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El debate sobre las privatizaciones para llenar las arcas estatales, vacías por el impacto de la pandemia de COVID-19, ha vuelto a aflorar en Alemania y se ha convertido en un desafío político, meses antes de las elecciones legislativas.
Fue un responsable cercano a Angela Merkel y a la patronal, el ministro de Economía Peter Altmaier (conservador), el que lo volvió a poner de actualidad, al considerar que el gobierno debería "reducir las participaciones del Estado" en el capital de las empresas.
Esta campaña de privatización tendría aún más interés si cabe teniendo en cuenta que el valor de esas participaciones "aumentó considerablemente en los últimos años", afirmó Altmaier en el diario Die Welt.
La medida permitiría, según él, cubrir una parte del gasto público, que se disparó por la crisis económica provocada por el covid-19, frente a la cual el gobierno gastó más de 1 billón de euros (1,2 billones de dólares) y tuvo que dejar de lado su doctrina de "déficit cero".
“Extraño”
Dentro del gobierno de coalición de conservadores y socialdemócratas, la propuesta ha generado cierta polémica.
El ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz, –quien será el candidato de su partido, el SPD, a la cancillería en las elecciones legislativas de setiembre– calificó la idea de “extraña”.
Las empresas en las que participa el Estado juegan un "papel nada desdeñable" en un momento en el que está en curso una "ayuda masiva a las empresas y a los empleados para atenuar las consecuencias económicas de la pandemia", explicó.
Otro responsable del SPD, Sören Bartol, ve resurgir un debate de los años 1990, una década marcada por una privatización a marchas forzadas de las agrupaciones empresariales de la antigua República Democrática Alemana (RDA, comunista) y por el fin de varios monopolios del Estado en el Oeste. "Que el Estado venda su servicio de plata no fue una buena idea en aquel momento y no lo es ahora", en plena pandemia, consideró.
La propuesta de Altmaier surge en un momento en el que Alemania ha abierto un debate de fondo sobre el futuro de su política presupuestaria: ¿es necesario volver, cuando la pandemia haya pasado, al rigor presupuestario que prevalecía antes? ¿O debe Alemania flexibilizar de forma duradera su posición frente a los desafíos futuros y recurrir al endeudamiento a largo plazo?
Entre 2020 y 2021, Berlín debería emitir más de 300.000 millones de euros ($361.000 millones) de nueva deuda, algo nunca visto en la historia reciente del país.
A finales de enero, el ministro de la Cancillería Helge Braun –conservador y también próximo a Angela Merkel– causó revuelo en su bando al proponer suprimir el “freno al endeudamiento” inscrito en la Constitución nacional, que limita drásticamente las posibilidades de déficit público.
El Partido Socialdemócrata, por su parte, es favorable a las subidas de impuestos a las rentas más altas para apoyar el erario público.
Fortuna de 50.000 millones de euros
En cuanto a las privatizaciones posibles, el Estado posee una mina en empresas que cotizan en bolsa. Esa fortuna está valorada en “unos 50.000 millones de euros” ($60.200 millones), indicó el ministerio de Economía a la AFP.
El paquete incluye exmonopolios públicos como Deutsche Telekom y Deutsche Post, de los que el Estado, accionista minoritario, podría deshacerse a buen precio.
Otros miles de millones de euros están invertidos en una miríada de empresas que no cotizan. El último ejemplo reciente: la entrada en operador privado de redes eléctricas 50Hertz para cerrarle el paso a un inversor chino, y que no tiene visos de durar mucho tiempo.
Y es que, paradójicamente, los llamados a la privatización coinciden con una serie de actuaciones del Estado en sentido inverso: compras de minorías de bloqueo en empresas consideradas estratégicas frente a las pretensiones extranjeras o la estatalización parcial de empresas en caída libre a causa de la COVID-19.
De este modo, el Estado acudió en rescate de la aerolínea Lufthansa o del gigante del turismo TUI.
Berlín también rescató al segundo banco alemán, el Commerzbank, en los peores momentos de la crisis financiera de 2009. Aunque todavía posee el 15% de las acciones, desprenderse de ellas no sería acertado, pues el valor de esos títulos ha caído desde entonces más del 80%.
