EscucharEl proyecto de ley N.º 24.616, (Ley de protección del consumidor de servicios o productos financieros) que busca otorgar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) poderes amplios para regular y cerrar bancos, aseguradoras, operadoras de pensiones y sociedades administradoras de fondos de inversión, representa un preocupante avance del intervencionismo estatal en el sistema financiero costarricense.
Además, la Administración Chaves Robles quiere que el Poder Ejecutivo, por medio del MEIC, tenga acceso a información sensible de los clientes, como la contenida en el Centro de Información Crediticia (CIC) administrado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
En este proyecto de ley convergen dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la Ciencia Política y el Derecho. Por otro lado, la Economía.
Aspectos de Ciencia Política y el Derecho
Una de las grandes lecciones de las revoluciones del siglo XVIII es que el poder político, lejos de ser una virtud, es un mal necesario. Esta idea tiene raíces tanto en la tradición bíblica (como se observa en I Samuel 8 y en Mateo 4:8-10), donde se advierte sobre los peligros del poder; como en el pensamiento liberal clásico en autores como John Locke. Por eso, el gobierno debe ser lo más limitado posible.
Los gobernantes no son santos; son seres humanos, como cualquier otro, con intereses propios. En ese sentido, es natural que utilicen el poder político para su beneficio personal. Creer que los gobernantes buscan genuinamente el bien común es una ilusión. Si realmente lo hicieran, no sería necesario establecer la división de poderes, ni diseñar pesos y contrapesos para limitar su autoridad.
Como bien dijo Lord Acton: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.” Es decir, otorgarle más poder al gobernante, no conduce nunca a mayor bienestar, sino a mayor corrupción y abuso del poder.
Por su parte, una de las premisas en el Derecho Público es que los gobernantes solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Esta premisa se fundamenta en la idea de que los gobernantes no buscan el bien común, sino su propio bienestar y que la limitación del poder sirve para evitar abusos.
Con estos principios en mente, es razonable anticipar que trasladar la supervisión financiera al Poder Ejecutivo abriría la puerta a una cacería de brujas contra los opositores del gobierno de turno.
Aspectos de la Economía
Desde el punto de vista de la Economía, es necesario resaltar que no existe ningún argumento en la Economía que justifique la existencia de superintendencias.
Lamentablemente, la supervisión financiera ha seguido el patrón de los cárteles: limitar el ingreso de nuevos actores al mercado para proteger los intereses de los bancos establecidos. Al igual que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es un cártel de productores de petróleo, las superintendencias financieras han dado lugar a un cártel global de entidades financieras.
Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, estuvo lejos de ser liberal. Durante décadas, defendió el modelo soviético en su libro “Economics” y criticó abiertamente el espíritu emprendedor. Sin embargo, en dos ensayos publicados en 1954, Samuelson definió con claridad cuándo se justifica la intervención estatal en los mercados: únicamente cuando los bienes o servicios carecen de las características de “exclusión” y “rivalidad”. Si estas dos condiciones están presentes, el mercado puede autorregularse eficientemente sin necesidad de intervención.
Pues bien, los servicios financieros cumplen con ambas características: son excluibles (no todos pueden acceder sin pagar) y rivales (su uso por una persona limita el acceso de otra). Por lo tanto, según el propio criterio de Samuelson y de la Economía, no se justifica la intervención estatal en el sistema financiero, operadoras de pensiones ni seguros.
Adam Smith, en su libro “La riqueza de las naciones” llamó “mano invisible” a este fenómeno de la autoregulación que poseen los mercados libres. Más adelante, F. Hayek, premio Nobel en Economía, profundizó en este concepto y lo llamó “orden espontáneo”.
Uber ilustra perfectamente cómo funciona la autorregulación del mercado. Uber posee las características de exclusión y rivalidad y está regulado por “mano invisible” de la libre competencia. En contraste, Aresep regula el servicio de taxis mediante criterios burocráticos. ¿Cuál modelo ofrece mejores resultados? ¿El del mercado libre (orden espontáneo) o el del burócrata?
Las superintendencias financieras, además de carecer de fundamento científico que justifiquen su existencia, generan distorsiones adicionales graves, aparte de las consecuencias nocivas al reducir la competencia.
Uno de los efectos más nocivos de la regulación financiera es el riesgo moral. Las superintendencias, al hacer creer a los ciudadanos que el Estado puede garantizar la solvencia de las entidades financieras, se debilita el incentivo para que los consumidores investiguen, comparen y elijan con su propio criterio dónde colocar sus ahorros. Esta falsa sensación de seguridad lleva a los usuarios a tomar decisiones imprudentes.
Además, la regulación estatal es demagógica porque le hace creer al público que pueden evitar la quiebra de las entidades financieras, cuando en realidad la quiebra es un fenómeno natural en cualquier economía dinámica, tan inevitable como la muerte.
En resumen, la libre competencia incorpora mecanismos de autorregulación más eficaces y eficientes que cualquier regulación burocrática. Por ello, las superintendencias deberían transformarse en simples calificadoras de riesgo. Se les debe retirar la potestad de autorizar la apertura de entidades financieras, imponer criterios de solvencia o dictar normas sobre la administración de recursos. El mercado, cuando se le permite operar libremente, es la mejor garantía de eficiencia, de autoregulación, y solvencia.
