EscucharQuizás para algunos suene lejano, pero el 2018 fue un año complejo y ajetreado en la historia fiscal del país. El rompecabezas financiero de ese año tuvo piezas importantes: entre ellas, la venta de las Letras del Tesoro en setiembre, una medida extrema que tuvo que utilizar el ministerio de Hacienda para financiarse y cumplir con sus responsabilidades.
La situación lucía complicada desde meses atrás. Tras el cambio de mandato, en julio, se descubrió que el gobierno de Carlos Alvarado heredó un faltante de ₡600.000 millones en el presupuesto de 2018.
Su predecesor, Luis Guillermo Solís, también del Partido Acción Ciudadana (PAC), se enfrentó a un panorama de problemas de liquidez del gobierno a finales de 2017 y la idea era emitir bonos de deuda para solventar esa carencia.
Al final de cuentas se emitieron más bonos a corto plazo de lo que se tenía previsto, y esto creó una nueva cuenta por pagar para el gobierno entrante, que cuando asumió el poder en 2018 aseguró desconocer la existencia de ese faltante.
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Hacienda debió solicitar a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para tapar el llamado “hueco fiscal” por ese monto millonario.
Otra pieza clave en el mencionado rompecabezas fue Bancrédito.
Inversiones en Bancrédito complicaron más el panorama
Las maniobras que realizó la primera administración del PAC (2014-2018) para tratar de mantener a flote a Bancrédito en 2017 repercutirían en las necesidades presupuestarias para el año siguiente. En julio de 2023, el tema recobra importancia por la acusación contra el expresidente Solís, quien llegaría a juicio por este particular.
El objetivo de la administración Solís Rivera fue evitar un cierre de la entidad o una intervención por parte del Conassif.
Este banco comercial del Estado enfrentaba problemas de solvencia y de liquidez desde hacía varios meses. Sus ganancias mermaron por numerosos créditos que otorgaron y entraron en mora.
Paulatinamente, Bancrédito empezó a vender su cartera de créditos, canceló sus operaciones de captación y préstamos de dinero, cerró sucursales y liquidó a parte de su planilla.
La entidad llegó a tener incluso un nivel 3 de irregularidad, tras varios meses de presentar pérdidas.
Pese al entorno complejo, la administración Solís Rivera decidió invertir en el banco e inyectarle liquidez cuando las expectativas de obtener retornos eran bajas.
En total, se destinaron alrededor de ₡130.000 millones para mantener a flote a Bancrédito. La intención era que Hacienda recibiera de regreso el dinero a finales de 2017, sin embargo, los recursos no llegaron por la situación del banco a pocos meses de cumplir 100 años de operación.
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“Entiendo que el Gobierno de la República, a través del Consejo de Gobierno como representante de las acciones y respaldado en la Garantía del Estado otorgada en las leyes respectivas, otorgó préstamos al Bancrédito de corto plazo para solventar el problema de liquidez. A cambio, desconozco si recibió cartera de crédito de sus clientes en garantía. Me parece que el Gobierno optó por dichos préstamos de manera que el banco no entrara en una crisis inmediata que provocara el cierre”, explicó Carlos Fernández, exgerente general del Banco de Costa Rica (BCR).
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De acuerdo con el experto, los problemas de liquidez del banco los pudo solucionar obteniendo préstamos con otros bancos del sistema financiero, para lo cual pudo otorgar en garantía o ceder cartera de crédito o inversiones en títulos valores.
Posteriormente, Bancrédito fue absorbido por el BCR y cerró operaciones en diciembre de 2017. Proyectos de ley que pretendían convertir a la entidad en un banco de fomento o de segundo piso no prosperaron en la Asamblea Legislativa.
Con la absorción, se entregaron los activos y pasivos al Banco de Costa Rica con una capitalización adicional, lo que representó asignar ingresos del Estado a dicho rubro.
De acuerdo con el economista y ex banquero William Hayden, quien fue contratado para elaborar el plan de reestructuración de Bancrédito, el BCR siempre tuvo en mente anexarse a Bancrédito.
“El gobierno actuó responsablemente para mantener en operación a Bancrédito, para ello suspendió a la junta directiva, nombró una provisional para que hiciera un plan de supervivencia y de continuidad del negocio en el corto y mediano plazo. Para mantener a flote la liquidez del banco, en el corto plazo, en sustitución de los recursos que le estaba quitando el mercado, le inyectó con carácter provisional fondos provenientes de la Tesorería Nacional en calidad de inversión de corto plazo”, afirmó Hayden.
¿Actuaron de buena fe?
El exmandatario Solís siempre defendió que desde su gobierno actuaron apegados al Derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores de Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores.
Además, se mostró “sorprendido” por la reciente decisión de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de solicitar llevarlo a juicio por este tema.
Hay una denuncia de la Contraloría General de la República que sugiere que Solís y otros cuatro antiguos miembros de su administración —Sergio Alfaro, exministro de la Presidencia; Helio Fallas, exministro de Hacienda; Martha Cubillo, extesorera nacional y Mauricio Arroyo, exsubtesorero nacional— supuestamente influyeron contra la hacienda pública al autorizar las inversiones y utilizar esos recursos.
“Como expresidente de la República y ciudadano respetuoso de la institucionalidad y de las garantías propias del Estado de Derecho, acudiré a tribunales a demostrar la legalidad de todas nuestras actuaciones y no dudo que la justicia prevalecerá por encima de cualquier otro interés”, afirmó Solís Rivera.
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Posibles penas de cárcel
El artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública señala que los funcionarios que intervengan desde su cargo para que se produzca un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, serán penados con prisión de dos a ocho años.
Artículo 57. — Influencia en contra de la Hacienda Pública. Serán penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin.
Este es el delito por el cual se acusa a los involucrados en este caso. De momento, el proceso está a la espera de novedades sobre el juicio.
