La Contraloría General de la República (CGR) rechazó el último recurso de objeción recibido en contra del cartel de licitación para la modernización de Puerto Caldera, lo cual representa una luz verde para poder avanzar en este proceso.
Esa última objeción fue presentada el pasado 6 de octubre por la empresa Logística de Granos S.A., socia minoritaria del grupo que opera actualmente el puerto.
En su recurso, dicha empresa alegó la imposibilidad de dar en concesión las obras existentes, la reducción indebida del canon de explotación y la falta de claridad sobre la prestación futura del servicio de remolcadores al no incluirse en esta contratación.
Sin embargo, la CGR rechazó tales argumentos “en razón de que la empresa objetante perdió su derecho de impugnar al no hacerlo oportunamente desde la primera ronda de objeciones”, según informó la entidad este 17 de octubre.
Con el rechazo del recurso quedan consolidados los requisitos de la licitación, de modo que el Instituto de Puertos del Pacífico (Incop) podrá continuar con el trámite de la contratación.
“La Contraloría General reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la eficiencia, conscientes de la urgencia de la modernización de Puerto Caldera para el desarrollo económico y social del país”, declaró la entidad.
Siguiente paso
Tras conocerse la resolución de la CGR, el Incop emitió un comunicado en el cual se confirma que el proceso licitatorio continuará según el cronograma establecido.
Así, el 7 de noviembre se llevará a cabo en Puntarenas la apertura oficial de las ofertas para la concesión de obra pública con servicio público.
“Este proyecto representa un hito histórico para el país. Caldera requiere una infraestructura moderna, eficiente y sostenible que responda a las necesidades actuales y futuras del comercio exterior. Agradecemos la confianza y el compromiso de todos los equipos técnicos, jurídicos y administrativos que han trabajado con transparencia y responsabilidad para llegar a esta etapa”, expresó Wagner Quesada Céspedes, presidente ejecutivo del INCOP.
La meta es contar con un concesionario que asuma el proyecto de modernización de Puerto Caldera en agosto del próximo año, fecha en que finaliza la actual concesión.
Largo proceso
En octubre de 2024 se publicó el primer cartel para la licitación, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura y el equipamiento del puerto, que hoy presenta una elevada congestión.
La resolución de la CGR pone fin a varias rondas de objeciones y revisiones al cartel de la licitación, del cual se publicaron cinco versiones. Este proceso no ha estado exento de polémica.
La empresa Logística de Granos S.A. es representada por José Pablo Chaves Zamora y es socia minoritaria de las actuales concesionarias del puerto, Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC).
El 10 de octubre trascendió una nota dirigida por la SPC y la SPGC a Quesada, en la cual aclararon que no compartían la objeción presentada por Chaves.
“No compartimos las consideraciones, ni el enfoque planteado y nos desmarcamos totalmente de esa línea de pensamiento y de cualquier interpretación que pudiera vincular a SPC o SPGC con ese recurso”, indicaba en la nota el presidente de la Junta Directiva de ambas empresas, Mauricio Carrasco.
José Pablo Chaves es hijo del empresario Calixto Chaves, financista de la campaña política del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. El mandatario instó en varias ocasiones a la CGR a agilizar el proceso de licitación.
Asimismo, 13 cámaras y asociaciones representantes del sector productivo costarricense emitieron un comunicado el 17 de septiembre, en el cual hacían un llamado a la CGR para que agilizara el proceso.
“La situación de Puerto Caldera es crítica y su modernización resulta prioritaria para aliviar la saturación de la terminal, dinamizar el comercio nacional e impulsar la competitividad del país. Los atrasos en el proceso generan sobrecostos logísticos que afectan directamente a las empresas y, en última instancia, al consumidor final”, decía el comunicado.
Tras esos llamados, la CGR señaló al Incop como responsable del atraso sufrido en la licitación.
