EscucharDos proyectos de ley amenazan con traerse abajo parte de la regulación aprobada por Costa Rica, desde inicios de 2020, que le permitió al Banco Central establecer techos a las comisiones que cobran los bancos y los oferentes de tarjetas de crédito y débito por el uso de estos dispositivos en el territorio costarricense.
Al menos así lo denuncia el propio Central, el cual considera que, de aprobarse las enmiendas legales, estas tendrían un impacto al alza sobre los precios de múltiples productos y servicios que se ofrecen en el país.
Los proyectos en cuestión son los expedientes legislativos 24.026 y 24.247, los cuales fueron presentados en corriente legislativa por las diputadas Daniela Rojas y María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y atienden disconformidades que desde hace varios años manifestaron Visa y Mastercard, las dos principales compañías de su tipo en el mundo.
Estas iniciativas buscan impedir que los límites establecidos desde 2020 se continúen aplicando sobre pagos transfronterizos y sobre las transacciones de personas extranjeras que visitan el suelo tico: dos intenciones que, según el emisor, tendrían consecuencias para el mercado como un todo.
Datos del Central señalan que estas transacciones representan solo un 6% de la cantidad total que se gestiona en Costa Rica, pero el porcentaje sube hasta un 16% cuando se contempla su volumen monetario. Por este motivo, la autoridad considera que eliminar los techos supondría un impacto considerable sobre gran cantidad de comercios a la hora de definir sus precios, pues no distingue entre extranjeros y locales a la hora de realizar ese proceso.
Los techos que puede definir el Banco Central son los de las comisiones de adquirencia y de intercambio. Las primeras son las comisiones que pagan los comercios a los bancos que procesan los pagos por aceptar tarjetas; mientras que las segundas, conocidas como interchange fees en inglés, son las que se retiene de cada transacción, en favor del emisor de la tarjeta de crédito o débito.
Las comisiones de intercambio y de adquirencia actualmente tienen techos del 1,25% y del 1,95%, respectivamente, por medio de la legislación aprobada en 2020. Pero, antes de ese cambio legal, se documentaban tasas mayores de un 4% y de hasta un 12%, según informes del propio Banco Central y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) publicados en aquel entonces.
¿Por qué la preocupación?
El BCCR considera que, de aprobarse la exclusión para las transacciones transfronterizas y de turistas, el impacto sobre la estructura de precios de los comercios podría ser significativo; similar al que ocurriría con la aplicación de un nuevo impuesto.
Según explicó el director de la División de Sistemas de Pago del BCCR, Carlos Melegatti, los comercios suelen tomar como referencia la comisión más alta que podrían perder a la hora de definir su estructura de precios, como una forma de cubrirse ante el riesgo y esto se trasladaría a todos los consumidores, no solamente los extranjeros.
“Es como un nuevo impuesto”, explicó en una reciente entrevista para el programa Hablando Claro que se transmite en radio Columbia.
“Si yo de un día para otro me enfrento con un 1% o 2% de costo adicional, eso impacta en todos los productos”, puntualizó.
Esta preocupación ya la expresó al periódico La Nación la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), muy relacionada con el turismo, según la cual sus negocios tendrían que aumentar los precios “a todo el mundo”, tomando en cuenta que no se puede diferenciar entre consumidores locales y extranjeros.
Cacore tiene más de 500 empresas afiliadas en todo el país.
El MEIC también se expresó en contra del expediente 24.247 y puntualizó que “va en perjuicio de los comercios y los consumidores”.
Disgusto de las grandes compañías
El establecimiento de los topes y el hecho de que cubran las operaciones transfronterizas nunca fue del agrado de los principales marcas emisoras de tarjetas de crédito y débito del mundo. Visa y Mastercard, las cuales incluso iniciaron distintos procedimientos legales en contra del BCCR en los últimos años.
Ana María Cerdas, de la División de Sistemas de Pagos del Banco Central, explicó que Visa primero acudió a la Sala Constitucional; pero que los magistrados no admitieron su recurso, por tratarse de un tema fuera de su ámbito de competencia.
Luego, agregó, Mastercard solicitó la anulación de todos los reglamentos del sistema de pagos del BCCR ante el Tribunal Contencioso Administrativo, pero no tuvo éxito y presentó una apelación, de la cual luego desistió.
Por último, siempre según la funcionaria, Visa también presentó una nueva demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, la cual sigue en trámite hasta este momento.
Cerdas dio sus declaraciones en el marco de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en donde se empezaron a analizar los proyectos de ley en semanas recientes.
En la comisión también se recibió a los voceros de Visa y de Mastercard, el 2 de octubre pasado; entre ellos al vicepresidente de Relaciones con Gobierno para México, Centroamérica y el Caribe de Visa, Alberto Luna; y al vicepresidente de Asuntos de Gobierno para Mastercard en Latinoamérica, Felipe Rincón.
Entre otros argumentos, ellos alegaron que en los procesos transfronterizos e internacionales intervienen diversos actores extranjeros que, sin embargo, terminan siendo regulados por las leyes locales; lo cual, desde su punto de vista, implica una infracción de territorialidad.
Sin embargo, este es un criterio que desestima el Banco Central, el cual sostiene que las transacciones se producen en territorio costarricense y que ese punto, específicamente, es el motivo de la regulación aprobada desde hace ya cuatro años.
‘Mal ejemplo’
En el Banco Central opinan que, más allá de un interés particular por el caso de Costa Rica, las empresas de tarjetas de crédito quieren evitar que la legislación del país sea una especie de “mal ejemplo” para otras naciones, y que eso reduzca la rentabilidad actual de sus operaciones en el resto del mundo.
En esa línea, señalan que la regulación impuesta por Costa Rica en 2020 ha sido reconocida positivamente por entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en diversos momentos.
En la misma entrevista antes mencionada, Cerdas incluso aludió a un informe presentado por Visa en 2022 a sus inversionistas, en el cual reconocía que “el desarrollo regulatorio de una jurisdicción puede influir en lo que hagan otros”, afectando “negativamente” su negocio.
“Ellos no necesitan lo que van a ganar aquí“, añadió Melegatti en el mismo espacio periodístico. “Nosotros somos una pulguita, pero seríamos un mal ejemplo porque hablamos de un país con una regulación avanzada“, puntualizó.
Costa Rica es el primer país que regula las comisiones máximas en términos estrictos.
En la Unión Europea, las marcas emisoras de tarjetas llegaron a un acuerdo con las autoridades que deparó comisiones máximas de 0,3% para tarjetas de crédito y de 0,2% para tarjetas de débito, luego de décadas de investigaciones por abuso de posición dominante, según recogen medios internacionales.
Sin embargo, las compañías sostienen que se trató de un hecho negociado y no de una regulación en términos estrictos.
Por el momento, en la Asamblea Legislativa no existe una tendencia particular a favor o en contra de las iniciativas; aunque diputados del Frente Amplio y del gobierno ya se han manifestado en contra de los cambios.
