Para sentarse en una de las siete sillas de magistrado de la Sala Constitucional, tuvo que esperar casi año y medio entre la pensión de Adrián Vargas, en enero del 2010, y la votación en plenario que con 41 sufragios a favor le permitió asumir el cargo el 23 de junio del 2011.

Paul Esteban Rueda Leal, doctor en derecho constitucional por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, Alemania; letrado de la Sala IV (2003-2011); y coordinador, por una década, de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), celebró su elección con la frase: “los diputados confiaron en mí sin color político”.

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Ocho años después de aquel episodio, con un expediente judicial limpio y sin investigaciones abiertas, la reelección de Rueda peligra en una intrincada guerra de débiles argumentos y el prospecto de una votación secreta en el plenario el lunes 24 de junio.

Los diputados juegan con un fuego que amenaza con debilitar la independencia de poderes. Así lo alertan Kevin Casas, abogado y exvicepresidente de la República; Mario Redondo, exdiputado; y Rosaura Chinchilla, directora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Facturas

Los diputados son libres de elegir y reelegir a los magistrados con base en cualquier criterio, ya que la legislación vigente no establece ningún mecanismo para tomar esta decisión. En la práctica –y durante años– los legisladores definieron su voto de acuerdo con la integridad de su trabajo, la ética y la transparencia en la función judicial.

El 12 de junio, la Comisión de Nombramientos del Congreso discutió y decidió no recomendar la reelección de Rueda. Ese día el foro legislativo estuvo conformado por los legisladores Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); Jorge Fonseca y Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

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La sesión se extendió por apenas 10 minutos. Los legisladores recibieron un informe de la Corte en el que se certifica que el magistrado constitucional no tiene ningún tipo de falta, sanción o proceso abierto. La Fiscalía indicó que las cuatro causas en las que figuraba ya fueron desestimadas, mientras que la quinta todavía está en proceso.

En una votación secreta, cinco de los siete legisladores decidieron no recomendar la continuidad del juez en la Sala Constitucional. El oficialista Enrique Sánchez y el liberacionista Jorge Fonseca sí apoyaron la reelección.

Carlos Avendaño, quien ocupa una curul por tercera vez, votó en contra. Sus argumentos iniciales fueron que “el Poder Judicial necesita un cambio” y que las “reelecciones indefinidas deben revisarse”.

El magistrado votó a favor de la acción de inconstitucionalidad que permitirá el matrimonio homosexual a partir de mayo del 2020 y también avaló la reforma fiscal en noviembre del 2018, tras consultas de los parlamentarios. Restauración Nacional se oponía a ambas iniciativas.

Consultado por EF, Avendaño aseguró que las sentencias emitidas por el magistrado durante los ocho años de su primer período no pueden ser un elemento para evaluar su trabajo, puesto que “son muchas y de muy diferente naturaleza”.

La legisladora restauracionista Xiomara Rodríguez también se opuso al segundo período del juez, pero sostuvo que se limitó a votar como lo iba a hacer su compañera de fracción Floria Segreda, a quien sustituyó ese día en la Comisión de Nombramientos.

Hace menos de un año –durante una intervención ante el pleno legislativo– Rodríguez arremetió contra la sentencia que allanaba el camino para el matrimonio igualitario en el país y dijo que esa resolución traería consecuencias para los magistrados.

Ahora es turno del plenario de definir el futuro de Rueda. El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca dijo que revisa votos del juez para definir si apoya un segundo período o no.

Repasó, por ejemplo, la resolución de la Sala IV sobre la pesca de arrastre, caso en el cual Rueda votó a favor de un recurso de amparo que enterró, en marzo del 2018, el otorgamiento de licencias para esta actividad por parte del Ejecutivo.

Abarca, quien aceptó en declaraciones al Semanario Universidad que su decisión se va a basar en las sentencias y en si las decisiones tomadas por el magistrado coinciden con su “oferta electoral”, prefirió abstenerse de hablar sobre este tema ante una consulta de EF.

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En las tiendas liberacionistas, el diputado Luis Fernando Chacón aseguró que “la reelección cuasivitalicia” de los magistrados “no es sana para una democracia”. Sin embargo, en setiembre del 2018 sí favoreció la continuidad de Julia Varela en la Sala II.

Rueda también apoyó el proyecto de reforma del régimen de pensiones de esa institución, el cual se convirtió en ley en abril del 2018, aumentó la edad de jubilación y los aportes de los empleados, e impuso un tope de ¢4 millones.

Votación arcana

El otro punto polémico en el proceso para definir la reelección del magistrado es la posibilidad de que el asunto se defina con una votación secreta en el plenario de la Asamblea Legislativa.

La bancada del PAC solicitó a la Presidencia del Congreso que el proceso fuera público y nominal. De aprobarse este sistema de votación, cada congresista deberá expresar con su voz si el voto es a favor o en contra de la reelección del constitucionalista.

El artículo 228 del Reglamento Legislativo permite utilizar la votación secreta para “nombramientos, ratificaciones y renuncias”; sin embargo, no la habilita expresamente para “reelecciones”.

Las sentencias de la Sala Constitucional (N.° 2004-13419 y N.° 2621-95), explicadas en el editorial de La Nación del martes 18 de junio, aclaran que en casos como este no hay elección, nombramiento, ratificación ni renuncia, por lo que la votación no debe ser secreta.

Por su parte, en las filas del PUSC, el PLN y Restauración Nacional las intenciones de abrir la votación no son bien recibidas porque consideran que se podría incurrir en una falta contra la normativa de la Asamblea.

Para destituir del cargo a Rueda, los diputados requieren 38 votos en contra de la reelección.

El manejo legislativo en este caso abre una serie de mensajes políticos implícitos para los otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero, sobre todo, para los constitucionales, quienes a menudo tienen la última palabra sobre asuntos políticos, económicos y sociales de gran impacto para el país.

Los jueces no pueden ni deben tomar decisiones bajo la premisa de que sus sentencias les gustan o no a los congresistas, quienes los eligen cada ocho años. “Esto es peligroso y atenta contra la institucionalidad de Costa Rica”, a criterio de Kevin Casas.

En países como Venezuela y Nicaragua los magistrados del Poder Judicial son elegidos bajo criterios políticos y se convierten en aliados de los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

Es en casos como estos que el peligroso fuego de la intromisión política entre poderes se traduce en una desprotección directa para la sociedad que ve, en primera fila, cómo los gobiernos lesionan los derechos humanos, al tiempo que no encuentra un sistema creíble y sólido para defenderse.