Por: Manuel Avendaño Arce.   3 abril
Los diputados trabajan en mesas específicas para avanzar con diferentes temas urgentes frente a la crisis del coronavirus. Fotografía: Cortesía Asamblea Legislativa.
Los diputados trabajan en mesas específicas para avanzar con diferentes temas urgentes frente a la crisis del coronavirus. Fotografía: Cortesía Asamblea Legislativa.

La posibilidad de no pagar cuotas de préstamos por cuatro meses para liberar liquidez en los bolsillos de las familias y los flujos de cajas de las empresas avanza en la Asamblea Legislativa mediante un proyecto de ley que trabajan en conjunto los diputados y el Gobierno.

Se llama “Ley especial para la flexibilización crediticia a partir de la afectación económica generada por el COVID-19” y pretende crear una moratoria para suspender el cobro de la deuda principal, intereses y cualquier otro cargo asociado exclusivamente a préstamos de vivienda, vehículos, personales y consumo (incluidas las tarjetas de crédito).

El texto inicial era mucho más amplio y pretendía liberar del pago a los créditos personales (consumo, tarjetas, vehículos y vivienda), turismo, construcción y pymes. Sin embargo, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) alertó de varios riesgos para la liquidez y la solvencia del sistema.

El proyecto −una tercera versión consensuada− se trabaja actualmente en una mesa integrada por los diputados Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN); Zoila Volio, independiente; Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); Nielsen Pérez y Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Jonathan Prendas, independiente del bloque Nueva República.

A esta mesa se sumaron Pilar Garrido, ministra de planificación y coodinadora del equipo económico del Gobierno; Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR); Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif); y Bernardo Alfaro, superintendente de Sugef.

“El Banco Central, Gobierno y Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) enviarán sus observaciones al proyecto entre este viernes y sábado para trabajar en el texto durante el fin de semana. Existen dos proyectos presentados en la corriente legislativa, pero estamos construyendo uno nuevo para presentarlo la próxima semana”, detalló Thompson en entrevista con EF.

La última versión de la iniciativa reduce el margen de aplicación de la moratoria únicamente al grupo de préstamos personales (consumo, tarjetas, vivienda y vehículo) con algunas salvedades o filtros para quienes deseen acceder a estos beneficios.

El objetivo de este proyecto es proteger a los deudores por el golpe económico del coronavirus, flexibilizar la normativa sobre los contratos de crédito, fomentar que las entidades financieras apliquen readecuaciones y no comprometer la liquidez y solvencia del sistema financiero nacional.

El texto excluyó la suspensión en el pago de seguros de todo tipo, esto obligaría a las personas que tienen estos productos a continuar con sus cuotas ordinarias.

Inicialmente el texto incluía a los seguros, pero Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Supen), advirtió a los congresistas que esa medida podría dar un duro golpe al mercado.

Abecé del proyecto

En resumen el proyecto planteado hasta este viernes 3 de abril propone:

  • Aplazar por cuatro meses los pagos de las cuotas mensuales de préstamos personales dirigidos a consumo, vehículos, vivienda y tarjetas de crédito.
  • Se excluyen de la moratoria los préstamos hipotecarios y prendarios que tengan póliza de seguro de desempleo con cobertura de hasta 11 meses.
  • La suspensión de pagos aplicaría para todas las entidades financieras reguladas por Sugef y para prestamistas no regulados.
  • Los beneficiarios de este aplazamiento no podrán tener una mora mayor a los 90 días en sus préstamos a partir de la entrada en vigencia de la ley.
  • El aplazamiento de pagos aplicará por cuatro meses, desde la entrada en vigor de la normativa.
  • Las cuotas incluidas en la suspensión de cobro serán canceladas al final del plazo del préstamo, de forma mensual y por el mismo periodo en que se aplicó la medida. Las entidades financieras no cobrarán intereses o cargos adicionales sobre esos pagos.
  • Las entidades financieras no podrán pedir a las personas o empresas más documentos que los establecidos en la ley: cartas de despido, suspensión de contrato o reducción de jornada laboral; o en el caso de independientes, declaración jurada autenticada por un abogado o certificación de contador público autorizado en la que se compruebe la caída del 20% en los ingresos.
  • Las operaciones suspendidas de cobro no serán consideradas ni afectarán la calificación del deudor, por lo que no se generará mancha en el registro del Centro de Información Crediticia (CIC).
  • Conassif podrá permitir, hasta por dos años, readecuaciones de deudas y ajustes en las carteras de crédito para la normalización de las operaciones.
  • Los bancos y entidades financieras tendrán la opción de aplicar readecuaciones crediticias siempre y cuando la tasa de interés nueva no sea mayor a la inicial.
  • El BCCR tendrá autorización para crear un programa especial de apoyo de liquidez a las entidades financieras con el fin de ejecutar los objetivos de la ley.
  • El Central podrá contratar y renegociar préstamos con entidades bilaterales y multilaterales para obtener recursos que le permitan reforzar las reservas internacionales. El objetivo es que actúe como banco de segundo piso para las instituciones reguladas por Sugef.
Riesgos y cambios

El pasado 28 de marzo, Bernardo Alfaro, titular de Sugef, indicó una serie de cuidados y temores sobre el primer proyecto de ley presentado. Los planteamientos fueron dirigidos mediante una carta al diputado Pablo Heriberto Abarca.

Alfaro señaló que el primer texto −que incluía a los créditos personales, turismo, construcción y pymes− tendría un efecto adverso sobre la liquidez y solvencia del sistema financiero nacional.

Aplicar una suspensión de pagos por cuatro meses en todos los tipos de préstamos provocaría que el sistema deje de percibir ¢1,7 billones en amortizaciones e intereses.

Mientras que el golpe de tomar la medida para créditos personales, turismo, construcción y pymes sería de ¢1,25 billones dejados de percibir por concepto de amortizaciones e intereses.

“La carencia de semejante nivel de dinero dificultaría severamente la capacidad de atender los desembolsos que requieran las empresas sobre sus líneas de crédito a efectos de paliar la difícil situación; y peor aún, dejaría en situación vulnerable a las entidades si los depositantes llegaran a preferir un desembolso de sus recursos por pánico o necesidad”, apuntó Alfaro en la misiva.

El jerarca de Sugef recordó a los congresistas que los bancos y entidades financieras ya pusieron en marcha una serie de planes para crear periodos de gracia en pago de deudas, postergar cuotas, renegociar condiciones y posponer las ejecuciones judiciales.