Rocío Aguilar fue, desde su designación como ministra de Hacienda hasta este miércoles 23 de octubre, la figura más fuerte en el gabinete del presidente Carlos Alvarado.
Su salida –en sus palabras para ahorrarle al mandatario el costo político de ignorar una recomendación de la Contraloría General de la República– presagia un reacomodo de las fuerzas en el escenario político.
A nivel nacional, los defensores de medidas más estrictas para contener el gasto del Gobierno Central pierden una poderosa aliada; mientras que las organizaciones gremiales del sector público ven una oportunidad de lidiar con un sucesor que tenga menos bríos.
En el seno del Ejecutivo se desdibuja la noción del gobierno de “unidad nacional” impulsada por el presidente Alvarado y crece la incertidumbre con respecto al compromiso real del Ejecutivo con la implementación de la reforma fiscal y los sacrificios que esto supone.
En parte, las dudas sobre hacia dónde se inclinará la balanza se aclararán cuando se nombre al sucesor de Rocío Aguilar. La lista de pendientes es diversa y va desde velar por la aprobación del Presupuesto Nacional en la Asamblea Legislativa hasta colocar la nueva emisión de bonos de deuda externa y por supuesto encontrar la forma de sacudirse la larga sombra de la exministra.
“La historia tendrá que reconocer el paso de Rocío Aguilar como la mujer que desde el Ministerio de Hacienda lideró una reforma tan importante como la transformación fiscal que estuvo trabada y postergada por casi 20 años”, dijo la politóloga Argentina Artavia.
En pugna
Con el impulso decidido que dio a la implementación de la reforma fiscal, la exministra de Hacienda se colocó en el corazón de un debate que enciende pasiones en Costa Rica: la forma en que el Estado gasta el dinero de los contribuyentes. Para 2020, Hacienda calcula que esos fondos sobrepasarán los 5 billones.
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Los duelos no fueron pocos. Las medidas para contener el crecimiento exponencial de las remuneraciones de la planilla estatal o para cumplir con la regla fiscal han enfrentado estallidos de resistencia periódicos en diferentes instituciones.
Los pulsos con las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social y más recientemente las universidades públicas le depararon pocos amigos en el sector sindical, el cual fungió como bastión de apoyo para la primera administración del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Para estas agrupaciones la salida de Aguilar abre espacio a la posibilidad de lidiar con un nuevo ministro de Hacienda menos riguroso en la implementación de la reforma fiscal.
En la acera del frente, las organizaciones empresariales han mantenido su apoyo a las acciones del Gobierno, pese a reclamar de manera constante medidas para reactivar un consumo adormecido.
“Hacemos un llamado al Gobierno para que se tomen las medidas urgentes en temas de reactivación económica, ampliamente discutidas y para que la persona que ocupe el puesto de doña Rocío cuente con los atestados y la valentía que ella tuvo”, afirmó Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Dependiendo de quien se nombre en Hacienda, el gobierno podría poner bajo presión su relación con los representantes de un sector productivo que se muestra cada vez más impaciente ante el lentísimo crecimiento de la actividad económica y la persistente fragilidad de las arcas públicas aún con el cobro de nuevos impuestos.
Los ánimos entre los empresarios ya están caldeados y llevaron a la escisión más importante en la representatividad empresarial con el retiro de la Cámara de Comercio y la de Industrias de la Unión de Cámaras (Uccaep).
Desdibujado
La salida de ministra de Hacienda también impactará el equilibrio de fuerzas al interno de un gabinete que afirma estar unido pero cuyas diferencias ideológicas quedan en evidencia en las erupciones de descontento ciudadano.
Del gabinete de “unidad nacional” nombrado en el arranque de esta administración se han desteñido otros colores políticos y el rojiamarillo del PAC copa los espacios.
Las dos figuras más notorias del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el equipo de Alvarado, Rodolfo Piza –quien renunció el 29 de julio– y Edna Camacho –quien dejó su cargo el 16 de mayo–, fueron sustituidos por fichas del PAC como Víctor Morales y Pilar Garrido.
Después de la salida de las figuras externas al PAC, se registraron desacuerdos públicos entre Aguilar y otras autoridades de Gobierno. Por ejemplo, la exministra declaró ante la prensa su desacuerdo rotundo con el acuerdo firmado por Morales, el exministro de Trabajo Steven Núñez y el presidente de la Caja, Román Macaya con los sindicatos de esa entidad para deponer la huelga.
