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El Poder Ejecutivo presentó este lunes un proyecto con el que pretende reducir jornada de cerca de 35.000 empleados públicos, como parte de la reducción de gasto público en medio de la pandemia causada por la COVID-19.
El mismo texto también habilita la posibilidad de que estos funcionarios puedan retirar su Fondo de Capitalización Laboral (FCL) aunque no hayan cumplido el quinquenio.
De acuerdo con lo que detalla la iniciativa, esta medida sólo reformaría la Ley de Salarios de la Administración Pública (2166).
¿A quiénes se les reduciría el salario?
El proyecto de ley establece que será a los funcionarios públicos que ganen, al menos, ¢1,5 millones como salario bruto. Esto incluiría a las instituciones públicas que paguen sus planillas por medio de los sistemas Integra 1 e Integra 2, pero también a las que están fuera de estos sistemas.
Según la Ley de Salarios de la Administración Pública en el artículo 26 aplicaría para la administración central, “entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y las dependencias y los órganos auxiliares de estos”.
También aplicaría para la Administración descentralizada, es decir, instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. Sin embargo, hay excepciones.
¿Quiénes quedarían fuera de la reducción de jornadas?
El texto del Ejecutivo detalla seis excepciones puntuales:
- Cuerpos de Policía.
- Benemérito Cuerpo de Bomberos.
- Ministerio de Salud.
- Caja Costarricense de Seguro Social.
- Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
- Centros penitenciarios.
¿Cuánto se reducirá la jornada de los empleados públicos?
La reducción de la jornada y en consecuencia la rebaja del salario sería de un 15%.
¿Por cuánto tiempo aplicaría la reducción?
De acuerdo con la iniciativa de ley, la reducción aplicaría por un lapso de 12 meses.
¿Cuánto dinero se ahorraría?
La aplicación de esta medida representaría un recorte al gasto público de ¢129.700 millones, de acuerdo con las estimaciones del ejecutivo.
¿Cómo se realizarían las rebajas?
La iniciativa señala que las instituciones públicas que no paguen sus planillas por medio de los sistemas Integra 1 e Integra 2, con excepción de las Municipalidades y la CCSS, deberán trasladar a la caja única del Estado, en el Ministerio de Hacienda, las diferencias salariales que se produzcan tras la reducción de jornadas.
Por el contrario, para las instituciones que sí estén dentro de estos sistemas, la rebaja se hará automáticamente por parte Hacienda. Este ente será el encargado de excluir las plazas ocupadas por funcionarios que laboran en puestos que quedarían excluidos.
¿Quiénes podrán solicitar el FCL?
Todos los empleados públicos que vean su jornada reducida como consecuencia directa de este proyecto de ley, si eventualmente se aprueba.
¿Por qué se presentó el proyecto?
De acuerdo con estimaciones dadas por el Ministerio de Hacienda, la reducción de la recaudación de impuestos consecuencia de la afectación de la actividad económica del país generó una caída 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual equivale a ¢1,2 billones.
Solo en mayo la actividad económica tuvo variación interanual de -7,5, según el Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
En consecuencia, el Ejecutivo planteó este proyecto para recuperar parte de esos ingresos faltantes.
¿Qué falta para que la medida se aplique?
Al ser un proyecto de ley, ese debe pasar por la Asamblea Legislativa y ser votada afirmativamente por los diputados.
