Tres planes que el Gobierno anunció como fundamentales para su gestión sufrieron reveses en los últimos días.
Los proyectos de ley para vender el Banco de Costa Rica (BCR) y eliminar las tarifas mínimas de colegios profesionales fueron rechazados en sus respectivas comisiones de la Asamblea Legislativa; mientras que el decreto que pretendía aumentar los procesos de homologación de medicinas importadas –actualmente bajo análisis de la Sala Constitucional– recibió un criterio negativo por parte del abogado del Estado: la Procuraduría General de la República (PGR).
La venta del BCR había sido planteada por el Ejecutivo como una medida clave para reducir los niveles de endeudamiento público, y las otras dos iniciativas fueron defendidos por la administración Chaves Robles como algunas de sus puntas de lanza para reducir los costos de vida y de producción.
¿Qué pasó con cada una de las cuestiones y en qué estado quedaron tras los acontecimientos más recientes?, EF revisó la situación de cada uno de los casos.
Venta del BCR
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció durante su discurso conmemorativo de los primeros 100 días de gestión que su gobierno perseguiría vender el BCR. Según manifestó, el plan permitiría acceder a unos ¢1,2 billones; es decir, recortar alrededor de una vigésima parte del acumulado de endeudamiento público del Gobierno Central.
El proyecto de ley finalmente fue enviado al Congreso el 7 de septiembre pasado, pero desde entonces contó con el rechazo de una gran cantidad de legisladores, por motivos de forma y de fondo.
Finalmente, dicho cóctel derivó en el rechazo del proyecto por parte de la comisión legislativa de Asuntos Económicos, este 22 de febrero. Esto sepulta ese documento.
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Los legisladores del foro, además, afirmaron quedar a la espera de una nueva redacción del texto que el Gobierno manifestó que enviará. El plan del Ejecutivo es insistir con la propuesta de venta, con un expediente completamente nuevo y distinto, a pesar de que son varios los diputados de diversas bancadas han manifestado su total rechazo a la iniciativa.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló en una reciente conferencia de prensa que la transacción le permitiría al Gobierno Central colocar los niveles de deuda por debajo del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) más rápidamente, lo cual permitiría mejorar los niveles de inversión pública, ante una menor presión de la regla fiscal y de las tasas de interés ligadas al financiamiento que busca su cartera.
Además de los opositores políticos, la Contraloría General de la República (CGR) también criticó la primera versión del proyecto de ley, ahora rechazado. Esta entidad indicó que el proceso planteado para la venta era poco transparente y centraba funciones en el Poder Ejecutivo.
Ahora, el plan de venta solo podría concretarse si una nueva iniciativa de ley tiene éxito.
Colegios profesionales
Este mismo 22 de febrero, otro proyecto relacionado con intenciones especiales del Poder Ejecutivo fue rechazado por los diputados.
La comisión de Asuntos Jurídicos rechazó un plan que planteaba eliminar las tarifas mínimas establecidas por colegios profesionales para el trabajo de sus agremiados.
Esta idea, que ha sido respaldada por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y respaldada por entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue rechazada por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), del Frente Amplio (FA) y de Partido Nueva República (PNR), en el foro legislativo de Jurídicos.
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Entidades como Coprocom y la OCDE aseguran que la existencia de estas tarifas mínimas eleva los costos de múltiples servicios en Costa Rica, pues impide la competencia por un precio más bajo entre profesionales liberales.
No obstante, los colegios profesionales alegan que eliminar los pisos de cobro podría generar problemas relacionados con la calidad de los servicios que finalmente se presten e incidir en eventuales prácticas de competencia desleal.
El rechazo del proyecto en comisión es un golpe más a las intenciones del Gobierno en esta materia. Antes, el Tribunal Contencioso Administrativo suspendió decretos relacionados con los colegios de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y de Terapeutas, a través de medidas cautelares, mediante los cuales el Ejecutivo quería realizar medidas similares que –según su criterio jurídico– no requerían de reformas a leyes.
Homologación de medicinas
Por último, el decreto que el Gobierno firmó con el objetivo de agilizar la inscripción de medicamentos, a través de procesos de homologación de registros en instancias internacionales, también enfrentó problemas en las últimas semanas.
El texto está bajo análisis de la Sala Constitucional, luego de que un grupo organizado (la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Pacientes de Costa Rica) presentó una acción de constitucionalidad contra el mismo. Algunos de los cuestionamientos hacen alusión a posibles riesgos de salud pública.
Como parte de este proceso, se solicitó la posición de la Procuraduría General de la República, la cual opinó que el decreto no constituía “un procedimiento administrativo idóneo que garantice que los medicamentos autorizados (...) cumplan los estándares de calidad, seguridad y eficacia”.
El abogado del Estado opinó que el modelo de homologación, tal como lo plantea el Poder Ejecutivo, “omite el control efectivo que el Ministerio de Salud, por obligación constitucional, debe ejercer sobre los medicamentos autorizados en el país”.
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Según la Procuraduría, se deben resguardar las potestades de Salud para definir la conveniencia o no del ingreso de un medicamento, “aun cuando la agilización de los trámites de inscripción de medicamentos constituye un objetivo legítimo”.
El decreto 43.590-MS se publicó en junio pasado y, según dijeron las autoridades entonces, pretendía aumentar la competencia en el sector y reducir los precios de estos medicamentos. Además, buscaba reducir a unos 30 días el plazo de inscripción de estos insumos en el país.
El criterio de la Procuraduría no invalida por sí mismo el decreto firmado por el Ejecutivo, pero es un insumo que podría influir negativamente en la resolución de la Sala Constitucional sobre el documento.
Los magistrados de la Sala serán los encargados de determinar si el decreto es aplicable o no, a partir de los análisis que reciban de las diversas partes involucradas.
