EscucharRodrigo Chaves cierra su gobierno con un perfil ideológico definido: liberal en lo económico y conservador en lo social. La pregunta es otra: si esa combinación responde a convicciones sostenidas o a una estrategia política que se acentuó conforme avanzó la administración y se acercó el ciclo electoral.
Un repaso de sus decisiones sugiere una trayectoria con dos velocidades.
En materia económica, la línea fue relativamente consistente desde el inicio. En lo social, en cambio, el discurso y las acciones evolucionaron con mayor claridad hacia posiciones conservadoras con el paso del tiempo y la cercanía de nuevos comicios.
Liberalismo claro
La política económica del gobierno de Chaves mostró una orientación liberal: menor intervención estatal, apertura de mercados y contención del gasto público como ejes centrales.
La administración priorizó la austeridad fiscal en favor de la estabilidad macroeconómica, incluso a costa de limitar el crecimiento del gasto en áreas clave como educación y obra pública.
También impulsó —aunque sin éxito— proyectos para vender instituciones públicas en todo o en parte, como el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Nacional de Seguros (INS); así como para abrir el mercado de la generación eléctrica dominado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
A eso se suman decisiones como la reducción de las barreras arancelarias en productos como el arroz: una política alineada con recomendaciones históricas de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Más allá de episodios puntuales, la línea de Chaves fue coherente.
Entre otras excepciones, el mandatario se mostró anuente a intervenir los precios de los combustibles con un subsidio estatal en los primeros meses de su gobierno, cuando el país se enfrentaba a la crisis inflacionaria posterior a la pandemia de COVID-19. Además, el presidente decretó márgenes de ganancia máximos para la venta de medicamentos, como parte de sus medidas para intentar reducir el costo de los fármacos.
Sin embargo, nada de eso marcó la dirección general de la administración.
“A todos los mandatarios les toca cruzar líneas propias, pero una golondrina no hace verano”, explicó el politólogo Ronald Alfaro, del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), quien subrayó que existen presiones que trascienden la convicción personal de todos los gobernantes.
En el caso específico de Chaves y esos intentos de controles de precios, por ejemplo, el presidente tenía la presión de “reducir el costo de la vida”: una de sus principales promesas en campaña electoral que seguía muy latente en las primeras semanas de su mandato.
Conservadurismo en evolución
En lo social, la trayectoria fue muy distinta.
En los primeros meses de su administración, Chaves envió señales de apertura.
Por ejemplo, garantizó a la población LGBTIQ que no retrocedería en el reconocimiento de sus derechos “logrados a lo largo de sus luchas por la equidad y el aprecio a la diversidad”; y promovió iniciativas como la legalización de la marihuana.
Con el tiempo, esa línea se diluyó.
El gobierno eliminó declaraciones de interés nacional a la Marcha del Orgullo y destituyó a la ministra que las firmó en el 2024, suprimió la figura del comisionado presidencial para asuntos de diversidad y modificó su discurso en torno a la marihuana, al punto de terminar usando el consumo recreativo como un motivo de ofensa hacia algunos de sus adversarios como los diputados del Frente Amplio (FA).
El giro se acentuó hacia el final del mandato.
En enero de 2025, el gobierno sustituyó los programas de Sexualidad y Afectividad del Ministerio de Educación Pública (MEP), bajo el argumento de que “la familia es la principal responsable” de ese rol. Y en octubre del mismo año, derogó la Norma Técnica de Interrupción Terapéutica del Embarazo para sustituirla por una más restrictiva.
Las decisiones coincidieron con el arranque del ciclo electoral, y con una mayor cercanía del gobierno a organizaciones religiosas, principalmente evangélicas.
El diputado Fabricio Alvarado, quien por muchos años fue uno de los máximos referentes del conservadurismo en la política costarricense, acusó a Chaves de tomar esas decisiones muy tarde, más por cálculo político que por convicción. Eso lo dijo durante la campaña electoral, cuando disputaba el voto conservador contra el oficialismo.
Desde el otro extremo ideológico, figuras progresistas como el diputado Antonio Ortega también han calificado el conservadurismo del presidente como “hipócrita” y, en un video que publicó en sus redes sociales, contrastó el discurso del presidente con sus burlas a opositores o hasta el hecho de que recientemente reconoció una hija nacida fuera del matrimonio en 2023.
Convicción o cálculo
La coexistencia de ambas líneas —liberal en lo económico, conservadora en lo social— no es un fenómeno aislado.
En distintos países de América Latina, esa combinación ha demostrado ser políticamente rentable, especialmente en contextos de descontento económico y fragmentación política.
En ese marco, analistas señalan que las decisiones de los gobiernos y los estilos que asumen no solo responden a sus verdaderos principios ideológicos, sino también a incentivos políticos.
“Todo se utiliza no solo en función de convicciones, sino en función de la coyuntura” y “muchas de las decisiones cambian o se profundizan en función de intereses específicos”, resumió el coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica (OPNA-UCR), Rotsay Rosales.
En el caso específico de Chaves y su gobierno, el balance sugiere que la convicción y el interés político pudieron no ser excluyentes.
En lo económico, la consistencia permitió consolidar una línea reconocible; y en lo social, la flexibilidad facilitó ajustes para garantizar su éxito electoral.
