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El pago de pluses y anualidades que reciben los 57.000 empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se ajustará a las medidas de contención del gasto que se implementaron en el sector público con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).
La Junta Directiva de la institución acordó, la tarde de este martes, acatar la resolución que emitió la Contraloría General de la República (CGR) el pasado jueves 5 de setiembre.
El ente contralor le ordenó a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS y a la junta directiva de esa institución aplicar las acciones para contener el crecimiento del gasto en salarios que se establecen en el título III de la reforma fiscal.
Los jerarcas de la entidad deberán ignorar los acuerdos suscritos con los sindicatos en febrero y agosto de este año, el segundo para poner fin a una huelga de ocho días que dejó efectos perjudiciales para los asegurados.
Macaya explicó este martes, en un comunicado, que la decisión se tomó de forma unánime por parte de los nueve miembros de la Junta Directiva, tras una intensa sesión que arrancó a las 9:30 a.m. y concluyó pasadas las 5:00 p.m.
De acuerdo con el jerarca durante la sesión extraordinaria se analizaron todos los puntos de vista sobre la resolución de la Contraloría y los directores de la CCSS decidieron acatar la orden emitida, por lo que se abstendrán de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro procedimiento en vía administrativa para buscar la declaratoria de nulidad relacionada con el pago de anualidades, incentivos, complementos, sobresueldos y pluses salariales.
El jerarca de la CCSS hizo énfasis en que desde la aprobación de la reforma fiscal, el 3 de diciembre del 2018, la entidad estuvo enfocada en implementar esta nueva normativa que es importante para lograr el saneamiento de las finanzas públicas del país en momentos de desaceleración económica.
“Sabemos que esto genera discordia y hacemos un llamado a la cordura a todos los colaboradores de la CCSS para que encontremos mecanismos pacíficos e institucionales para resolver cualquier diferencia que tengamos”, agregó Macaya.
Orden de la Contraloría
La resolución de la Contraloría surgió como respuesta a una denuncia presentada por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) contra el los acuerdos que suscribieron las autoridades de la CCSS, el Gobierno y los sindicatos con el objetivo de mantener por fuera de la Ley el pago de incentivos salariales a los más de 57.000 trabajadores de la institución.
“Los acuerdos de febrero y agosto de 2019 no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos por lo que la CCSS debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad de los numerales relativos a ‘anualidades’ e ‘incentivos, complementos, sobresueldos y pluses’. Además, se ordenó a dicha junta la aplicación inmediata de la reforma fiscal”, informó el ente Contralor en un comunicado, la mañana de este jueves.
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El pasado lunes 12 de agosto Román Macaya, el Gobierno y los sindicatos firmaron un acuerdo que permitía mantener intactos los pluses salariales para los empleados de la CCSS en contra de la reforma fiscal y mientras un tribunal se toma hasta cinco años para resolver el tema.
El trato con los sindicatos contó con la bendición del presidente de la República, Carlos Alvarado, lo que se tradujo en una contrariedad con respecto a la posición que manifestó y puso en marcha Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, quien lideró la aprobación del plan fiscal, los eurobonos, el proyecto de empleo público y ahora el Presupuesto Nacional 2020.
Aguilar se mostró incómoda con la decisión del Ejecutivo y dijo que estaba “totalmente en desacuerdo” del acuerdo con los sindicatos. Este documento y el que se firmó en febrero, permiten mantener vivo el crecimiento del gasto corriente en salarios de la CCSS mientras que a los empleados públicos de otras instituciones sí se les ajustarán los sueldos de un pago porcentual a uno nominal (monto fijo).
El arreglo estuvo precedido por una huelga de ocho días en el sector salud. El discurso público de los gremios sindicales fue que arrancaron la protesta para defender a la institución de las intenciones que pretendían privatizarla y de la aplicación de la regla fiscal, un tema que ya había sido aclarado previamente por Hacienda y la Sala Constitucional.
El objetivo de la huelga era defender los 19 pluses que la CCSS paga a sus empleados.
El movimiento sindical provocó la suspensión de 68.000 citas médicas, la pérdida de 1.400 cirugías programadas y una denuncia por la muerte del químico Mario Castro quien presuntamente no recibió atención médica oportuna en el Hospital de Alajuela.
