene a aliviar las finanzas públicas. Tampoco viene a reducir ni congelar la planilla del sector público. Lo que hace el proyecto de ley es duplicar funciones y politizar el empleo público. También legitima los pluses y privilegios salariales del sector público y promueve al alza los salarios bajos del sector público. En fin, este proyecto de ley es otro síntoma de la decadencia que vivimos en Costa Rica de nuestro sistema político.