El acuerdo mantenía el pago de pluses en forma porcentual para los trabajadores de la CCSS, cuando la reforma fiscal estipula que deben ser montos nominales.
Frente a una comisión legislativa, Morales aceptó que los términos de dicho acuerdo nunca se le consultaron a Aguilar.
Hacienda también quedó fuera de la negociación con las universidades públicas sobre el uso de los ¢512.781 millones que el Gobierno Central les girará en 2020 en la figura del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). El ministro de la Presidencia afirmó que no se incluyó a Hacienda en el diálogo pues este ya no versaba sobre asuntos presupuestarios.
El actuar del Ejecutivo en estas negociaciones, si bien no han terminado por cristalizarse en incumplimientos a la reforma fiscal, alimenta la incertidumbre respecto al compromiso existente con la implementación de Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas (9736).
En este punto Alvarado todavía paga las culpas fiscales de la primera gestión de su partido. El primer plan de gastos presentado por la administración Solís Rivera planteaba un crecimiento del 19% con respecto al año anterior. El aumento era cinco veces superior a la inflación del momento.
El Ejecutivo tiene la necesidad de cultivar la confianza no solo en los actores locales. Calificadoras de riesgo e inversionistas internacionales observan tanto la implementación como el rendimiento de la reforma fiscal. Hasta el momento no parecen estar especialmente impresionados.
La luz verde al plan fiscal por parte del Congreso no logró mejorar la calificación de riesgo de la deuda costarricense otorgada por las principales agencias globales.
“Tanto los inversionistas internacionales como los locales respetaban a la ministra Aguilar y su renuncia traerá mayor incertidumbre”, dijo Thomas Jackson, analista de Oppenheimer Emerging Markets a la agencia Bloomberg.
Legado
Al cierre de su gestión, Aguilar se anotó un triunfo con la aprobación del plan fiscal pero el estado de las finanzas gubernamentales sigue siendo delicado.
El enorme esfuerzo por controlar la bola de nieve del crecimiento de las remuneraciones de los empleados públicos y la aplicación de la regla fiscal se tradujo en el mejor de los casos en cambios pequeños en los indicadores financieros.
El monto total de las remuneraciones para el próximo año apenas aumentaría 1,1% con respecto al de 2019, este nivel crecimiento es mucho menor al promedio de los últimos diez años que se ubica en 6,7%.
Sin embargo, según el plan de gastos presentado por Hacienda los intereses de la deuda consumirán 40 céntimos de cada colón que ingrese a las arcas públicas en el próximo año.
La desaceleración económica ha afectado el rendimiento esperado de la reforma. A mediados de año, el Banco Central recortó su proyección de aumento para la producción local en un punto porcentual de 3,2% a 2,2%. Es el crecimiento más pírrico en los últimos siete años.
El déficit fiscal será mayor que el registrado en el 2018. El Central espera que alcance un monto equivalente al 6,3% del PIB.
“La carga de intereses sigue creciendo como una bola de nieve”, afirmó Rodrigo Cubero, presidente del BCCR cuando dio a conocer las nuevas estimaciones económicas.
Una de las tareas pendientes para el próximo ministro de Hacienda será precisamente buscar oxígeno para el endeudado erario público. Aguilar trazó la ruta aquí también.
El objetivo es conseguir fondos que se utilizarían para pagar deuda cara con obligaciones menos onerosas y a mayor plazo. Para esto, la Asamblea Legislativa estudia un préstamo por $500 millones concedido al país por el CAF.
A este monto se suman $350 millones de un crédito de apoyo presupuestario con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ya fue aprobado en Cuesta de Moras y girado a Hacienda.
La operación más importante será la colocación de nuevos bonos de deuda externa por $1.500 millones. Las condiciones en términos de tasa de interés que logre el país dependen de la confianza que los inversionistas extranjeros tengan en la capacidad de pago del Gobierno. Y esta proviene directamente del control que ejerza Hacienda sobre la recaudación y especialmente sobre el gasto público.
Con este panorama, el presidente Carlos Alvarado caminar una delgada línea en la selección de un nuevo ministro de Hacienda.
Si nombra a alguien con el mismo perfil aguerrido de Aguilar seguirá bregando con los reclamos de la base electoral del PAC. Si opta por una figura percibida como menos estricta con el gasto del Gobierno, perderá la confianza de los empresarios y los inversionistas extranjeros de quienes el país espera recibir fondos frescos en cuestión de semanas.
Un dilema que revelará la profundidad del compromiso del presidente con el saneamiento de la finanzas públicas.
