Un total de 130 países llegaron el jueves 1° de julio a un histórico acuerdo de reforma fiscal para las multinacionales que incluye un impuesto mínimo sobre los beneficios de “al menos el 15%”, bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

“Tras años de trabajo y negociaciones intensas, este paquete de medidas históricas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo”, declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, citado en un comunicado.

El pacto fue alcanzado menos de un mes después de la cumbre del G7, en la que los países más ricos pactaron un impuesto mínimo para las grandes multinacionales.

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Según la lista divulgada por la OCDE, Costa Rica es uno de los 130 países que respaldan la propuesta. De la región latinoamericana también están Panamá, México, Colombia, Brasil, Argentina, entre otros.

Un pequeño grupo de países, entre los que se encuentran Irlanda y Hungría, muy reacios a firmar la propuesta de acuerdo que se estaba negociando, no firmaron la declaración.

Pero China, cuya posición era muy esperada, y los países generalmente considerados como paraísos fiscales, se sumaron al pacto.

"Las multinacionales ya no podrán enfrentar a un país contra otro en un esfuerzo por reducir los impuestos y proteger sus beneficios a expensas de los ingresos públicos", reaccionó el presidente estadounidense Joe Biden en un comunicado.

Estas empresas "ya no podrán evitar el pago de su parte justa ocultando los beneficios generados en Estados Unidos, o en cualquier otro país, en jurisdicciones de menor imposición", añadió.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, celebró un "día histórico para la diplomacia económica".

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Para el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, se trata del "acuerdo fiscal internacional más importante alcanzado en el último siglo", mientras que su homólogo alemán Olaf Scholz saludó "un paso colosal hacia una mayor justicia fiscal".

La declaración conjunta, que se basa en el acuerdo alcanzado en el G7 a principios de junio, prevé también un reparto "más justo" de los beneficios entre los países donde las empresas tienen su sede y aquellos en los que realmente desarrollan sus actividades, incluso sin presencia física. Esta parte está dirigida en particular a los gigantes digitales.

"Este plan de dos pilares será de gran ayuda para los países que necesitan movilizar los ingresos fiscales necesarios para restablecer sus presupuestos y finanzas públicas, al tiempo que invierten en los servicios públicos esenciales, en las infraestructuras y en las medidas necesarias para una recuperación sólida y sostenible después de la crisis", sostuvo la OCDE en su comunicado.

"Este paquete de medidas no acaba con la competencia fiscal, ni lo pretende, sino que busca limitarla según las normas acordadas multilateralmente", insistió Cormann.

Aplicación en 2023

Los participantes en las negociaciones se dieron plazo hasta octubre para "finalizar los trabajos técnicos" y preparar "un plan para su aplicación efectiva en 2023".

Esta reunión, prevista entre el G7 a principios de junio en Londres y la reunión de la próxima semana de los ministros de Economía del G20 en Venecia, era muy esperada.

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El acuerdo alcanzado en Londres había dado un nuevo impulso a estas negociaciones, empantanadas durante la presidencia de Donald Trump, y reactivadas con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

La crisis sanitaria, que ha hecho que los Estados gasten masivamente para hacer frente a la pandemia y apoyar sus economías, también reforzó la voluntad política de alcanzar un acuerdo que aumentaría los ingresos fiscales.

Según la OCDE, con una tasa de al menos 15%, el impuesto mínimo mundial generaría unos 150.000 millones de dólares de ingresos fiscales adicionales al año en todo el mundo.